Para defensa de "Tato", el tribunal no fue designado correctamente

Los abogados de Romero Feris impugnaron el método empleado por el STJ para determinar los magistrados que entenderán en el juicio. El inicio del debate se suspendió hasta que se resuelva el planteamiento. Para el ex intendente se trata de un juicio "armado".
En el marco de la causa conocida como "Santa Catalina", la defensa de uno de los imputados, Raúl "Tato" Romero Feris objetó el mecanismo de designación del tribunal que entenderá en el juicio. A raíz de este cuestionamiento, el debate fue aplazado y, según las partes, se reiniciaría recién el año que viene.

La causa tiene como imputados, además de Romero Feris, a Lucía Ortega, Jorge Isetta y Manuel Magrán, a quienes se los investiga por la implementación, en febrero de 1998, de un fondo especial de $420.000 (dólares en ese momento) que sería destinado a la reparación del ex Regimiento Santa Catalina que se convertiría en un centro de evacuados (ver aparte).

Ayer, fecha prevista para el inicio de la etapa preliminar al debate, la defensa de Romero Feris cuestionó la vía de Superintendencia establecida por el Superior Tribunal de Justicia (STJ) para determinar la conformación del tribunal, que está integrado por Luis Cochia Breard, Gustavo Sánchez Mariño y Carlos Benítez Meabe.

Para la defensa, el Código Procesal Penal y la Ley Orgánica establecen el mecanismo jurisdiccional para la determinación de la conformación del tribunal. Si bien el Ministerio Público no hizo observaciones a la vía de integración, entendió que sería el mismo tribunal quien debería resolver si se desestima el planteo o si se procede a determinar uno nuevo.

Por ello, los magistrados resolvieron aplazar el inicio del juicio hasta tanto resuelvan el planteamiento de la defensa de Romero Feris.

"La causa no volverá a foja 0 pero se debe determinar cuál será el tribunal que entenderá en el debate", le comentó a "época" el abogado querellante, Ricardo Maldonado, quien contextualizó gráficamente: "Los jugadores ya están en la cancha, sólo falta saber quién será el árbitro".

Varios entendidos, consultados por este medio, señalaron que más allá de que el tribunal pudiera resolver en forma rápida, los tiempos procesales llevarían a que el juicio recién se realizase el año que viene. "Hay muchos testigos, los alegatos serán extensos y los plazos son acotados, más si el 21 de diciembre comienza la feria judicial", apuntaron.

Una causa por 420 mil razones

El 24 de febrero de 1998, la por entonces viceintendente de Capital, Lucía Plácida Ortega, solicitó la implementación de un fondo especial por $420.000 para la reparación y el mantenimiento del Ex Regimiento Santa Catalina, que sería destinado a un Centro de Evacuados, por la gravedad de las inundaciones.

Un día después, la Contaduría General realizó una "minuta de Afectación" y libramiento por dicha suma. De acuerdo a los datos obrantes, habría dictaminado favorablemente aconsejando al Ejecutivo Municipal al dictado de la resolución correspondiente.

Con fecha 06 de abril, el intendente Raúl "Tato" Romero Feris habría firmado la Resolución 682 por la que otorga el fondo especial por los $420.000 con cargo de rendición de cuenta a la orden de Ortega.

Según las pruebas que obrarían en contra de los imputados, las órdenes de pago no habrían sido recibidas no sólo por la beneficiaria del fondo, Ortega, sino también por Jorge Isetta y Manuel Alberto Magrán y que los mismos habrían cobrado.

De acuerdo a la investigación, el 28 de enero de 1999, Ortega habría realizado la correspondiente rendición de cuentas adjuntando facturas por compra de materiales por $420.527,80.

Según la denuncia, las facturas presentadas pertenecerían a las firmas VIALAGRO S.A., que sería una empresa de Corrientes; "Constructora BONYCAN S.A.", que tendría domicilio en Pasteur 277, séptimo piso, oficina 130, de Capital Federal y "BONTCHEFF Construcciones SRL", con el mismo domicilio que el anterior pero en el tercer piso, oficina A.

Siempre de acuerdo a la denuncia que dio origen a las posteriores investigaciones, las dos últimas empresas no estarían inscriptas como proveedores de la Municipalidad, no existirían remitos de la recepción de los supuestos materiales adquiridos, no se habría llamado a licitación para la compra de los mismos y se habría violado las disposiciones sobre la compra directa y que al pretender requerir testimonial de los titulares de las empresas "Constructora BONYCAN SA" y "BONTCHEFF Construcciones SRL" las mismas no residirían en los domicilios que figurarían en las facturas, mientras que el de VIALAGRO habría negado la venta.

Según Romero Feris, la causa "está armada"

Ayer, el ex gobernador de Corrientes y ex intendente de Capital, Raúl "Tato" Romero Feris, debía enfrentar el inicio de un nuevo juicio que, en este caso, lo tiene como imputado de peculado e incumplimiento del deber de funcionario público en la causa conocida como "Santa Catalina".

Sin embargo, su defensa cuestionó la conformación del tribunal que debe entender en el debate, por lo que el mismo fue aplazado. Previo a ello, Romero Feris dijo que se trata de "cuestiones fabricadas" y pidió "ley pareja" para otros ex funcionarios.

"Pese a las injusticias que han cometido en mi contra, nunca me fui, nunca dejé de estar y nunca dejé de someterme a la Justicia correntina", comento el líder del Partido Nuevo al portal de noticias todocorrientes.com

Romero Feris señaló que "hay muchas cuestiones fabricadas, expedientes armados, esta es una historia de hace más de 10 años y seguimos planteándola, más aún, veo fiscales que han hecho la vista gorda a tantas otras cosas que deben ser juzgadas con el mismo rigor".

"Nunca he tenido contacto personalmente con los miembros de este tribunal, pero me pregunto... ¿qué han hecho en otros casos parecidos, dónde está Aguad (Oscar), dónde están todas las personas que estuvieron con Mestre (Ramón) durante la Intervención y qué pasó con todas las cuentas públicas que no se rindieron? Creo que deberían haber cuentas claras y ley pareja para todos", comentó Romero Feris y cuestionó así el accionar judicial entorno a la causa por presunta administración infiel y fraude de los funcionarios enviados por Nación en la última intervención federal a la Provincia.

Luego, en la extensa nota, el ex hombre fuerte de la provincia aseguró que se trata de una persecución política. "Sostengo la hipótesis de una persecución política en mi contra, lo cual no significa que no me someta a juicio como hice siempre, ya que lo hice hasta en aquel momento en que los jueces no eran constitucionales y estaban colocados a dedo", concluyó.

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