Para la Casa Rosada, alguien pagó por la inspección en Clarín

El jefe de Gabinete denunció que todo fue una conspiración para perjudicar a la Presidenta
El clima en la Casa Rosada era ayer de desesperación por el impacto político que causó el operativo impositivo de la AFIP anteayer en el grupo Clarín. El gobierno de Cristina Kirchner temió que esa intimidación y la escalada de la pelea con ese diario deslegitimara el impulso oficial en el Congreso a la ley de radiodifusión y pudiera restarle votos en el recinto.

Por eso, contraatacó con la denuncia de un supuesto complot dentro del organismo recaudador para desacreditar el debate.

Ese argumento oficial, que se gestó anteanoche en el despacho de la Presidenta, fue enarbolado ayer por el jefe del Gabinete, Aníbal Fernández: denunció que algún sector opositor "pagó esta operación" para "dejar al Gobierno mal parado", en complicidad con funcionarios de AFIP.

"Hay una operación que alguien ha financiado y nosotros nos ocuparemos de descular quién fue realmente el responsable", dijo Fernández en declaraciones a Radio Continental. Y aseguró que buscará "ponerlo a la luz del día y exhibírselo a los argentinos porque quiso poner al Gobierno como si estuviera presionando".

Según pudo saber LA NACION, la primera sospecha que surgió en la Casa Rosada fue que la inspección fiscal había sido ordenada por Néstor Kirchner como represalia a Clarín por su postura editorial. Miembros de su entorno lo habían confirmado en reserva horas después de la inspección. " Clarín se puso muy agresivo", justificaban.

Pero Aníbal Fernández negó ayer enfáticamente que Kirchner lo hubiera ordenado. "¿Se puede creer que somos tan idiotas para mandar una inspección de esas características? Déjenlo a Néstor Kirchner en su lugar; no tiene nada que ver con la gestión de gobierno", agregó.

"Alguien puso un peso en el bolsillo de alguien para que dejaran al Gobierno mal parado con esta pantomima", dijo Fernández. Consultados por LA NACION, allegados a Fernández dijeron que "no existe aún ningún elemento de prueba".

Un alto funcionario oficial confió que incluso el oficialismo cree que tendrá el número de votos suficiente para aprobar la ley en la Cámara de Diputados la semana próxima. Sin embargo, la pulseada está ajustada y la estrategia oficial es aprobarla con holgura para facilitar el trámite en el Senado, donde hay menos consenso.

Por eso, un funcionario cercano a la Presidenta manifestó preocupación acerca de que eso pudiera "tener impacto con el correr de los días". Y que algún diputado pudiera "echarse atrás". Uno de los encargados de la negociación, confesó: "Veníamos convenciendo a los bloques propios y de centroizquierda de que la ley no era para perjudicar a Clarín . Con esto, se vuelve a poner la ley en el marco de esa pelea. El que planeó esto no hizo más que perjudicarnos".

En la Presidencia especulaban ayer con que "alguien del entorno íntimo" de Kirchner, habiendo escuchado a su jefe "hubiera decidido algo sin consultar". No involucraban al director de la AFIP, Ricardo Echegaray, a quien Aníbal Fernández ratificó en el cargo.

En la turbulenta noche de anteayer, en medio de nervios y de furia, Cristina Kirchner, su esposo y sus principales ministros resolvieron tres líneas de acción para revertir el impacto público del caso. Denunciar el supuesto complot, desatar una ofensiva contra el vicepresidente Julio Cobos por reunir a la oposición para rechazar el proyecto de radiodifusión y enviar al Congreso un proyecto de ley para derogar las figuras de los delitos de calumnias e injurias, y que de ese modo la Presidenta tuviera un argumento para reivindicar la libertad de prensa.

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