Para que la Asamblea decida

Pese a los cuestionamientos dentro del propio Frente Progresista, el gobernador aseguró que enviará el pliego para Defensor del Pueblo a la Asamblea Legislativa, sin más precisiones. Desde el oficialismo dicen que será después de las elecciones.
Seis meses después de haberlo propuesto, y pese a los severos cuestionamientos de uno de los bloques que integra el Frente Progresista, el gobernador Hermes Binner confirmó a Rosario/12 que "en breve" enviará a la Legislatura el pliego del juez correccional Edgardo Bistoletti como Defensor del Pueblo de Santa Fe. El jefe de la Casa Gris fue extremadamente escueto en su respuesta y se excusó de dar mayores precisiones, a sabiendas que el proceso legislativo para ungir como ombusman al magistrado no será sencillo: sobre 69 integrantes de la Asamblea Legislativa, el PJ posee 35 y al menos tres diputados del PDP, dentro de la coalición oficialista ya adelantaron su voto negativo. Más aún: un cuarto legislador del Frente, Marcelo Brignoni, deslizó en el verano pasado que no acompañaría la propuesta de la gobernación. Las distintas vertientes del peronismo aún no definieron la postura a adoptar aunque algunos operadores justicialistas no descartaban la figura de la abstención, para restarle legitimidad a la designación del futuro titular de la Defensoría.

A fines de diciembre, Binner recibió a Bistoletti en su despacho de la delegación local de la Gobernación. En aquella oportunidad el gobernador oficializó el ofrecimiento que le hizo al juez correccional para ocupar la vacante generada tras la finalización del mandato de Carlos Bermúdez. Desde diciembre la Defensoría está acéfala, y la ejercen de manera interina las defensoras Liliana Meotto y Liliana Loyola.

Tras la publicación del edicto con los antecedentes del magistrado, a mediados de enero comenzó la etapa de objeciones e impugnaciones. En total fueron seis los cuestionamientos presentados, que luego fueron respondidos por el postulado. La más contundente de las respuestas fue a la impugnación presentada por el diputado reutemista Alberto Monti: en la nota remitida a la Directora Provincial del Consejo de la Magistratura, Carolina Zancada, el juez Bistoletti recordó que cuando fue votado en la Legislatura su pliego como magistrado "el entonces senador Monti era presidente de bloque del partido gobernante, e integraba la Comisión de Acuerdos para el nombramiento de magistrados, tanto así que fue uno de los que votaron favorablemente e hicieron posible mi designación".

"No alcanzo a salir de mi asombro -continuó Bistoletti al observar que el ahora impugnante, es la misma persona que junto a otros miembros de la Comisión de Acuerdos hizo posible con su aprobación y voto afirmativo en la Asamblea Legislativa mi nombramiento como Juez, y ello lo descalifica para impugnar lo que antes había aprobado".

En su nota, Bistoletti refuta otro cuestionamiento de Monti, referido a la "falta de prestigio e independencia ante la sociedad", instancia en la que el diputado del PJ cita argumentos del líder de la democracia progresista, Carlos Favario, quién dos décadas atrás impugnó su designación. Al respecto, Bistoletti señaló: "Debo remarcar una vez más que yo nunca fui funcionario de ningún régimen militar, y menos aún del más cruento y sanguinario que existió en el país; al cual sí podemos afirmar, coadyuvó la persona que ahora el impugnante trae a colación como abanderado de la democracia, siendo colaboracionista de dicha dictadura ejerciendo un importante cargo en la Municipalidad de Rosario. Creo que sobre esto más no se puede decir".

Para la Casa Gris, las respuestas de Bistoletti a las impugnaciones fueron "satisfactorias", razón por la cual el propio gobernador resolvió ratificar su decisión de promover al juez rosarino como ombsuman provincial. "Lo vamos a enviar al pliego", dijo Binner ante la consulta de Rosario/12, tras lo cual se excusó de dar precisiones sobre plazos, aunque desde la gobernación deslizaron a este diario que el mensaje llegará a la Legislatura "seguramente después de las elecciones" para evitar una mayor politización del debate.

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