Panjuecismo aprobó el Presupuesto 2010

Con modificaciones cosméticas respecto del proyecto avalado en primera lectura, todo lo que alguna vez olió a juecismo optó ayer por aprobar en el Concejo Deliberante el Presupuesto Municipal 2010.
Ya sea por oficialistas o por evitar que la opinión pública los condene como responsables de llevar un dirigente al máximo sillón del Palacio 6 de Julio y después "soltarle la mano", lo cierto es que los concejales que llegaron al recinto en 2007 por el Frente Cívico unánimemente dieron el visto bueno al proyecto, olvidando por un momento sus galopantes diferencias.

Por su parte, el radicalismo, Unión por Córdoba y el olguismo rechazaron la norma financiera madre, tal como hicieron en primera lectura.

Así, el Frente Cívico Residual (juecismo propiamente dicho), el Frente Progresista (vicentismo teórico) y el Frente Social por Córdoba (giacominismo) juntaron los 18 votos con que el proyecto enviado por el Ejecutivo tuvo curso.

Sin embargo, este "apoyo institucional" no pasa de ser anecdótico: durante todo el año los seguidores de Luis Juez y las chicas del viceintendente Carlos Vicente trabaron cuestiones consideradas por el Ejecutivo, tales como la suba del boleto de colectivos y de la tarifa de taxis y remises.

Números oficiales

Según los calculado en el Presupuesto, en 2010 la Municipalidad tendrá ingresos por $ 2.145 millones corrientes.

De ellos, ingresos corrientes (recaudación propia y coparticipación nacional y provincial) serán $1.729 millones de pesos, y recursos de afectación específica (provenientes en gran parte del gobierno nacional para obras públicas) sumarán

$ 386 millones.

La afectación a sueldos será, en teoría, de $ 1.050, es decir, 49,6% del total. Pero toda la oposición insiste con que ese porcentaje "es un dibujo que distorsiona la realidad"

Prórroga de la emergencia

Una vez más, la ciudad de Córdoba adhirió a la Ley de Emergencia Económica Nacional. Todos los bloques, menos el de la UCR, votaron ayer un proyecto.

Desde la intendencia de Luis Juez, el Estado municipal "goza" de este beneficio que le permite patear pagos de proveedores y evitar embargos.

Esta vez, la extensión de la emergencia se consensuó para el 31 de diciembre de 2011.

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