día después de que se difundiera que Horacio Rosatti fue el primero y por ahora único juez de la Corte en presentar su declaración jurada de bienes, Laura Alonso, titular de la Secretaría de Ética Pública, Transparencia y Lucha contra la Corrupción, (ex Oficina Anticorrupción) hizo fuertes declaraciones sobre que "la Corte no ayuda a que la gente piense que efectivamente están comprometidos con la lucha contra la corrupción".

Fue durante la "picante" jornada organizada por la Cámara de Industria y Comercio Argentina-Alemana ayer llamada "Foro de transparencia y prevención de la Corrupción".

"Es vergonzoso que los jueces de la Corte digan que no van a mostrar sus patrimonios. Se trata de un mensaje nefasto. Es entender mal la Constitución", dijo Alonso, haciendo referencia al anuncio de la Corte de que mantiene su propio registro de declaraciones de bienes, por lo cual no se convierten en automáticamente públicas, tal como informó ayer La Nacion. Pero no terminó ahí. "Los jueces no deben tener privilegios. En la cena de la Asociación de Magistrados el juez honesto debe sentarse al lado de juez coimero".

La funcionario dijo que el 80 por ciento de los sujetos obligados no presentaron su declaración jurada. Después de la advertencia de la secretaría que dirige, el 60 por ciento quedó en deuda. Por eso decidió aplicar para los que están en falta la penalidad establecida por ley, que "en 16 años nunca se aplicó", dijo. Se trata de una retención del 20 por ciento del salario de los incumplidores.

Para formar parte de la OCDE

El Gobierno tiene un enorme interés en que la Argentina pase a formar parte del grupo de países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Actualmente, hay 34 países que pertenecen a la organización, y en la región, solo México y Chile. Para su ingreso, la Argentina, debe cumplir con una serie de requisitos fuertemente controlados por comités de evaluación de la OCDE, y la "limpieza" de la corrupción es uno de ellos.

Será por eso también que cámaras, universidades y empresas están organizando encuentros en donde se habla de el enorme problema que le genera al país la corrupción, y cuáles son las herramientas para combatirla, tanto a nivel público privado como dentro de las mismas compañías.

2016 es el año más activo en este sentido, entre foros, congresos y encuentros de especialistas donde las empresas tienen participación tanto en la audiencia como en los paneles.

Responsabilidad penal de las personas jurídicas

Con la mira en la OCDE, está a punto de presentarse un proyecto de ley relacionado con la responsabilidad penal de las personas jurídicas, "una manera de que las empresas se comprometan con programas de integridad y no caigan en los sistemas de corrupción", dijo Alonso.

A modo de "primicia, dijo que la AFA va a tener que cumplir con las normas vigentes ya que esta nueva ley también la afectará.

El proyecto incluye fuertes penas para las empresas que cometan actos de corrupción, "un cambio importante porque hasta ahora se perseguía únicamente a personas físicas, o a algunos empleados y no a la empresa en sí", dijo Guillermo Jorge, Socio de Governance Latam y profesor de la Universidad de San Andrés. "Además hay un agravante, que es el conocimiento de las altas autoridades de la empresa sobre el delito".