Una ley para otra academia

En Diputados, el FpV impulsa una Ley Nacional de Educación Superior para reemplazar a la norma sancionada en 1995. Garantiza la gratuidad, promueve la "autonomía responsable" y excluye de los cargos a personas vinculadas con la violación de derechos humanos.
Después de un año de consultas, el oficialismo presentó un proyecto de Ley Nacional de Educación Superior (LeNES) en la Cámara de Diputados, para reemplazar la única ley educativa que continúa vigente desde el menemismo. La propuesta ratifica la gratuidad y la autonomía universitaria y plantea la movilidad estudiantil a través del reconocimiento por créditos de los estudios a nivel nacional. Propone, además, la creación de un Consejo Nacional de Educación Superior, amplía la representación académica en la entidad de acreditación y evaluación de las carreras. Otra novedad es que prohíbe el acceso a cargos del sistema universitario a las personas que hayan sido condenadas o "existan pruebas suficientes" de haber participado en violaciones a los derechos humanos.

"Es un proyecto que apunta a ordenar la planificación de un sistema nacional de educación superior en su conjunto, que incluye además de las universidades a los institutos de educación superior, institutos universitarios y los centros de formación tecnológica", explicó a Página/12 la diputada Adriana Puiggrós, integrante del bloque del FpV y titular de la Comisión de Educación de la Cámara baja. El texto recoge la opinión de los rectores de universidades públicas y privadas, intelectuales, profesores, la Federación Universitaria Argentina y organizaciones sociales, entre otros, que fueron consultados por la comisión en el transcurso del año pasado, en diferentes puntos del país.

Uno de los aspectos de la ley vigente más cuestionados por la comunidad académica fue su sesgo reglamentarista. Con el nuevo proyecto, la autonomía universitaria, ya resguardada por la Constitución, es precisada con ‘el concepto de `autonomía responsable’ –dijo Puiggrós–, tomado del documento de Vaquerías elaborado por el Consejo Interuniversitario Nacional" (el órgano que reúne a los rectores de universidades nacionales). En el mismo sentido, el proyecto toca el tema del cogobierno desde una visión general: aunque plantea que los profesores deben tener la "mayor representación relativa" en los órganos de gobierno, no toca los grados de representación, pero garantiza la presencia de docentes, graduados, estudiantes y no docentes.

La vigente Ley de Educación Superior (LES) fue sancionada en 1995 bajo la tutela neoliberal del menemismo y, entre otros aspectos resistidos, admitió el arancelamiento de los estudios de grado y la limitación del ingreso. "La gratuidad de los estudios de grado es un acuerdo que firmaron todos los partidos en la Cámara y está garantizada. El artículo de la LES que permitía el arancel en algunos casos no existe en nuestro proyecto", detalló Puiggrós. El arancelamiento de los posgrados, en cambio, que "todavía está en discusión. Existen tres posiciones que hace falta debatir un poco más: hay quienes dicen que tienen que ser todos gratuitos, otros que plantean lo contrario y una tercera indica que se tiene que evaluar el nivel de emergencia que exista en determinadas áreas para facilitar el acceso". A modo de ejemplo, la necesidad que tiene el país de "enfermeros o determinadas ingenierías: ahí sí habría que abrir el ingreso a posgrados gratuitos", dijo la diputada. En el mismo sentido, se garantiza el ingreso "que tiene como único requisito el haber aprobado" la escuela secundaria, dando por tierra con los exámenes de ingreso escudados bajo la LES.

Con la creación de un Consejo Nacional de Educación Superior (CNES), la propuesta busca generar un espacio similar al Consejo Federal de Educación, donde Nación y provincias discuten la política educativa. Participarían los representantes de todas las entidades abarcadas por la ley, incluyendo a los gremios de docentes y no docentes, y sus resoluciones serían vinculantes. Su objetivo sería "establecer prioridades nacionales de desarrollo científico-tecnológico, extensión y desarrollo socio-comunitario". También promovería "procesos de reformas curriculares en el sistema" para establecer "títulos intermedios y certificados de reconocimiento de los saberes adquiridos".

En general, el proyecto contempla mantener el régimen de la evaluación y la acreditación, también controvertido. Un cambio sería que la actual Coneau pasaría a denominarse Consejo Educativo Nacional para la Acreditación y la Evaluación de la Educación Superior (Cenaees). "Se descarta la evaluación privada y se sostiene la pública, además de ampliarse la representación con la presencia de los institutos. La idea es legitimarla aún más de los que ya está la Coneau", dijo la diputada del FpV. Puiggrós aclaró que "igualmente el debate está abierto y se sigue trabajando en el proyecto. La FUA y algunos rectores ya nos hicieron sugerencias que estamos atendiendo. Vamos a escuchar a quien se acerque".

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