Para cerrar el déficit, Scioli recurre a fondos previsionales

Para cerrar el déficit, Scioli recurre a fondos previsionales
Busca colocar un bono por 60 millones de dólares en las cajas de los profesionales bonaerenses
LA PLATA.- En medio de un creciente ahogo financiero, el gobierno bonaerense se propuso echar mano a los fondos de las cajas previsionales de los profesionales de la provincia. A cambio, ofreció a las entidades un bono por US$ 60 millones. La iniciativa, que abrió una polémica entre los aportantes, forma parte de una serie de medidas con las que el gobierno de Daniel Scioli intentará cerrar las necesidades de financiamiento de la provincia este año, que, como mínimo, rondarán los 7000 millones de pesos.

Hace un mes, funcionarios de la Secretaría de Endeudamiento Público del Ministerio de Economía bonaerense formalizaron ante la Coordinadora Provincial de Cajas de los distintos consejos profesionales el ofrecimiento del bono a siete años y pusieron como garantía fondos coparticipados por el gobierno nacional. Según la propuesta, el dinero y los intereses -con capitalización semestral- comenzarán a ser devueltos a partir del cuarto año.

"No existe un plazo para dar respuesta; las cajas están evaluando la conveniencia y, en principio, vemos que la propuesta se encuadra en las posibilidades de inversión que prevé la ley que creó las cajas", explicó el secretario general de la Coordinadora Provincial de Cajas, Luis Sánchez.

En tanto, el presidente del Colegio de Farmacéuticos de la provincia, Néstor Luciani, informó que la caja del sector aún no tomó una decisión y, a título personal, opinó: "En la medida en que existan las garantías suficientes, creo que tenemos que ayudar al Estado".

La misma idea dejó el titular del Colegio de Abogados bonaerense, Gerardo Salas, que, si bien reconoció que existen algunas disidencias entre los letrados, consideró que "no hay objeción ni legal ni técnica para oponerse". No es la primera vez que el gobierno bonaerense ensaya una medida de este tipo. En 2001, antes del estallido de la crisis, había emitido un bono similar al que habían adherido todas las cajas. Hace unos días, la versión de que el gobierno pretendía emitir un certificado por US$ 150 millones a 10 años había causado alarma en algunos profesionales que, de manera aislada, comenzaron a realizar cadenas de correo electrónico alertados sobre lo que consideraban una "confiscación de los fondos de las cajas".

Uno de los que advirtieron sobre esto fue el abogado José Luis Martínez, miembro del consejo directivo del Colegio de Abogados de Trenque Lauquen, para el que la idea de Scioli se trata de "un manoseo inadmisible de los fondos que aportamos para nuestro retiro". Según la visión de Martínez, compartida por otros profesionales de otras disciplinas, "la Caja de Abogados no tiene por objeto legal constituirse en organismo financiero del Estado".

La falta de información certera también fue señalada por el secretario de la Caja de Martilleros, Aníbal Fortuna, que calificó la iniciativa como "nebulosa y poco clara" y afirmó que en su entidad no hubo propuesta formal, sino comentarios de algunos profesionales.

Si bien nadie tiene en claro la cantidad de dinero que tienen disponible las cajas en su conjunto, fuentes del Ministerio de Economía provincial indicaron ayer que, finalmente, la provincia terminaría por emitir un bono por US$ 40 millones.

Atraso en los pagos

No todas las cajas aportarán lo mismo. Algunas, incluso, ya decidieron suscribir el bono luego de consultar con los referentes seccionales de los colegios profesionales. Según supo LA NACION, ya aprobaron la medida los abogados (suscribirían por $ 10 millones), escribanos ($ 50 millones) y arquitectos ($ 8 millones).

Otra de las alternativas provinciales es utilizar los excedentes del Instituto de Previsión Social (IPS), según se estableció en el presupuesto 2009. La utilización de los fondos superavitarios del IPS equipara el rendimiento de los títulos públicos que recibirá el organismo a cambio del préstamo al Ejecutivo, con el porcentaje de intereses promedio que la provincia paga por su endeudamiento a organismos internacionales de crédito y al gobierno federal.

Para acallar la polémica que originalmente había suscitado la medida, el gobierno propuso fijar la tasa de interés en el 8% (en un principio era del 2,5%) y establecer una cláusula que permite al organismo previsional disponer de los fondos previo aviso al Ministerio de Economía provincial con 30 días de antelación.

En el despacho del titular de la cartera de hacienda provincial, Rafael Perelmiter, no se descartaron otras variantes, por ejemplo, la de lanzar una suerte de bono o redescuento para proveedores del Estado bonaerense. En los últimos meses, el retraso en el pago a los proveedores y la acumulación de expedientes crecen sin pausa.

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