En PAMI no contestan las llamadas telefónicas

Los abogados que representan a la firma propietaria del inmueble aún no lograron contactarse con Luis Alberto Calderaro, gerente de Coordinación de Unidades de Gestión Local de la obra social.
El conflicto desatado a partir de la orden de desalojo del PAMI local dictada por el Juzgado Federal de Mercedes continúa sin solución. Hasta las últimas horas de la tarde del jueves, cuando se elaboró esta nota, los abogados que representan a Arezzo Automotores S.A. no habían podido comunicarse con Luis Alberto Calderaro, gerente de Coordinación de Unidades de Gestión Local de la obra social a nivel central.

El funcionario mantuvo una reunión con los letrados la semana pasada, donde se comprometió a firmar un nuevo contrato de alquiler el lunes último. Ese día, sin embargo, el abogado Roberto Ulloa no pudo dar con Calderaro, quien "había sufrido el retraso del vuelo" que lo debía traer de regreso a la ciudad de Buenos Aires.

Durante el transcurso de la semana, el gerente de Coordinación de Unidades de Gestión Local permaneció "desaparecido en acción", tal como calificó el representante de Arezzo a la falta de comunicación de PAMI central.

En ese marco de promesas incumplidas, la orden de desalojo aún no se hizo efectiva por el asueto judicial dispuesto por la Suprema Corte ante la pandemia de Gripe A. A partir del próximo lunes, cuando comience la feria judicial, los responsables de la obra social de los jubilados tendrán otros 15 días de respiro para intentar resolver la difícil situación de la UGL regional con sede en Luján.

De cualquier manera, si PAMI pretende evitar que toda la documentación termine dispersa en la calle Almirante Brown, deberá alcanzar un nuevo acuerdo de locación con la firma dueña del local. Cabe recordar que el contrato anterior se venció en diciembre y que desde ese entonces se adeuda el pago del alquiler.

En tanto, un grupo de jubilados encabezado por el incansable Agustín "Tino" Moglie avanza en la elaboración de una denuncia judicial contra los responsables de la institución pública por manejo irresponsable de los fondos públicos.

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