El secretario de Coordinación de Políticas Públicas, Gustavo Lopetegui, advirtió ayer que "sería muy grave" que la Corte Suprema falle en contra del ajuste de tarifas porque retrotraer los valores demandaría un gasto estatal de 80.000 millones de pesos.

"Para poder comprender un poquito más, 80.000 millones de pesos es toda la obra pública que vamos a hacer en el segundo semestre. Por lo que el impacto sería muy grave", analizó el funcionario en declaraciones radiales.

Ese monto es el que debería destinar el Estado a subsidiar nuevamente las facturas de electricidad y gas para todas las categorías de usuarios, aunque Lopetegui descartó que la Justicia pueda dejar sin efecto los nuevos cuadros tarifarios.

"Nosotros creemos que eso no va a ocurrir", dijo y agregó: "Estamos convencidos que lo que hemos hecho cumple la letra de la ley, que dice que no se requiere audiencia pública para el precio de la producción del gas".

En línea con el ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, señaló que sólo el valor de transporte y distribución deben ser debatidos en audiencias públicas porque son considerados servicios públicos, pero "no el esfuerzo de sacarlo de la tierra".

Lopetegui consideró que lo ocurrido con el aumento de tarifas responde al país que "heredó" la administración de Mauricio Macri, con una economía "totalmente dislocada", dado que por los diez años con alta inflación "no había precios y nadie sabía cuánto valían las cosas".

“La ley dice que no se requiere audiencia

pública para el precio de la producción del gas”

 

"Cualquiera nos pedía cualquier cosa por cualquier servicio. La gente se acostumbró a que el gas y la luz eran gratis. Arreglar este entuerto es de las tareas más difíciles que enfrentamos", dijo.

Además, el funcionario reconoció que el Gobierno macrista tuvo errores al aplicar el ajuste: "Por supuesto que nos hemos equivocado, quizás no hicimos el esfuerzo para comunicar lo que estamos diciendo ahora. Seguro que hemos cometido errores y cada vez que lo hicimos hemos tratado de corregirlo".

Según Lopetegui, el Gobierno le está pidiendo sólo "al 4 por ciento más rico de la población" que haga el "esfuerzo mayor" de pagar lo que cuesta sacar el gas de abajo de la tierra, transportarlo y distribuirlo en las ciudades.

En tanto, según el funcionario cuatro de cada diez familias argentinas no tienen ese servicio público. "O sea, para ellos, esto es una discusión estrambótica. Tienen que comprar garrafas, porque no les llega la red. Y la prioridad tendría que ser que les llegue el gas, porque cuando eso ocurre cambia la vida", consideró el funcionario. De esos cuatro usuarios, la mitad tiene el programa Garrafa Social, que dispone cuatro garrafas por mes en el invierno; y de las otras seis que sí tienen gas natural, una tiene la tarifa social por lo que paga sólo el costo de transporte, distribución e impuestos.