La Pampa adherirá al decreto presidencial

A pesar de los intentos por ubicar al gobernador Oscar Mario Jorge, al ministro de Hacienda, Ariel Rauschenberger, y al ministro de la Producción, Abelardo Ferrán, para conocer si La Pampa adherirá al decreto de necesidad y urgencia que coparticipa el 30 por ciento de las retenciones a la soja, ninguno de los funcionarios pudo ser ubicado ayer. Sin embargo, fuentes gubernamentales que hablaron con LA ARENA explicaron anoche que una copia del decreto presidencial llegó el sábado a la Casa de Gobierno y no hubo tiempo para analizarlo. Sin embargo, aclararon que "nada hace pensar que la Provincia no se vaya a adherir a la coparticipación de las retenciones a la soja".
La Pampa recibiría por ese concepto 117 millones de pesos.

Por su parte, la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), rechazó el decreto de necesidad y urgencia y expresó su profunda preocupación por la decisión del gobierno nacional de coparticipar retenciones a la soja a las provincias y municipios "justo tres meses antes de las elecciones legislativas". Y pidió a los gobernadores que se manifiesten en contra de la medida a la cuál deben adherir, según establece el texto del decreto de necesidad y urgencia.

A través de una solicitada que se publica en la página 6 de esta edición y que lleva como título "Por plata bailan sólo los monos", la entidad rural afirmó que "prejuzgando que sus propias ambiciones financieras 'por las que baila el Poder Ejecutivo Nacional', podrían hacer bailar a los gobernadores e intendentes, el decreto anunciado por la Presidenta otorga una dádiva a costa de los productores sumergidos en una carga tributaria expropiadora".

El texto indicó que "confiamos en la dignidad de los funcionarios locales, muchos de los cuales ya se han manifestado en contra, y reafirmamos la conducta de los productores. Las retenciones son impuestos a las importaciones. El Gobierno antes lo negaba y ahora lo admite al coparticiparlas. Esos tributos sólo pueden ser establecidos por el Congreso Nacional, y los actuales no lo fueron. Por lo tanto, son inconstitucionales. Los decretols de necesidad y urgencia no pueden tratar sobre cuestiones fiscales. Por lo tanto, el anunciado por la Presidenta es inconstitucional".

También afirmaron que la coparticipación federal es un derecho constitucional de las provincias, que debe ser acordado y sancionado en el Congreso por una "ley convenio" y que los municipios no son estados independientes, por lo tanto consideraron que la decisión presidencial es "antifederal pues les quita el derecho a las provincias y se los reemplaza con una concesión económica".

Carbap comentó que "siempre sostuvimos y seguimos sosteniendo la necesidad de coparticipar a través del Impuesto a las Ganancias los dineros recaudados por el Estado, como base fundamental del esquema republicano y federal. No es a través de la antojadiza alícuota de un impuesto sectorial como se va a distribuir equitativamente el dinero recaudado por el Estado".

"Estamos ahora ante una nueva maniobra electoralista, agresiva contra nuestro sector, humillante para el interior, arbitraria e ilegítima, surgida, otra vez, nada menos que de la titular del Poder Ejecutivo Nacional, el que de este modo no respeta la Constitución que juró hacer cumplir", concluyeron.

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