El juez Sebastián Casanello avanzará en la recopilación de los informes que autorizó y recibirá la unificación de su expediente con la denuncia presentada por el abogado Eduardo Barcesatante la Procuraduría Antilavado. Los abogados del Jefe de Estado procurarán acelerar la respuesta de la Justicia civil por la"declaración de certeza" que exculpe al mandatario y que ya está bajo análisis del Juzgado Civil Nº 104, a cargo de Andrés Guillermo Fraga.

Casanello convocó para hoy al periodista del diario La Nación,Hugo Alconada Mon, uno de los participantes del tramo local de la investigación compartida por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. Su declaración testimonial será acompañada por la de Silvina Martínez -una exintegrante de la Inspección General de Justicia desplazada durante el kirchnerismo que devino asesora de la diputada del GEN, Margarita Stolbizer- quien también apuntaló la denuncia por las irregularidades societarias al comienzo de la causa Hotesur. Por ahora son las únicas medidas autorizadas, pero en gateras aguardan pedidos de informes a la Unidad de Información Financiera (UIF), a la propia IGJ (que registra las sociedades) y a la AFIP, sobre las declaraciones juradas de Macri. Lo mismo que la opinión de expertos sobre si el actual mandatario debió haber declarado su participación cuando fue funcionario público por más que, como afirmó en su defensa, esas compañías no tuvieron actividad comercial ni dejaron dividendos que fueron incorporados a su patrimonio por esa vía. 

El fiscal Federico Delgado apuntó primero a determinar si es que existió una intención de omitirlas en sus declaraciones juradas, tanto Fleg Tradin LTD, creada en 1998 a través de Mossack Fonseca y de otro de contadores de Uruguay. Allí, Macri figura como director y vicepresidente y su padre Franco Macri como presidente. Desde el Gobierno apuntan a que sea la Justicia civil la que primero llegue a la conclusión que las firmas estuvieron bajo el exclusivo control del dueño de Socma. 

En Kagemusha SA -que fue revelada unos días más tarde- registrada en Panamá, también figura como vicepresidente. En la primera, se registra una venta por una módica suma de dólares, pero se detectó que la sociedad se mantuvo activa hasta 2009, fecha en la cual, Macri había incursionado en la política con cargos públicos y sin declarar esa participación societaria. 

A pesar de todo, Casanello está presionado para avanzar. Mientras que se anexa a su expediente la denuncia deBarcesat a través de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), se sumó la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, cuyo titular es Sergio Rodríguez. La fiscalía especializada en investigaciones vinculadas a funcionarios públicos también apuntó a conseguir informes de AFIP centradas en Ganancias y Bienes Personales de Macri, al igual que la obtención de las regulaciones por parte de la IGJ referidas a directivos de sociedades offshore, ubicadas, en este caso, en paraísos fiscales como Bahamas. También enfatizó pedidos a la Oficina Anticorrupción, cuya titular, Laura Alonso quedó en el medio de denuncias penales por su defensa inmediata de la situación de Macri, a pesar de ser el organismo encargado de verificar que no existió ningún incumplimiento. 

Detrás de Macri lo apuntala la mesa chica de abogados, encabezados por José Torello y Fabián Rodríguez Simón, cuya ascendencia llega al amigo personal y contratista de obra pública, Nicolás Caputo. A través del estudio Llerena y Asociados, la estrategia gubernamental busca evitar que el escándalo se propague más allá y que se le pueda llegar a imputar al mandatario un delito más grave.