El gobierno nacional suscribió ayer un acta acuerdo la Cámara de Industrias de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (Cilfa) y en Cooperala, para renovar desde el 1º de abril y por un año el contrato de provisión de medicamentos al Pami, la obra social de los jubilados, con descuentos del 5% sobre las listas de febrero y precios máximos preestablecidos más un nuevo esquema de licitaciones.

“Queremos que el beneficio que pudiésemos conseguir se note paulatinamente en el mostrador, cuando el jubilado vaya a retirar los medicamentos”, aseguró el director del Pami, Sergio Cassinotti. Remarcó que la cobertura “va a seguir igual” y que “los medicamentos que tienen cobertura al 100 siguen así, el 80 por ciento de descuento para los (medicamentos) crónicos también, no se verá perjudicado para nada el monto de bonificación”.

El funcionario aseguró que “fueron días larguísimos” con referencia a lograr un acuerdo con la cámara y explicó que con los laboratorios internacionales fue más sencillo porque ellos “están más acostumbrados a competir, a procesos de licitación con otros mecanismos”, como se hace en otros países, pero “el Pami no hacía licitaciones desde hace muchos años”.

Si bien hoy continuaba la negociación por la sintonía fina del convenio, la Casa Rosada logró el propósito tras amenazar a las proveedoras por “cartelizar” sus políticas comerciales. Hubo fuertes discusiones y hasta una declarada intención oficial de denunciar a los laboratorios por violación a la ley de Defensa de la Competencia, pero finalmente hubo un entendimiento.

El Instituto Nacional de Servicios de Salud de Jubilados y Pensionados (INSSJP) y la jefatura de Gabinete -según reveló La Nación- ya se habían anotado una victoria la semana pasada, cuando rubricaron un acuerdo con los laboratorios extranjeros, nucleados en la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (Caeme). Lo vivieron como una manera de dividir el frente sectorial y aislar a los nacionales, que finalmente acordaron en las últimas horas.

La administración nacional logró con ese primer paso con los extranjeros un argumento convincente para dejar a los nacionales con menor margen de negociación: sin acuerdo se abriría la importación masiva, con costo social en la cadena productiva del país pero con mejores precios para las prestadoras. Una ecuación con una relación de costo beneficio que el gobierno de Macri estaba dispuesto a asumir.

El acuerdo limita el incremento en el precio de los medicamentos a no más del 70% de lo que suba la inflación, con ajustes trimestrales, más un descuento del 5% sobre los precios vigentes a febrero. Además, establece un sistema de precios máximos para los que se aplican a tratamientos ambulatorios. Las nuevas listas irán entrando en vigencia progresivamente por clases terapéuticas: antiulcerosos, contra el colesterol, anti hipertensivos, analgésicos y para el asma. Luego el resto.

Los medicamentos oncológicos, contra el sida o los requeridos en tratamientos especiales tendrán distintas escalas de descuentos e igualmente mantendrán el tipo que les impide aumentos más allá del 70% de la inflación oficial.

El convenio de Pami con los laboratorios nacionales -como con los extranjeros- deja en claro que cada firma podrá decidir si aplica las nuevas listas a la venta al público o si asume precios diferenciales para el mercado farmacéutico y en los acuerdos con prepagas y obras sociales.

Un gran mercado

El pasado año el Pami pagó medicamentos por unos $30 mil millones. La industria farmacéutica vendió en el país por $97.286 millones según datos del Indec, lo que representó 27% más que en 2016. De total de lo comercializado el año pasado, $66.981 millones fueron facturados por los laboratorios nacionales y $27.473 millones fueron por “los importados”. A su vez, los nacionales exportaron por $6.182 millones.

Para el presupuesto del Pami es un ahorro $5.000 millones y para el bolsillo de los jubilados unos $1.300 millones al año.