A principio de esta semana, El Eco de Tandil informó sobre el debate que mantienen las bancadas del Concejo Deliberante en cuanto al convenio urbanístico a partir del cual el Municipio le permite a la familia Segurola lotear unas cuatro hectáreas sobre la avenida Don Bosco en terrenos superiores a los 1500 metros cuadrados y a cambio el Estado municipal recibe 6 hectáreas ubicadas sobre el corredor de Las Animas que preservará como espacio público.

Antes de meterse en el debate, Ersinger adelantó que está “casi decidido” a acompañar este acuerdo y la principal razón es que el Municipio recibirá un espacio que convertirá en espacio público para el beneficio de toda la comunidad. Pero al mismo tiempo, advirtió que estas medidas “generan antecedentes”, teniendo en cuenta que “toda la zona de Don Bosco, a la izquierda y a la derecha, es de conflicto”.

Los ejemplos abundan. Desde los propietarios de Las Dinas, que tienen ocho hijos y 32 hectáreas que sólo pueden dividir en más de tres parcelas, o los herederos de Blanco Villegas, dueños de tierras que se extienden hasta la rotonda de Saavedra Lamas; hasta el Tandil Auto Club que busca dividir, vender y construir el autódromo en un lugar que no moleste a los turistas.

La postura

En principio, el edil del PRO recordó que desde el bloque “no votamos los convenios urbanísticos que han subido hasta ahora. De hecho, he sido el responsable de frenarlos, porque si hubiera sido por el oficialismo hubiera habido convenios urbanísticos desde 2012”. El primer proyecto de plusvalía que llegó al Deliberativo para su convalidación fue el del edificio de Bértoli, ubicado en Chacabuco al 400, los seis anteriores “vinieron con errores groseros”, explicó.

A pesar de su postura histórica de aprobar las excepciones y rechazar los convenios urbanísticos, Ersinger adelantó que el PRO podría acompañar este caso porque “tenemos coincidencias en este criterio. No es por plata”.

El legislador argumentó que “hay una confusión respecto de lo que es un convenio urbanístico y el de Segurola estoy casi decidido a votarlo porque es el primero que realmente tiene mucho de convenio, es decir, que le conviene a los dueños que van a poder hacer una subdivisión que hoy el PDT no les permite y le conviene a la comunidad de Tandil en su conjunto porque va a incorporar un predio que va a ser un espacio verde”.

Ersinger resaltó que en este caso particular, los vecinos tendrán el beneficio de preservar y usar un predio serrano. En contraposición, dijo que “en los anteriores, por ejemplo, en el de Howard Johnson, fueron 1.432.000 pesos que, para empezar, es dinero que se paga para poder hacer algo prohibido por el PDT y con esa plata van a hacer obras que van a beneficiar a un sector de Tandil. Entonces, le pregunto al resto en qué se beneficiaron por permitirle a Howard Johnson hacer algo que no puede: en nada”.

El concejal subrayó que está “desvirtuado” el concepto de convenio urbanístico, por eso ha optado por votar las excepciones cuando están vinculadas al sentido común y disparó que “el PDT no lo quieren modificar porque encontraron una forma de recaudar, ésa es una realidad también, y es por eso que no permiten hacer una subdivisión en lotes, que el más chico de Segurola es de 1.500 metros cuadrados”.

Por este motivo, advirtió que cualquier convenio que se aprueba “genera un antecedente, por eso hay que ser muy prudente con lo que se legisla y lo que se decide, sobre todo cuando se trata de excepciones”.

En este sentido, mencionó que por la avenida Don Bosco, antes de llegar a la chacra de la Facultad de Veterinarias, hay dos o tres manzanas que fueron loteadas como en los barrios céntricos. “En zona de paisaje protegido hay tres manzanas que están tapizadas de casas en terrenos de 10 por 30 metros”, describió, y se mostró a favor de generar una herramienta equilibrada.

Puntos en común

El dirigente del PRO coincidió en algunos planteos de sus pares del Frente Para la Victoria, quienes rechazaron el acuerdo porque las tierras que entrega la familia Segurola ya están protegidas por el PDT y llamaron a que ceda alguna otra parcela apta para urbanizar con destino a viviendas.

En este caso, Ersinger sostuvo que “cuando lo que ingresa al patrimonio público municipal es dinero, va a un fondo específico creado para la vivienda, entonces de esa manera se podrían lograr tierras urbanizables en otro sector. Es un mecanismo que ellos comparten y que por ese motivo finalmente Gino Pizzorno (concejal mandato cumplido) en su momento aprobó el proyecto de ordenanza que estableció los convenios urbanísticos”.

Aunque consideró que la propuesta es buena, señaló que “a mí no me parece mal el hecho de que se preserve un lugar, porque en definitiva si se lo queda la Municipalidad y establece que es un espacio verde público, entonces todos vamos a disfrutarlo, nosotros y la posteridad también, las generaciones futuras”.

De todos modos, coincidió con el FPV en que hay que resolver una situación irregular, teniendo en cuenta que uno de los herederos de Segurola ya vendió lotes, que no existen como tales ni cuentan con indicadores urbanísticos donde ya se construyeron viviendas.

Por otra parte, rescató otro aporte del peronismo que propuso realizar una tasación a través del Centro de Martilleros para determinar cuánto valen hoy las cuatro hectáreas y cuánto saldrán con la subdivisión en 42 parcelas.

“Tienen los votos”

Sumando estas críticas, el convenio regresó a la Comisión de Gestión Territorial para intentar salvar algunas cuestiones y alcanzar el mayor grado de consenso. De todos modos, no hay que perder de vista que si la UCR tiene intención de aprobarlo, cuenta con la posibilidad de aplicar su mayoría automática.

“Tienen los votos. Por algo lo dejaron en comisión, porque no quieren pagar el costo político. Esa es la realidad”, le achacó Ersinger al oficialismo que, en definitiva, accedió a relegar el asunto del orden del día de la sesión pasada. u

“Viene muy enredado el tema”

Según la opinión del concejal Claudio Ersinger, la propuesta de la Comisión de Gestión Territorial es “razonable” y repasó que hace años la Municipalidad había declarado de utilidad pública sujetas a expropiación las tierras de Segurola, pero abandonó el seguimiento del expediente que tramitaba en La Plata, pasaron los diez años que estipula la ley, caducó, y volvió a manos de los propietarios.

Tras ese proceso, los dueños le encargaron a un agrimensor el proyecto de subdivisión, cuando aún no existía el PDT. Realizaron la primera presentación en el Municipio, pero se toparon con el arroyo y debieron acordar con la Autoridad del Agua. A lo largo de los años, demoraron la iniciativa, murieron algunos de los titulares originales y empezó una sucesión.

“Viene muy enredado el tema, no es una cosa sencilla. Ahora son cinco dueños y la mayoría tiene arriba de 78 u 80 años, y hasta 90, lúcidos para firmar. Es cierto que la negociación fue ardua, me consta porque conozco a dos de los abogados que además están vinculados familiarmente: uno es Aníbal Marcelino Borthiry, actual vicepresidente de la Usina, que es abogado de una de las partes y familiar de otra de las partes, y el otro es Fabián Gutiérrez, socio de Borthiry, hermano de Carolina Gutiérrez (concejal por la UCR) y también familiar de una de las partes”, informó.

Ersinger indicó que los dos letrados “están vinculados a toda la negociación, que entiendo que lo hicieron con buena intención, para tratar de destrabar, llegar a un acuerdo. Ellos me contaron que fue una ardua tarea convencer a los Segurola de ceder seis hectáreas de las 10 y pico. Se quedan con cuatro para vender, de las cuales hay algunos terrenos vendidos, y la superficie mayor la ceden”.

LA OPINION DE LA ASAMBLEA

“Un convenio pésimo,

una política a cambiar”

La Asamblea Ciudadana en Defensa de las Sierras de Tandil, a través de un comunicado, rechazó el convenio urbanístico firmado con la familia Segurola porque “lesiona gravemente el interés general”.

“Si se accede a lo pedido por los particulares, que el área que actualmente es una Zona Especial se convierta al uso residencial y que además se les otorgue indicadores de construcción muy superiores a las áreas residenciales cercanas, no sólo se habrá cometido una injusticia y degradado el área, sino que se desencadenarán pedidos similares por los propietarios de las parcelas lindantes y las de enfrente”, señalaron.

Y cuestionaron que “al reprochable ofrecimiento de pagar por algo que no permite la norma, se suma a que ofrecen darle al Municipio una parte de los terrenos que de todos modos no se pueden construir, que ya son transitables en la medida que son una ladera del cerro, pasa un arroyo y están dentro de la Ley de Paisaje Protegido que, recordemos, asegura el acceso público”.

Por otro lado, indicaron que en Tandil “la calidad ambiental y su identidad están marcadas por su patrimonio natural”, pero “la visión mercantilista y privatizadora de su entorno es la principal amenaza de degradación”.

Una vez más, defendieron el PDT, que busca desalentar la construcción sobre el arco serrano y orientar el crecimiento hacia el norte de la ciudad. “Sin embargo, los hechos muestran que se incentiva la apropiación elitista de las áreas serranas y aledañas y se avanza débilmente en las áreas adecuadas para el crecimiento”, apuntaron.

También expresaron que “preservar el patrimonio natural y urbano, un territorio ordenado con reglas claras para todos, sin excepciones, sin ponerle precio al incumplimiento de la ley, no sólo es una cuestión ambiental y urbana, es una cuestión de legitimidad democrática”.

Por último, rechazaron las posturas de todos los bloques, al decir que “ni los que promueven las excepciones y convenios, ni quienes le pretenden discutir el precio, quizá dando la batalla por perdida ante la mayoría automática y esperando obtener algún beneficio para algún sector popular, tienen el mandato del pueblo para cobrar por no cumplir la ley. Por eso les pedimos a todos los concejales que no aprueben el convenio”.