Para la mayoría, la ley apunta a controlar los medios y acotar la libertad de expresión

El discurso antimonopólico y pluralista que ha intentado instalar el oficialismo como objetivos de la Ley de Medios parece no haber surtido efecto en la opinión pública. Según un sondeo realizado esta semana, cerca de dos tercios de los entrevistados entienden que la norma perjudicará el ejercicio periodístico. También piensa que la iniciativa es producto del enfrentamiento entre el Gobierno y Clarín, y que ambos contendientes perderán credibilidad por la pulseada.
Más allá de los intentos del Gobierno por explicar que la intención del proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual es democratizar el sistema de medios y cambiar una norma de la dictadura, una encuesta demuestra que mayoritariamente se tiene la percepción de que el proyecto apunta a controlar a los medios y que su aplicación va a generar que haya más medios oficiales y menos libertad de expresión.

Según el último relevamiento realizado a nivel nacional por la consultora Management & Fit, el 67,7 por ciento de los encuestados cree que la futura ley apunta a "controlar a los medios". El 23 por ciento, en tanto, sostiene que en realidad apunta a "democratizar a los medios". Además, el 64,3 por ciento piensa que si el proyecto se convierte en ley habrá "más medios oficiales y menos libertad de expresión", mientras que el 24,5 por ciento cree que habrá "más pluralidad y diversidad de opiniones".

Por otro lado, gran parte de los 1.200 entrevistados en trece distritos del país cree que el Senado debería postergar el tratamiento hasta el 10 de diciembre, cuando se renueven las bancas del Congreso de acuerdo al resultado de las elecciones de junio pasado. Eso consideró el 37 por ciento de las personas entrevistadas. El 17,1 por ciento contestó que el proyecto deber ser aprobado con modificaciones sustanciales, el 14 por ciento se inclinó por una aprobación con mínimas modificaciones y sólo el 17,1 por ciento consideró que la iniciativa del Ejecutivo debe ser aprobada sin ningún tipo de cambios.

El próximo viernes, a partir de las once, se desarrollará la sesión en la que los senadores deberán definir el rumbo del proyecto del Gobierno. Hasta el momento, se descuenta que el kirchnerismo y sus aliados conseguirán aprobarlo. Sin embargo, todavía no está definido si lo conseguirá sin realizarle modificaciones. Sea como fuere, el 58,9 por ciento de los encuestados está de acuerdo con que el futuro Congreso pueda modificar la ley. El 22,5 rechaza esta posibilidad.

En lo que se refiere al desempeño de los protagonistas en el tratamiento de la ley, los más criticados son Néstor y Cristina Kirchner, en ese orden. Al ex presidente lo desaprobó el 69,5 por ciento y lo aprobó tan sólo el 15,7. Respecto de ella, en tanto, la relación es de 67,5 a 20,4 por ciento. La oposición, toda en una misma bolsa, resultó más equilibrada en la consideración de los entrevistados. El 40,5 por ciento desaprobó su desempeño y el 39,8 por ciento lo aprobó. Por último, también se analizó el rol de los medios: 33 por ciento de desaprobación y 48,1 de aprobación.

Al parecer, una amplia mayoría ve en el fondo del debate el enfrentamiento entre los Kirchner y Clarín. Ante la pregunta: "¿Siente usted que la nueva Ley de Radiodifusión es una pelea del Gobierno con el Grupo Clarín?", el 69 por ciento de los consultados respondió que sí. El 23,3 por ciento, en tanto, descartó esa posibilidad.

De todas formas, ni el Gobierno ni Clarín saldrían bien parados del conflicto, pese a que los Kirchner se verían más perjudicados. El 39,3 por ciento considera que, a raíz de este enfrentamiento, el Gobierno pierde credibilidad. No obstante, el 33,6 por ciento cree que tanto el Gobierno como Clarín pierden credibilidad. Solamente el 9,5 por ciento piensa que Clarín es el único que resta en el rubro de la confianza. Por último, el 11,1 por ciento preserva de cualquier efecto a los dos.

El resultado de la encuesta, realizada entre el 29 de septiembre y el 1º de octubre, también indica que el 62,6 por ciento no está de acuerdo con la forma en la que la norma fue tratada en la Cámara de Diputados, donde se aprobó en dos semanas y en una polémica sesión que finalizó sin la mayoría de la oposición en el recinto. Sólo el 27,2 por ciento aprobó la maniobra.

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