Para el defensor de Miguel, no hay delito en los hechos con los que acusan al ex intendente

Señaló que los jefes comunales son frecuentemente multados por el Tribunal de Cuentas a causa de errores, fallas o transgresiones administrativas, y que incluso Mario Meoni y otros de la región fueron sancionados, pero que eso no quiere decir que hubieran cometido hechos inscriptos en el Código Penal.
El abogado defensor de Abel Miguel, Darío De Ciervo, presentó ayer su alegato en el juicio oral y público que se le sigue al ex intendente en los Tribunales de Junín por distintos hechos.

Allí sostuvo que la fiscalía y el abogado del particular damnificado basan parte de su acusación en los incumplimientos relacionados con el Tribunal de Cuentas y las multas y cargos administrativos que le imputaron al ex intendente durante sus 20 años de gestión municipal. Y aseguró que allí no hay delito.

"Son sanciones administrativas que prevé un organismo constitucional como es el Honorable Tribunal de Cuentas. En esta institución lo que se revisa y controla es documentación contable, se hace un análisis y se verifican errores, fallas o trasgresiones administrativas. Por eso es que se aplica la responsabilidad solidaria, casi siempre multan al intendente aunque el error sea del contador o del tesorero u otro funcionario. Y se cuantifican montos de un eventual perjuicio", explicó el defensor.

Sin documentación

"La misma ley que regula la actividad del Tribunal de Cuentas prevé que si en ese control administrativo ellos advierten la posibilidad de un delito lo remiten a la Justicia Penal. Pero ninguno de estos casos le pareció sospechoso a los vocales del Tribunal de Cuentas, ni vieron que haya habido documentación que hiciera pensar en que hubo delito, ni se instó a la acción penal", afirmó.

Según lo explicado por De Ciervo, no se puede sacar algo de una mera sentencia administrativa de un organismo especializado y aplicarlo como delito penal sin ningún recaudo, "porque así se viola la defensa en juicio".

Si la persona sabe que las sanciones administrativas se transforman automáti-camente en delitos penales, se defiende administrati-vamente de otra manera. "Tendría que tener un ejercicio defensivo diferente y no pagar la multa y nada más", evidenció.

Para De Ciervo, esto no ocurre ni ocurrió ni ocurrirá jamás porque sería un "disparate". "No puede el fiscal, por su propia ocurrencia, convertir una sanción administrativa en delito penal", dijo.

Multas comunes

De acuerdo con el abogado, también se multó y se multa y se carga a intendentes y funcionarios municipales en ejercicio por hechos similares, como el mismo Mario Meoni, de Junín, o también municipalidades bonaerenses o de la región.

Ante esto mencionó que, por ejemplo, en abril de 2009 se ordenaron multas y cargos al intendente actual de Junín y a otros funcionarios. Y que un hecho similar también ocurrió otros años de la actual gestión juninense y en municipios de General Viamonte o de General Pinto. Así, concluyó que esto no quería decir que se debiera instar a la acción penal.

Libre absolución

Para el abogado, por estos hechos no hay que procesar ni juzgar a nadie, ni tampoco se tendría que haber procesado y juzgado a Abel Miguel. Por lo expuesto, pidió ante el Tribunal en lo Criminal Nº 1, la libre absolución para su defendido.

Paso seguido, el fiscal Angel Quidiello solicitó hacer uso de la palabra y dijo que desde la acusación fiscal no se había tratado de hacer ninguna "acusación rimbombante" y que el Tribunal de Cuentas no era el único organismo para instar a juicio o iniciar acción penal contra funcionarios municipales, es decir que la Justicia provincial también lo podía hacer.

Continuación

El 30 de noviembre próximo continuarán los alegatos de las partes, en el juicio oral y público a Abel Miguel. En este caso por los hechos cinco (incumplimiento de deberes de funcionario público) y seis (malversación culposa de caudales públicos), señalados por la acusación.

El 30 de noviembre hablará ante el Tribunal el fiscal Quidiello; el 10 de diciembre, el abogado de Carlos Benítez (particular damnificado), doctor Manuel Gutiérrez, y el 18 de diciembre, otra vez De Ciervo.

Es decir que recién el 18 de diciembre terminarían los alegatos y, si los jueces se toman su tiempo para dictar sentencia, ésta se daría recién en febrero de 2010, tras la feria judicial.

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