La convocatoria esta prevista para las 10 de este miércoles en el primer piso de la sede de los tribunales de Callao 635, pero sorpresivamente horas la canceló. Así lo confirmaron a este medio desde laSecretaría Nº 52, donde se tramita el expediente por la papelera y donde se celebran este tipo de audiencias.

Otras fuentes judiciales revelaron a ámbito.com que la magistrada tomó esa decisión porque "no pudo acreditar la identidad" de los representantes de Clarín y La Nación que iban a concurrir a la reunión, convocada a principios de abril. Sin embargo, O'Reilly ya encabezó otras tres audiencias y conoce personalmente a las partes. Las mismas fuentes informaron que esta sería la tercera vez que posterga el encuentro y que prometió emitir una nueva citación en los próximos días, aunque no dio fechas precisas.

O'Reilly es la magistrada a cargo de interceder entre los directores de los diarios Clarín y La Nación y los directores estatales, que hoy siguen enfrentados por las múltiples irregularidades denunciadas contra los dueños privados por el manejo de la papelera. Sistemáticamente, desde 2010 el Estado nacional denuncia la injerencia ilegal de Clarín y La Nación en la conducción de empresa, lo que provoca una falta de equilibrio entre los órganos societarios. 

Según el último informe de la Comisión Fiscalizadora (CF) al que accedió ámbito.com, los accionistas privados fueron denunciados por permitir incompatibilidades de los miembros del Comité de Vigilancia y de la propia CF; por obstaculizar las tareas de la CF; por la falta de funcionamiento del Comité Ejecutivo; por la ausencia de un Plan Estratégico y de Inversiones para la compañía; por la falta de independencia del titular de la función de auditoría interna; por debilidades en la política de recursos humanos y por la venta privilegiada a precios por debajo del costo de papel a sus empresas relacionadas, en detrimento de los demás clientes y los accionistas minoritarios.

Sin voluntad para intervenir judicialmente a la empresa, la jueza debe intentar acercar las posiciones y dar cumplimiento a lo acordado en otra audiencia celebrada el 3 de octubre de 2011. En esa reunión, todos los accionistas se comprometieron ante O'Reilly a que los órganos societarios "continúen funcionando armoniosamente y en forma regular, sin sufrir las continuas impugnaciones de las que han sido objeto por el Estado nacional". Por ese motivo, la magistrada propuso que "se mantenga el 'status quo', respecto de las autoridades del Estado nacional" designadas en el directorio de Papel Prensa.

Los responsables del informe de la CF, los síndicos Daniel Reposo y Agustín Tarelli, impugnaron fehacientemente cada uno de los actos y nombramientos fraudulentos que cometieron Clarín y La Nación. Para los fiscalizadores, la decisión de administrar la empresa sin cumplir la ley de sociedades comerciales ni el estatuto social "denota una conducta obstinada e indiferente por parte de los que ocupan los cargos de manera irregular, ejerciendo actos de manera indiscriminada en claro perjuicio de la sociedad, efectuando convocatorias y celebrando reuniones de los distintos órganos societarios en ese marco de irregularidad".

Según consta en el informe último de gestión, en 2013 se impugnaron 55 convocatorias y reuniones de directorio y comité ejecutivo; en 2014 fueron 24 y en lo que va del año al menos dos. "Se objetan las reuniones y se insta al Presidente del Directorio, que hasta tanto no se encuentre regularizada la integración y funcionamiento de los distintos órganos societarios, los mismos deberán abstenerse de adoptar medidas que puedan implicar un perjuicio a la integridad del patrimonio de la Sociedad", justifican.

Reposo y Tavelli advirtieron que "no obstante, la empresa (bajo dominio de Clarín y La Nación), desoyendo lo señalado y advertido en todas las oportunidades posibles por estos síndicos, ha llevado adelante las reuniones de Directorio, de Comité Ejecutivo y de Auditoría, con autoridades que no son tales".