Para pagar por la soja.

En 2007 el Gobierno las aumentó y las cerealeras declararon millones de toneladas de soja que ni habían cosechado. La evasión llega a los 600 millones de dólares y el cobro se frenó en la Justicia.
El 7 de noviembre de 2007 el Gobierno anunció una suba de las retenciones a las exportaciones de soja, maíz, trigo y sus derivados de entre 5 y 10 puntos. La noticia no sorprendió. En las semanas previas había trascendido el rumor de un inminente ajuste para acompañar la suba de los precios internacionales. El problema fue que el registro de exportaciones de soja permaneció abierto antes de oficializar la medida. Por lo tanto, las principales cerealeras se apuraron a declarar ventas al exterior por la friolera de 18,9 millones de toneladas correspondientes a la campaña 2007/2008, que en muchos casos ni siquiera se habían cosechado. La maniobra motivó un cambio en la legislación y el inicio de una investigación que, en junio del año pasado, dictaminó que las exportadoras habían eludido el pago de 612 millones de dólares. A un año de la intimación, el Gobierno logró cobrar apenas 22,6 millones porque la mayoría de las multinacionales apeló ante la Justicia. Sin embargo, el 29 de abril la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal revocó un fallo de primera instancia favorable a Cargill, una de las principales deudoras, y habilitó al Estado a avanzar con el cobro de los cargos suplementarios que reclama.

La maniobra de elusión impositiva que llevaron adelante las cerealeras fue tan burda, que rápidamente se convirtió en un escándalo. Cargill, por ejemplo, sólo en octubre de 2007 y los días de noviembre previos a la suba de las retenciones inscribió ventas en el registro de exportaciones por 910.000 toneladas de soja, que luego se comprobaría que ni siquiera les había comprado a los productores. El 1° de octubre declaró 130.000 toneladas, el 4 otras 130.000, el 11, 12 y 19 sumó 65 mil por jornada, el 23 otras 130.000, el 26, 29 y 31 anotó 65.000 por día y el 6 de noviembre, apenas un día antes del anuncio, declaró 130 mil más. Algo similar hicieron Nidera, Noble, ADM, Asociación de Cooperativas Argentinas, Bunge, Compañía Argentina de Granos, Agrenco, Molinos Cañuelas, Virreyes Agropecuaria, Oleaginosa Moreno y Los Grobo, entre otras.

Ese apuro para eludir la suba de las retenciones sin tener los granos motivó que el 13 de noviembre de 2007 el diputado demócrata progresista Rafael Martínez Raymonda presentara un proyecto en el Congreso donde establecía que los exportadores que hayan registrado ventas de productos agropecuarios mediante Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior hasta el 9 de noviembre de 2007 (fecha de publicación del aumento de las retenciones en el Boletín Oficial), deberían acreditar la adquisición de los granos a la fecha del registro.

En los fundamentos, Raymonda afirmaba no compartir la filosofía tributaria de las retenciones, pero remarcaba que mucho menos aceptaba "el tremendo aprovechamiento ilegítimo por parte de los exportadores", quienes les comprarían la soja a los productores a un precio menor debido a la suba de las retenciones, pero luego tributarían sin el aumento. El oficialismo y otros partidos de la oposición adhirieron al proyecto y el 4 de diciembre obtuvo media sanción en Diputados sin debate. Luego pasó al Senado, donde se introdujeron algunas modificaciones y finalmente volvió a Diputados, donde el 26 de diciembre se aprobó la ley 26.351.

Luego de la sanción de la Resolución 125, que fijó un nuevo aumento de las retenciones y motivó el lockout de las entidades rurales, el tema volvió al centro de la escena porque la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (Oncca), entonces controlada por funcionarios cercanos al senador oficialista y empresario aceitero Roberto Urquía, no había avanzado con la reglamentación para poder reclamarles a las cerealeras el diferencial eludido. El 4 de abril, Cristina Kirchner desplazó a los hombres de Urquía y puso al frente de la Oncca a Ricardo Echegaray, que el mes siguiente publicó la reglamentación de la ley 26.351. Allí se precisó que cuando se produjeran incrementos en las retenciones de productos agrícolas, sólo se podría exportar con la alícuota anterior si las cerealeras acreditaban la tenencia o la adquisición de dichos productos con anterioridad al aumento. En la norma se estableció también la retroactividad a noviembre. "Todas las operaciones registradas especulativamente, al conocerse de antemano el aumento de las retenciones, ahora deberán pagar el impuesto con la tasa ya aumentada", decía el texto.

Lo que siguió fue el inicio de una investigación para determinar cuántas de las toneladas de soja que figuraban en los registros de exportación antes del 9 de noviembre habían estado entonces efectivamente en poder de los exportadores. El 26 de junio, la Oncca emitió la resolución 1487, donde informó que los exportadores no habían podido acreditar la tenencia o adquisición previa de 6,2 millones de toneladas de soja. Por entonces, ya se estimó que las cerealeras deberían pagar cerca de 600 millones de dólares adicionales.

Pese a esos avances, en medio del debate parlamentario que generó el conflicto con "el campo" algunos partidos de la oposición siguieron insistiendo con que el Gobierno no estaba haciendo nada para cobrar las retenciones que habían eludido las multinacionales cerealeras. El diputado Claudio Lozano, por ejemplo, justificó su voto en contra de la Resolución 125, en la noche del viernes 4 de julio argumentando que el Gobierno era cómplice de las exportadoras en la maniobra de elusión. Incluso llegó a afirmar, en un texto del 11 de agosto todavía disponible en su blog corteporlozano.blogspot.com, que "Proyecto Sur fue la única fuerza que denunció en el Congreso el fraude de más de mil millones de dólares llevado a cabo por las exportadoras".

En agosto, el Congreso votó la creación de una comisión bicameral para investigar la elusión impositiva de las cerealeras, pero una vez que bajó la tensión generada por la Resolución 125 no se supo nada sobre los avances de esa investigación. Mientras tanto, el Gobierno comenzó la batalla legal para intentar cobrarles lo adeudado, la cual recién parece haberse destrabado con el reciente fallo judicial en contra de Cargill.

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