Para gasíferas, cambio de reglas hará que el próximo aumento sea "insuficiente"

Para gasíferas, cambio de reglas hará que el próximo aumento sea

Preocupa en las empresas la falta de información sobre la próxima suba. Nueva regulación puede provocar recursos administrativos y judiciales

 

La última semana de marzo arranca con una gran cuota de incertidumbre entre las empresas gasíferas acerca del aumento de tarifas que tienen que aplicar desde el próximo lunes, 1° de abril. El Gobierno sostiene que la suba será de 30% o menor, que sería insuficiente para las compañías prestatarias del servicio público de transporte y distribución de gas por la inflación acumulada.

 

 

Los números para dejar el aumento de la tarifa de gas en 30% no cierran, debido al incremento en casi todos los componentes de la boleta final: el gas en boca de pozo pasa de un promedio u$s 4 a por lo menos u$s 4,56 por millón de BTU (precio surgido en las subastas entre productoras y distribuidoras de febrero, que explica el 70% del gas que se entregará en los próximos doce meses pero no cuenta lo necesario para la demanda residencial en los meses de más frío -junio, julio y agosto-), con el dólar en alza (de $ 37,69 a $ 41,98 para el período estacional abril-septiembre).

 

 

A esto se suma que los ingresos de las gasíferas se deberían ajustar un 26% por la inflación mayorista -IPIM- acumulada entre septiembre del año pasado y febrero de 2019.

 

 

Como contó El Cronista la semana pasada, el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) por orden de la Secretaría de Energía podría combinar el IPIM con otros índices como el Costo de la Construcción y la Variación Salarial para recortar el aumento y ayudarles a los consumidores a digerir el mal trago de una nueva suba de tarifas, como ya lo hizo en octubre.

 

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Esto podría provocar disputas administrativas y judiciales con las gasíferas, que ya reclamaron en diciembre que les cambiaron las reglas de juego, ya que la Revisión Tarifaria Integral (RTI) establece mecanismos no automáticos de traslado a precios del IPIM semestral a las tarifas. Sin eso, las inversiones -más de u$s 2500 millones en conjunto hasta abril de 2022- podrían demorarse más de lo previsto.

 

 

En estricta reserva, un ejecutivo de una distribuidora de gas comentó: "En octubre tuvimos una pérdida del 10 puntos porcentuales en el Valor Agregado de la Distribución (VAD). Yo no respondo a ningún accionista internacional, pero si otra vez patean parte de los aumentos puede haber problemas con las empresas que sí tienen fondos del exterior".

 

 

 

Además, agregó: "No puedo parar las inversiones, en todo caso tendré que recurrir al mercado de deuda, que es difícil acceder". Consciente de su rol, lamenta que "hay un odio de la sociedad a los empresarios como no se veía desde el 2001 y 2002, en la época del Que se vayan todos".

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