Además, se instruyó a la Subsecretaría de Recursos Hídricos, a cargo de Néstor Lastiri, para que inicie reclamos administrativos sobre ese punto, exigiendo la constitución de un comité de cuenca para regular el uso del río.Jorge reivindicó las políticas hídricas de sus gestiones, durante las cuales se firmó con Mendoza un convenio por el Atuel -la provincia vecina no lo cumplió- y luego se inició una demanda judicial por daño ambiental. También mencionó que reclaman que COIRCO se encargue de controlar y operar la futura presa de Portezuelo del Viento.

El río Salado prácticamente desapareció del territorio pampeano a partir de los diques que construyó San Juan en las últimas décadas. Las represas de Uyún, Caracoles y Punta Negra, a las que se sumará El Tambolar, generaron el corte del Salado, que llegaba al oeste pampeano.

“El objetivo de esto es la defensa del río y los derechos que nos caben. Reclamamos que la administración del agua no quede en las provincias, porque La Pampa no se opone al desarrollo, sino queremos el agua que nos corresponde. Es decir, no nos oponemos a que se haga una represa, pero sí al uso de esa agua. Porque lo que sucedió en San Juan y Mendoza es que hicieron las represas, ellos son dueños del agua y se creen con derecho a su uso y cortan los ríos”, explicó el flamante ministro de Gobierno, Marcos Paz.

En el decreto, Jorge destaca “el incumplimiento de las provincias de San Juan y Mendoza a las obligaciones que surgen de la normativa nacional y la ausencia de un caudal ambiental en el río Desaguadero-Salado, generaron (y continúan haciéndolo) en la provincia de La Pampa serios daños ambientales, sociales y económicos, que deberán ser objeto de recomposición y resarcimiento”.

Mediante Decreto 645 de 2015, Jorge instruyó al Fiscal de Estado para que “evalúe y considere iniciar acciones legales y judiciales tendientes a preservar y defender los derechos de la provincia de La Pampa, sobre las aguas interjurisdiccionales de la Cuenca del río Desaguadero-Salado-Chadileuvú-Curacó-Colorado, de la cual es estado condómino”.

Contrato 

El gobernador de San Juan, José Luis Gioja, y los representantes de Powerchina suscribieron el contrato para las obras del dique El Tambolar, que permitirá crear puestos de trabajo para 600 sanjuaninos. La inversión es de alrededor de U$S 400 millones con financiamiento del Eximbank de China.

Este martes se complementó la firma del contrato que los representantes de la empresa china llevaron hasta su país, donde será analizado y se definirá el financiamiento.

Gioja se mostró feliz por el momento y lo calificó como “un día histórico”. En ese sentido, aclaró que “era el primer dique que se iba a construir en la década del 70 y nosotros, cuando llegamos al Gobierno, tomamos una fuerte decisión política de regular el río San Juan”.