Para el Consejo, Solá Torino incurrió en “variadas y reiteradas deficiencias”.

Para el Consejo, Solá Torino incurrió en “variadas y reiteradas deficiencias”.
Con el voto unánime de sus miembros (algo poco común), el Consejo de la Magistratura de la Nación suspendió el pasado jueves al juez de Ejecución de Sentencia de la Justicia Federal salteña, José Antonio Solá Torino, tras concluir que incurrió en “variadas y reiteradas deficiencias en el ejercicio de sus funciones”, además de la posibilidad de estar incurso en un delito.
La situación de Solá Torino, integrante también del Tribunal Oral en lo Federal Criminal de Salta, fue tratada en el primer plenario del cuerpo. El juez está procesado por cohecho pasivo agravado, se le atribuye haber cobrado una coima para beneficiar al convicto (por delitos de narcotráfico) Miguel José Farfán.

Esta operatoria se habría realizado con la intermediación de la convicta Graciela Ferreyra, su hija Mabel Vásquez y Hugo Salazar.

Tras un breve informe de Nicolás Fernández (quien instruyó la investigación), los consejeros votaron la suspensión de Solá Torino mientras se sustancia el juicio político en el que se decidirá si se lo destituye. El Consejo designó también a Fernández (diputado nacional PJ, Santa Cruz) y a Ernesto Sanz (senador nacional, UCR Mendoza) como representantes del Consejo, que mantendrá la acusación, ante el Jurado de Enjuiciamiento.

En el dictamen acusatorio los consejeros concluyeron que las irregularidades atribuidas a Solá Torino “constituyen por sí mismas causal de mal desempeño que justifican su remoción”.

Entre estas irregularidades enumeraron: dejó sin efecto una orden de captura de Farfán sin una resolución que lo fundamentara, sin que se haya requerido informes al Registro Nacional de Reincidencia y sin correr vista al fiscal general.

Sobre lo primero, el juez adujo que lo hizo ante la hipótesis de que la captura había prescripto y luego dijo que se trató de un error involuntario; para los consejeros, no puede hablarse de error si cuando se levantó la captura se tenía presente que la prescripción solo era una posibilidad.

Además, en el oficio en el que se dejaba sin efecto la captura, Nº 1120/07ES del 24 de agosto de 2007, se identificaba a Farfán con un número de documento terminado en 082, aunque en realidad terminaba en 083. El 25 de octubre de ese mismo año se emitió un segundo oficio, Nº 1489/07, en el que se corregía este error.

La terminación en 082 figuraba en los datos que la Justicia contaba acerca de Farfán, por lo que no se explica de dónde sacó el juez el verdadero número. “El juez de Salta no supo responder de dónde tomó conocimiento que el documento de identidad del penado Farfán culminaba con el número 3 y no con el número 2”, observaron los consejeros.

Asimismo, el magistrado no tramitó un planteo de competencia hecho por Farfán. Y luego, al advertir que no había prescripción, volvió a poner en vigencia la orden de captura, sin consultar al fiscal general. Y no inició sumarios por el “error involuntario”.

Con todo esto benefició a un penado y, encima, permitió un trato familiar con otros imputados, como Ferreyra y Vásquez.

La suspensión fue comunicada a la Cámara Nacional de Casación Penal, superior del Tribunal salteño.

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