Papeleras: últimos capítulos en La Haya antes de una victoria que parece imposible

Por Pablo Abiad

La semana pasada se cumplieron tres años de la única decisión judicial firme que existe al día de hoy en el marco de la disputa por la pasteras del Río Uruguay. La dictó un órgano con menos glamour que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya: fue un tribunal arbitral ad hoc del Mercosur, que en septiembre de 2006 responsabilizó al Estado argentino por la ‘escasa diligencia‘ y la ‘permisividad‘ con la que manejó los cortes de ruta en Gualeguaychú.

El laudo, sin embargo, tiene una falencia, propia de las precariedades de la normativa regional: nunca se tradujo en consecuencias concretas. Sólo esa limitación fáctica puede explicar que el laudo sea tan poco tenido en cuenta en los repasos sobre esta ya larga controversia entre Argentina y Uruguay. Aunque parcial, porque no hizo lugar a todos los planteos uruguayos, la condena es elocuente al señalar a la Argentina como ‘responsable‘ de no cumplir con su compromiso de permitir la libre circulación de bienes y servicios dentro del Mercosur; más aún, los árbitros marcaron que los piquetes ‘fueron perdiendo legitimidad‘ en la medida que acumularon ‘agresiones al derecho de otras personas por períodos extensos‘.Pero el corte de ruta sigue en el mismo lugar, después de más de mil días, próximo a ser declarado ‘paisaje histórico y cultural‘ por la legislatura entrerriana. Además, Uruguay fracasó en su intento por lograr que la Corte de La Haya interviniera en el tema. Del mismo modo, Argentina había fallado en su intento por lograr que se suspendiera la construcción de la planta de Botnia, que lleva seis meses de producción.Algo parecido, en el fondo, puede suceder con el proceso que se reinició ayer en Holanda. La aspiración de máxima de la demanda Argentina es que Uruguay resulte condenado por su responsabilidad internacional y sea obligado a reparar los perjuicios causados por sus conductas pretendidamente ilícitas. ¿Una disculpa?, ¿una indemnización? Parece imposible que la planta de Botnia, eje de la disputa, se mueva de donde está o cierre sus puertas por orden de un tribunal de las Naciones Unidas; sobre todo, sin que existan muestras claras de la contaminación ambiental que se predijo en Entre Ríos.El Gobierno acusa a Uruguay de violar un Estatuto firmado por los dos países en 1975 para la preservación conjunta del río que hoy los separa más que nunca; ese mismo tratado es el que determina que los desacuerdos por la administración de estas aguas se diriman allá en La Haya. La Cancillería encuentra tres incumplimientos de parte de Uruguay: la autorización supuestamente unilateral a los españoles de ENCE para construir una primera planta -finalmente trasladada más al sur, cerca de Colonia- y su puerto; los mismos permisos a los finlandeses de Botnia para operar en Fray Bentos y, específicamente para éstos, el consentimiento para que extraigan agua del río.

El grueso de la prueba que ofrece Argentina desde ayer apunta a mostrar que la pastera directamente modificó el ecosistema fluvial. Uruguay respondería con documentación que avalaría que los funcionarios de la Cancillería argentina mantuvieron contactos con sus pares uruguayos y avalaron todo lo actuado en esta materia.

Las audiencias se extenderán hasta el 2 de octubre próximo. Tras las pruebas, habrá un alegato argentino, una réplica uruguaya y las dúplicas finales.

En la presidencia de la Corte habrá un japonés, Hisashi Owada, que no es otro que el padre de Masako, la princesa de su país, esposa del heredero del trono imperial del Japón. La sentencia de La Haya estaría lista para principios del año próximo.

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