(Por Andrés Lavaselli alavaselli@dib.com.ar).- Justo cuando la inseguridad terminó por imponer una mutación en la agenda de su administración, la gobernadora María Eugenia Vidal se asoma a una decisión compleja, que la obliga a evaluar una modificación sustancial de la arquitectura política sobre al que basó hasta ahora su gobernabilidad, y que gira en torno a la cuestión que el delito desplazó como tema central: la economía. 

Formulada en sus términos más simples, la encrucijada que enfrenta Vidal se reduce a una opción binaria: debe decidir con cuál de sus rivales electorales más peligrosos, el massismo o el peronismo, negocia el presupuesto para el año próximo. Y, por extensión, cuál de los dos queda instalado como interlocutor parlamentario y aportante a la gobernabilidad en la provincia. 

Aunque igualados por su rol opositor, esos interlocutores llegan a la discusión en situaciones diferentes: el massismo, asentado como favorito en las encuestas, viene separándose de Cambiemos desde el final del primer semestre, pero aún así ofrece al oficialismo más “previsibilidad”. Sin embargo, eso podría cambiar si la irrupción de Florencio Randazzo fuerza un ordenamiento del peronismo, que de todos modos por ahora es impredecible. 

Con todo, antes de discutir con la oposición, Vidal –y su ministro de Economía, Hernán Lacunza- deberán sortear críticas internas que se dispararon no bien se conocieron los primeros datos del proyecto. Desde un sector del oficialismo parlamentario que tiene necesariamente mucha intervención en el trámite de Presupuesto, hacían por caso la siguiente pregunta: ¿cómo defender subas impositivas del 40% para un año en el cual el gobierno nacional prevé una inflación del 17%?

Lacunza, que explicará por primera vez el presupuesto a los legisladores recién el miércoles, aseguró a su equipo, que algunos impuestos “van a bajar”. Además de dar esa noticia, de la que no se conocen detalles, cuando vaya al Parlamento, ese ministro recurrirá a un argumento remanido: los números brutos. La suba del 35% para el Inmobiliario, dirá, implicará un adicional de 15 pesos más por mes para el 70% de los contribuyentes. 

Con la decisión de agotar el cupo de endeudamiento para este año ya tomada (en EE. UU. Lacunza se convenció de que están dadas las “condiciones para colocar los últimos 20 mil millones de pesos de este año), el otro desafío para sus espadas parlamentarias será el pedido de endeudamiento para 2017. Si, como se bosquejó, es finalmente superior a los 60 mil millones de este año, la discusión podría empantanarse. 

No es la única señal de que, en materia económica, la situación sigue dura. “Todos administramos déficits”, les dijo Vidal a los intendentes de Cambiemos el viernes, en una reunión en Morón. Era una respuesta al pedido de ayuda para pagar un bono de fin de año, pero tal vez sirva como proyección para todo el 2017. 

Otra muestra: les prometió plata para comprar maquinaria vial (fideicomiso a tasa cero), pero a costa de retirar el fondo que se usó para seguridad este año. 

Tal vez porque empujar esa agenda económica en el parlamento es complejo, Vidal (que incluso pidió no ampliar servicios de Salud municipales sino potenciar los que existen) confirmó, en la misma reunión del Foro de Intendentes, que cederá a un reclamo del massismo que fue resistido por su ministro de Seguridad y permitirá el traspaso de las policías locales a la órbita municipal. Además, unificará donde hay comunales y locales. 

Es que la seguridad –además de algunos cargos en organismos como la Corte o la Defensoría del Pueblo- es un área de alto valor en las negociaciones política, sobre todo porque volvió al tope de las preocupaciones ciudadanas. Por otra parte, a Vidal podría convenirle comprometer más a la oposición en su combate, aunque más no fuese para “socializar” los costos de la falta de resultados. 

Sobre todo si, como piensa un sector de Cambiemos, la Gobernadora se ve forzada a una reforma más profunda de la Bonaerense, una posibilidad que circuló por algunos despachos la misma semana en que se presentó como un logro la vuelta de agentes federales al Conurbano, una medida que el ministro del área, Cristian Ritondo, había calificado de “parche pero no solución” sólo unos días antes de ser anunciada.