Para Celso Jaque la seguridad provincial dejó de ser una prioridad

Para Celso Jaque la seguridad provincial dejó de ser una prioridad
Por la crisis económica local y acuciado por otros gastos corrientes, el Ejecutivo pasó a segundo plano al ministerio de Ciurca.
Seriamente amenazado por la crisis de las cuentas públicas, el Gobierno de Celso Jaque dio por terminada la emergencia en seguridad en la provincia. Hoy caduca la prórroga votada en febrero en la Legislatura y el Ejecutivo no presentó un nuevo pedido de estiramiento temporal.

Éste no es el único problema financiero a soportar por la cartera mientras exista la situación de crisis en la disponibilidad de recursos de la Provincia. Días atrás, fondos que estaban adjudicados al Ministerio de Seguridad pero que aún no fueron gastados terminaron en el Ministerio de Salud, una cartera que agotó sus recursos de todo el año.

Según se conoció públicamente, $20 millones fueron desviados de Seguridad a Salud con la promesa de que la cartera que más necesidades de recursos tenía hasta que empezó la crisis los recuperará cuando el Gobierno de Jaque encuentre un camino para mejorar los ingresos provinciales. Para eso hay una decisión tomada de endeudar al Estado mendocino, aunque no se resolvió si se emitirá un bono o directamente se pedirá un crédito.

En este contexto, la crisis económica ha remplazado a la inseguridad como principal motivo de desvelo. Hasta antes de las elecciones, el mandatario no hablaba de nada públicamente sin citar la amenaza que la inseguridad significaba para "los mendocinos de bien".

Hoy, la posibilidad de que los recursos provinciales no alcancen ni para cubrir los crecientes gastos corrientes copa por completo el discurso oficial. Por eso, aunque en la oposición causó sorpresa, el Gobierno no avanzó en la Legislatura para prorrogar la Ley de Emergencia en Seguridad, a pesar de que hubiese contado con el aval de propios y extraños para hacerlo.

Ni bien asumió, Jaque avanzó para conseguir una ley que le permitiera hacerles frente a los requerimientos materiales de la política de seguridad sin respetar los controles burocráticos establecidos en la Ley de Contabilidad de la provincia. El 9 de enero del 2008, exactamente un mes después de que Julio Cobos le entregara el mando al peronista, la Cámara de Diputados le dio media sanción proyecto de ley de emergencia en seguridad.

Un día después, el Senado estableció la vigencia de la norma durante un año. Y en febrero pasado el Gobierno consiguió una prórroga de seis meses, que se venció hoy.

"No pedimos otra prórroga porque ya compramos lo que necesitábamos de urgencia", afirmó ayer el ministro de Seguridad, Carlos Ciurca. Consultado por Diario UNO, el funcionario no descartó que para el ejercicio 2010 vuelva a proponerse una ley de emergencia en la Legislatura. "Eso lo vamos a evaluar con el correr de los meses", advirtió.

Por su parte, el senador radical Mauricio Suárez –hasta hace unas semanas, presidente de la Bicameral de Seguridad– sostuvo: "No nos hubiésemos opuesto a una nueva prórroga de la ley de emergencia ni a ningún requerimiento del Ejecutivo para mejorar la seguridad".

El senador esgrimió el siguiente argumento a la voluntad de acompañamiento al oficialismo: " No vamos a permitir que nos responsabilicen por entorpecer la política de seguridad, les vamos a dar todo lo que nos pidan dentro de la lógica, pero también exigiremos resultados".

Desde su rol opositor, Luis Petri, cobista alineado en el CONFE que integra la Bicameral, evaluó que "el Ministerio en muchos casos prefirió contratar de acuerdo con la Ley de Contabilidad, sin tener en cuenta la ley de emergencia".

Por eso, consideró: "Ahora tenemos que hacer un balance completo del uso de la ley y los resultados que dio".

Comentá la nota