Ya es un clásico de cada campaña para la Gobernación: la Caja de Jubilaciones y su déficit vuelven, recargados, a la agenda pública.

Ahora, en el horizonte de los principales candidatos está la derogación de la ley 10.078 que, desde 2012, permite demorar seis meses el pago de los aumentos de haberes que los activos cobraron 180 días antes.

Esa medida fue la vía de esta gestión para contener la sangría que amplió la Nación en 2011, cuando dejó de enviar los fondos que había comprometido para ayudarle a Córdoba a cubrir su déficit previsional.

Aunque el régimen provincial abarca a unas 280 mil personas entre activos y pasivos, su pérdida recae en forma indirecta sobre todos los contribuyentes del fisco provincial.

La Caja paga más de 95.400 beneficios (jubilaciones y pensiones). La mayoría de la plata se junta vía aportes patronales y personales, que son mucho mayores a los que rigen en el sistema nacional, y algo de transferencias impositivas por coparticipación.

Al resto lo tributamos en forma indirecta todos los cordo­beses: es la plata que el Tesoro provincial gira para cubrir su “rojo”. Según el ente previsional, este año el déficit serán 460 millones de pesos.

Para ponerlo en términos concretos, es como si el Gobierno pasara la gorra para reco­lectar, por día, 1,3 peso en cada hogar de la provincia.

Pero sin el diferimiento, la Caja asegura que la pérdida del sistema sería 500 por ciento mayor este año y llegaría 2.787 millones de pesos.

Con el mismo ejemplo, en lugar de juntar un peso por día, el Gobierno tendría que pedir 7,8 pesos en cada casa.

En 2016, cuando la nueva gestión en el Centro Cívico encare su primer año, el “rojo” superaría los 3.200 millones según los cálculos oficiales y si se mantuvieran las mismas variables (en especial, inflación y evolución de los salarios públicos).

Otros números

Pero la oposición tiene otros cálculos. Para Juntos por Córdoba (UCR, PRO y Frente Cívico), liderado por Oscar Aguad, el déficit sería este año de 1.070 millones y llegaría a 1.300 millones sin diferimiento.

Bajo esa hipótesis, el costo fiscal de derogar la ley 10.078 sería de “apenas” 230 millones de pesos.

¿Por qué semejante diferencia con los cálculos oficiales? El punto de arranque del análisis opositor es la planilla de diciembre de 2014 de ingresos y gastos devengados.

Según ese documento, que la Provincia expone bajo la ley de Responsabilidad Fiscal, la seguridad social tuvo un déficit de 870,8 millones de pesos.

Sobre esa base proyecta lo que podría pasar este año, con la referencia del acuerdo salarial de los activos.

Además, toma como base de arranque a febrero (primer tramo de aumento a los estatales) para ponderar el impacto anualizado y luego recalcularlo sobre el año calendario 2015.

Por eso el costo fiscal de eliminar el diferimiento no asoma como preocupante en el primer año, aunque luego crece por el déficit estructural de la Caja.

Aguad cree que el impacto de la derogación se cubre con “reasignación de gastos”, entre ello la eliminación de erogaciones superfluas, el achique del gabinete y control sobre agencias y empresas del Estado.

Licuadora

Mientras mayor es la inflación, más grande es el efecto “licuadora” del diferimiento.

La pregunta es si este año, con una aparente desaceleración de la inflación, el impacto se mantendrá en igual nivel.

Un cálculo habitual que hace la Caja es comparar el déficit como porcentaje de los gastos totales.

Entre 2004 y 2007, ese indicador superaba el 30 por ciento. El año pasado, la Caja dijo haber cerrado con una pérdida de 465 millones de pesos, lo que equivalió al 3,4 por ciento de las erogaciones.

Sin la ley 10.078, el organismo afirma que el bache habría sido de 2.368 millones (15 por ciento del gasto).

Para este año la situación es similar. Si bien falta definir la paritaria del sector bancario, se prevé un déficit de 460 millones (2,5 por ciento del gasto total) contra 2.787 millones sin la aplicación del diferimiento, según datos del secretario de Previsión Social, Osvaldo Giordano.

Para la oposición, esa relación arroja un porcentaje llamativo. ¿Por qué? Porque si se eliminara el diferimiento, el indicador se ubicaría entre 13 y 15 por ciento, es decir, en el mismo nivel previo a la ley 10.078.

Por eso creen que los cálculos de la Caja toman siempre la misma base de referencia (2012) y eso agiganta la brecha si se saca el diferimiento.

Posiciones

Cuando escuchó esos números de boca del legislador radical Rodrigo de Loredo, Giordano 
le respondió por la red social Twitter. “Me pongo a disposición junto a mi equipo técnico para clarificarle los números 
de la Caja (..). Cuando desee, pautamos reunión”, escribió.

Giordano cree que, a corto plazo, “nada reemplaza el impacto” del diferimiento. “Salvo recortar las jubilaciones, que fue lo que hizo (el exgobernador Ramón) Mestre y que es peor que la ley (por la 10.078)”, dijo.

Eduardo Accastello, candidato del frente Córdoba Podemos, no habla de números. Pero desafía a sus competidores a firmar un compromiso para derogar el diferimiento, cuyo costo se cubriría con un cordón umbilical hacia la Casa Rosada.

Algo parecido prevé Juan Schiaretti, el postulante oficialista, aunque en el fondo supone que la Nación no va a poner toda la plata que Córdoba le pide.

De todos modos, aspira a que el grifo se vuelva a abrir y que eso descomprima el diferimiento que, bajo esa posibilidad, podría por ejemplo achicar la distancia de los 180 días.

A cargo de la Caja desde 2007, Giordano opina que cualquier movimiento para derogar la polémica norma sólo puede asomar desde la Casa Rosada, donde Córdoba dejó de ver señales hace más de cuatro años.

¿Qué pasaría, por ejemplo, si la Nación reflotara el acuerdo de armonización? En la Caja calculan que si este año estuviera vigente ese convenio, Cór­doba recibiría 3.180 millones de pesos. La hipótesis es inquietante: de perder plata, la Caja pasaría a tener un superávit de 393 millones. Pero en campaña, las hipótesis sobran.

$13.000 de haber promedio

Indicador. Según el informe de abril pasado, el haber promedio que paga la Caja de Jubilaciones es de 13.111 pesos.

Arranque. Tres de ­cada cuatro nuevos beneficiarios arrancan su etapa pasiva con un haber de más de 10 mil pesos.

Haber inicial. Diferencia de la Nación, que toma 10 años, en Córdoba se determina como el 82 por ciento del promedio de salarios de los últimos cuatro años de actividad. En el régimen de Seguridad se aplica el 85 por ciento del último sueldo.

Edades. En 2002 se aumentaron las edades de retiro (cinco años más a las mujeres y siete a los hombres) y el sistema se alineó con el nacional. 

Quién paga. En 2008 cambiaron las reglas sobre la caja otorgante. Para jubilarse en Córdoba hay que tener haber aportado más años en la Provincia que en otra jurisdicción. También se dejaron de considerar los años trabajados ad honoren.

Movilidad. En 2008 se implementaron los índices sectoriales. En 2012 nació el diferimiento de seis meses para el pago de los aumentos de haberes.

Aportes. Los aportes personales de los estatales van de 18 a 22 por ciento, mientras que las contribuciones patronales son de 20 a 25 por ciento, según los sectores.

Juicios. La Provincia judicializó la deuda de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) con la Caja. En 2011, el compromiso no asumido sumaba 1.040 millones de pesos. El caso está en la Corte, que también tiene en sus manos la pretensión cordobesa de abandonar el pacto fiscal de 1992, por el que las provincias ceden el 15 por ciento de la coparticipación bruta.