Este lunes al mediodía en los tribunales de Rosario se realizó el acto de apertura del año judicial. El encargado de dar el discurso oficial fue el presidente de la Corte Suprema provincial, Daniel Erbetta, quien durante casi una hora hizo un balance de la situación actual del poder que encabeza por este 2017, trazó objetivos para este ejercicio y aprovechó especialmente para rebatir críticas.

En la ceremonia llevada a cabo en el tercer piso del edificio de calle Balcarce, el magistrado hizo su alocución ante la presencia de las principales autoridades judiciales y políticas de la provincia. Allí estuvieron, además de los restantes miembros de la Corte, el gobernador Miguel Lifschitz; el vicegobernador y presidente del Senado, Carlos Fascendini; el presidente de la Cámara de diputados, Antonio Bonfatti; los ministros de Justicia Ricardo Silberstein y de Seguridad, Maximiliano Pullaro, entre otros funcionarios. Entre los dirigentes justicialistas se destacó la presencia del senador nacional Omar Perotti.

La solución no es solo judicial

Erbetta, tras un repaso de casi media hora de objetivos cumplidos y por cumplir, llegó a lo que fue el nudo de su discurso, en el momento en que analizaba el funcionamiento del nuevo sistema penal de la provincia. Allí marcó sus diferencias: "No podemos ocultar los problemas.

Hay muchos riesgos de distorsión del sistema si no asumimos la necesidad de internalizar el cambio y desterrar viejas prácticas y rutinas. Es necesario el monitoreo permanente del nuevo sistema, que tiene solo tres años. Tratemos de no tocarlo, de esperar una evaluación más seria y más profunda para pensar en reformas. No hay ninguna duda que hay distorsiones, que hay problemas. Pero esas distorsiones y problemas no tienen que ver con el marco normativo".

Por otra parte, fue taxativo a la hora de destacar que las soluciones a la inseguridad no están en la Justicia. "Hay que hacer algunas aclaraciones, que por mal que suenen al oído del receptor deben formularse desde la perspectiva de la alta responsabilidad institucional. Y es que debemos bajar las expectativas, porque el impacto de la Justicia penal aun con un modelo superador del anterior en la reducción del complejo problema de la inseguridad, es relativamente bajo. Esto está históricamente probado. Y es que salvo algunas estrategias de intervención, en ciertas economías delictivas a partir del trabajo de inteligencia criminal en una fuerte articulación entre fiscales y policía, cuando la justicia penal interviene, el delito ya ha ocurrido".

En el mismo sentido, agregó que "los jueces hoy están limitados a sus estricta delimitación jurisdiccional: solo decide frente a peticiones de las partes. Los jueces no diseñan políticas generales o especificas de seguridad. Los jueces ni siquiera tienen a cargo la investigación ni la persecución penal. Los jueces no tienen competencia ni entrenamiento en temas de seguridad. Y a diferencia de la política, no define situaciones generales. La justicia está pensada para resolver casos uno a uno, fundamentalmente la justicia penal".

"Por ello, el espacio de decisión de cada juez es sagrado. Ni un juez de revisión ni la Corte Suprema pueden indicarle a un juez como resolver un caso o que pena aplicar. Salvo que (quienes critican los fallos de los jueces) declaren públicamente la independencia judicial y pretenden luego neutralizarla por vía aplicativa", cuestionó el presidente de la Corte.

"No nos molesta la critica –aseguro Erbetta–. Por el contrario, es bueno que se haya posibilitado al extremo en el sistema penal la crítica, en la que ya no se percibe nada misterioso. De hecho el entrenamiento del juez lo obliga a estar preparado para el embate de la prensa o para la crítica de los ciudadanos. Pero siempre es espera que la critica se haga de manera responsable y con completo conocimiento de lo que se habla. Y si algún magistrado ha cometido alguna irregularidad, deberán activarse los mecanismos institucionales previstos para su sanción o destitución".

Sobre este párrafo es importante recordar que hace pocos días fueron duras las críticas por parte del poder ejecutivo a la absolución en Rosario de Luis Bassi, Maximiliano Salazar y Milton Damario, los tres acusados del asesinato de Claudio "Pájaro" Cantero, del clan narco de Rosario Los Monos. Los dichos de Erbetta de ayer parecieron dirigirse a esos cuestionamientos.

"El que comete un delito debe ser castigado con la constitución y la ley en la mano, ni mas ni menos que eso postula el garantismo. De allí a suponer que con la justicia penal vamos a resolver el problema de la inseguridad hay un largo trecho", arguyó el magistrado.

Erbetta tomó expresiones de Francisco para darle más sustento a su postura. "El Papa ha hablado del popularechismo penal, afirmando que se ha consolidado en el mundo la creencia de que la pena pública puede resolver los mas diversos problemas sociales, tal como si para las más diversas enfermedades se encomendase la misma medicina. A eso se suma el creciente desprecio incentivado por los medios de comunicación por el saber de los especialistas".