Mal año para ser kirchnerista

Al alperovichismo, su pertenencia al Club K le reporta cada vez menos beneficios. Por ello, hasta la obra pública se resiente. Pero la crisis no afecta a todos por igual. Por Alvaro Aurane - Editor de Política.
La estadística histórica enseña que se puede ningunear brevemente a mucha gente y que se puede embestir largamente contra una minoría. Pero lo que no se puede hacer es atropellar a todo el mundo todo el tiempo. El kirchnerismo lo aprendió el jueves durante una tarde que debe haberle parecido interminable. Como si no hubiera sido derrotado el 28 de junio, el oficialismo nacional apostó todo o nada en Diputados. Salió nada. En política, tener noción de la realidad se convierte en una frontera que separa el olfato del desquicio.

Para el alperovichismo, identificado hasta la médula con la pingüinera, no son buenas noticias. Para el caso, ya llevan dos años parejitos de apostar a perdedor. Cuando no fue la crisis del campo fueron los comicios anticipados de junio pasado y, ahora, el revolcón en el Congreso. El gobernador no se cansa de comprobar que pertenecer al Club K tiene cada vez menos privilegios: ganó las elecciones hace cinco meses (en las que perdió 150.000 votos respecto de agosto de 2007) para engrosar en una sola jornada, y sin escala, el bando de los perdedores en la Cámara Baja.

Idas y vueltas

Hace mucho que el oficialismo tucumano no recibe buenas noticias de sus patrones federales. Uno de los que lo testimonia es el vicegobernador (en uso de licencia), Juan Manzur. Aparentemente, el ministro de Salud de la Nación no sólo está desencantado con el hecho de que no es un jugador de la primera línea del gabinete nacional (en el propio alperovichismo admiten que nunca lo invitaron a Olivos para que participe de alguna decisión importante), sino que también está advirtiendo que cada día fuera de la escena política tucumana le resta chances en la carrera política provincial hacia 2011.

De hecho, trascendió que durante esta semana (vino a Tucumán a propósito de la visita de la embajadora de EE.UU., Vilma Martínez), Manzur le habría hecho un planteo nada menor a José Alperovich. Le habría preguntado, en concreto, si cuándo considera que será propicio su regreso al cargo de presidente de la Legislatura. El mandatario le habría contestado "todavía no", tal vez porque no quiere dar ninguna señal que en la Capital Federal pueda interpretarse como un alejamiento del círculo K.

En síntesis, a los patagónicos de la Casa Rosada debe reconocérseles una inquebrantable capacidad para arruinar cualquier buena nueva. Las remesas son otro claro ejemplo al respecto.

Las transferencias de la Nación, que en noviembre de 2008 fueron de $ 261,1 millones, treparon el mes pasado a 300,7 millones. O sea que los "espejitos de colores" (por su denominación política) crecieron un 15%. La coparticipación federal de impuestos, incluyendo el financiamiento educativo, pasó en igual período de 204,7 millones a 231,8 millones. O sea que los compromisos de ley (por su denominación oficial) crecieron sólo un 13%. Lo contrastan hasta el absurdo es que la Presidenta acaba de anunciar que el aumento de la recaudación nacional, también entre los dos noviembres, no fue del 13% ni del 15% sino del 20%. Léase, varios puntos (y varios miles de millones) más que los que luego redistribuye.

Ricos y pobres

El kirchnerismo es, esencialmente, una desproporción: la que propende a un Estado nacional rico y discrecional en el manejo de los recursos, y a Estados provinciales pobres y arrodillados bajo el peso de sus deudas.

Precisamente, el alperovichismo es kirchnerista no por una decisión política sino por una decisión económica: la de no administrar la provincia para garantizarse autonomía. Cuando asumió, la deuda pública era de $ 2.400 millones. Seis años después, y tras manejar $ 28.000 millones, ese pasivo, lejos de haber sido saldado, se duplicó.

En ese contexto, el Gobierno tucumano es el primer aplaudidor de los K. Pero aun así, los beneficios vienen presentándose dudosos. Para el caso, el funcionariado tucumano saca pecho con la refinanciación de la deuda pública, que equivale a unos $ 36 millones por mes, pero silba bajito respecto de que llegan mensualmente unos 30 millones menos que lo que corresponde por coparticipación federal.

O sea, gracias a su profesión de fe kirchnerista, lejos de ganar algo, Tucumán apenas sale empatada. Y ni siquiera eso...

Deudas y aplazamientos

Al kirchnerismo se le salió la cadena. Al menos, la financiera. Y las consecuencias son muy caras para el Gobierno tucumano: está en jaque la obra pública, su gran estandarte. Acaso, el único.

En rigor, la Provincia estaría adeudando a las constructoras casi todo lo correspondiente a julio, más agosto y setiembre completos. Esa es la deuda vencida, destino hacia el cual parecen marchar noviembre y diciembre.

Por separado, dos fuentes de esa actividad coinciden en una estimación: a ese sector, la Provincia le debe ya unos $ 130 millones. Bastante más que los tímidos $ 50 millones que reconoció el gobernador esta semana. Esto quiere decir que si el alperovichismo consiguiera $ 130 millones, no serían para darle bríos a la obra pública sino sólo para cancelar compromisos.

En este marco, hasta la joya de la corona, que es Lomas de Tafí (Yaciretá, en términos de la oposición), avanza más lento aún que la transparencia en el gasto público. De hecho, el Gobierno viene corriendo la fecha de inauguración del segundo grupo de viviendas: el último plazo conocido es marzo. Pero los constructores apuestan que no se cumplirá con esa pauta y que no habrá corte de cintas ese mes. Ni en abril. Ni en mayo. Ni en junio...

Ahora bien, mientras que para el Gobierno resulta más o menos manejable que haya aplazamientos en las inauguraciones durante un 2010 desprovisto de elecciones, para el sector privado la situación empieza a adoptar un cariz trágico.

Intereses y fantasmas

Para las empresas grandes y medianas, con un promedio de tres obras simultáneas, un mes de mora estatal equivale a costear, con recursos propios, gastos por entre $ 2 millones y $ 3 millones. Con casi tres meses de deuda, la cuestión comienza a tornarse insostenible.

Las perspectivas son aún más tenebrosas para las pequeñas empresas. Diciembre es un mes de 31 días en el almanaque pero de tres quincenas en materia salarial: además de los sueldos, hay que pagar el aguinaldo y las vacaciones. Y no son pocos los pequeños constructores que ya han contraído deuda por el valor total del patrimonio de la firma.

El principal acreedor es el Banco del Tucumán, con quien la provincia tiene una operatoria por la cual los empresarios depositan los certificados de obra pública y se les adelanta el 75% del valor nominal: el resto queda en garantía. Cuando el Gobierno hace efectivo el pago, les reintegran el 25% retenido, menos gastos administrativos, Ingresos Brutos y, por supuesto, los intereses. La tasa testigo es del 18% anual, pero varía según la cara del cliente (solvencia, patrimonio, deuda, contratos). Si a eso se suma la inflación (cuánto mayor es la mora, mayor es su impacto) y los elevados gastos extrapresupuestarios (por así llamarles), tan propios de la actividad en nuestra provincia a la hora de las certificaciones, surge que el margen de beneficio (ganancia, en términos barriales) prácticamente se ha esfumado.

El agravante es que las firmas chicas ya casi no poseen margen para seguir tomando deuda: la cesación de pagos es el fantasma de las navidades presentes.

Bolsas y bancas

A modo de paliativo, el Poder Ejecutivo anunció la emisión de unas órdenes de pago diferido, versión subtropical del bono que lanzará la provincia de Buenos Aires para cubrir la deuda con sus proveedores y contratistas.

Claro que hay diferencias notables. El papel bonaerense tiene una partida de $ 850 millones en el presupuesto 2010, cuenta con un plazo de 12 meses y con él se espera reducir a la mitad la demora en los pagos. Tucumán, en cambio, no va a apelar a los mercados. Oficialmente, el Gobierno mantiene su discurso de que no quiere tomar más deuda... por ahora. El coto que ponía la Ley de Responsabilidad Fiscal está suspendido por dos años y el alperovichismo tiene autorización legislativa para emitir varios millones de dólares en Consadep, que según apriete el zapato comenzarán a ser mirados con cariño desde la Casa de Gobierno.

Hasta entonces, las órdenes de pago diferido buscarán cubrir, en un principio, dos meses de deuda con las constructoras. Por eso, según el despacho en que se consulte, podrán emitirse entre $ 70 millones y $ 100 millones, aunque no descartan que llegue a los $ 130 millones de los que, precisamente, hablan los constructores. Si bien no se conoce el monto de origen, se conoce perfectamente el destino final de esos documentos: la banca oficial. Con ellos, se cubrirá parte del saldo que las empresas tienen, se congelarán los intereses que corrían sobre las correspondientes deudas y volverá a haber margen (la operatoria tiene un techo de $ 80 millones) para que el banco siga comprando los certificados de obra que extiende el Estado.

Es decir, Tucumán no va a las bolsas sino al banco. Y si bien es el Estado el que tendrá que "levantar" esos compromisos, las deudas seguirán a la cabeza de los constructores.

Hijos y entenados

A los empresarios les indigesta el retraso de los pagos tanto como el hecho de que la desgracia financiera no afecta a todos por igual. Al menos, eso se dice del registro oficial de constructores de obras públicas. Una firma con vinculaciones con un funcionario de primera línea del Gobierno tiene asentados 12 contratos por $ 57,5 millones: uno de ellos fue otorgado por la cartera al frente de la cual se desempeña el colaborador del gobernador.

No es un caso aislado. Otra firma, vinculada con una funcionaria clave, aparece en el mismo registro (en las planillas actualizadas al martes pasado) con 28 contratos, por $ 50,4 millones.

En definitiva, pareciera que no les va mal a los alperovichistas ni siquiera en los años que no son buenos para ser kirchnerista.

En consecuencia, cada vez son más los constructores que empiezan a reclamar licitaciones para las obras del Estado. Es todo un cambio de pensamiento, porque a principios de año, cuando el oficialismo decidió -por ley- abolir la obligación de difundir los llamados a concurso público en los medios de mayor circulación de la provincia, las cámaras que los representan salieron a avalar la medida. Es más, dijeron que si con eso se ahorraba dinero, bienvenido era que el alperovichismo decidiera que no debía dar publicidad a los actos de gobierno, en contra de los más básicos principios democráticos, republicanos y constitucionales. Claro está, eran otros tiempos. Y eran otra finanzas. Así que no importó que la democracia pavimentadora sepultara la calidad institucional con su rodillo. Pero la aplanadora iba por más. Iba por todo.

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