El PAMI acumula $4.500 millones, pero no mejora las prestaciones

El PAMI acumula $4.500 millones, pero no mejora las prestaciones
Una operación puede demorar meses por falta de prótesis. Y el reintegro del dinero de un sepelio, 90 días. Pero los fondos, depositados en el Banco Nación, se usan para prestar a la clase media y a las pymes.
La obra social de los jubilados y pensionados, PAMI, tiene un plazo fijo en el Banco Nación por una cifra que en septiembre fue de 5.250 millones de pesos y que cerró el año 2008 con 4.500 millones. Además posee una cartera de títulos públicos por más de 1.000 millones de pesos. Es dinero que pertenece a los beneficiarios y ha sido aportado por los trabajadores para la cobertura de salud de la clase pasiva. Pero el Gobierno lo destina a subsidiar tasas de créditos que estimulen el consumo de la clase media y el financiamiento de las pymes.

Los funcionarios defienden el esquema de inversión argumentando que el superávit es el producto de la buena administración de los recursos. Otros suponen que si bien es razonable guardar una reserva para atender una crisis, el criterio de “ahorro sideral” es polémico porque se hace a expensas de un congelamiento de la prestación y no se invierte en ampliar y mejorar el servicio.

PACIENTES DEL AHORRO. Josefa Morganti tiene más de 75 años. Hace unos cinco meses sufrió un accidente hogareño que le provocó una fractura de cadera. En la Clínica “Ciudad de Mendoza” le dieron fecha para la cirugía. Su hijo Roberto se ocupó de gestionar la prótesis en la oficina de PAMI local. Cuando la paciente llegó al quirófano, y luego de reunir los consabidos diez donantes de sangre, la enviaron de nuevo a su casa porque la prótesis no había llegado. La operación fue reprogramada para el mes siguiente y la misma situación se volvió a repetir. La intervención se concretó después de cinco meses de espera y padecimiento.

Los plazos se achican en casos excepcionales como el de Brígida Santín. Desde la caída que le provocó la fractura de cadera hasta la cirugía esperó apenas diez días. La prótesis apareció cuando su caso se convirtió en un escandalete provincial porque Brígida, de 84 años, es la Reina Nacional de la Vendimia de 1940.

En octubre pasado, en la rionegrina General Roca, los empleados del PAMI realizaron un paro de actividades denunciando la “ineficacia” de las autoridades nacionales de la obra social. Un anciano beneficiario había intentado agredir a una empleada de Atención al Público, harto de esperar la autorización de una orden. En esa seccional del PAMI, hay un solo médico para auditar y aprobar 900 órdenes de consulta por semana.

NI DESCANSAR EN PAZ. Otro ítem que provoca innumerables quejas son los sepelios. A partir de un decreto de mayo de 2006, quien cubre esos gastos en caso del fallecimiento del titular es la ANSES, en un plazo que en los papeles no debe ser mayor a 30 días. PAMI sólo puede adelantar el dinero que luego le será reintegrado por la ANSES. Si el fallecido es adherente (esposa o esposo del titular), la obra social se hace cargo de los gastos contra la presentación del certificado de defunción. Pero el dinero no se acredita en el momento, sino que se debe esperar alrededor de 90 días para el reintegro. Los organismos que nuclean a los jubilados y pensionados aseguran que esta modalidad perjudica sobre todo a los indigentes. En esos casos, los cuerpos suelen quedar durante días en las morgues de los hospitales hasta que se consigue la cobertura para el ataúd, velatorio, coches fúnebres y entierro. En el momento de entrar en vigencia la nueva norma (Decreto Presidencial Nº 599 del 15 de mayo de 2006), un cálculo estimativo mostraba que se producían aproximadamente 11 mil fallecimientos mensuales de jubilados y pensionados, lo que implicaba una erogación de 130 millones de pesos anuales.

En noviembre pasado, personal y pacientes del Hospital Francés (que en la actualidad gira en la órbita de PAMI) denunció despidos ilegales y deficiencias en las prestaciones de alta complejidad, tales como tomografías computadas, resonancias magnéticas, diálisis y medicina nuclear. Asimismo, cerraron las instalaciones de la clínica que el hospital (convertido en servicio de medicina prepaga) tenía en el Cid Campeador y el hogar de Parque Chacabuco.

Esos casos son apenas un muestreo ligero de fallas en un sistema que con su recaudación actual bien podría funcionar de otro modo. Pero no.

LA PLATITA. En todo el sistema financiero, y según datos del Banco Central, hay unos 96.434 millones de pesos colocados a plazo fijo. De ese total, 25.577 millones pertenecen al sector público. Una quinta parte es del PAMI. Además, al Instituto le endosaron el mes pasado un cóctel de títulos públicos por 1.000 millones de pesos. Todo ese dinero representa un año y medio de atención médica para los más de 3,2 millones de afiliados del PAMI. Los plazos fijos del PAMI se aplican a la financiación de las tasas de los créditos para el consumo y la producción de pymes a través del Banco Nación. La banca estatal le paga al Instituto un 12 por ciento anual. Y presta al 13 o 15 por ciento. La ganancia que obtiene con esa diferencia parece pequeña, pero no lo es. Equivale, por ejemplo, al presupuesto anual de 130 millones de pesos para sepelios. El plus no vuelve al PAMI. Se queda en el banco.

Cinco años en el limbo administrativo

Durante el gobierno de Eduardo Duhalde se modificó la ley 19.032 de creación del PAMI, por aquellos días conducido por el chubutense José Manuel Corchuelo Blasco. La modificación introdujo algunas variantes en la estructura directiva de la entidad y dispuso que la intervención sólo podía prolongarse durante seis meses, lo que duró la gestión de Juan González Gaviola al inicio de la presidencia de Néstor Kirchner. El plazo venció en enero de 2004. Entonces, un decreto de Kirchner reemplazó al interventor por una dirección ejecutiva integrada por un director (Graciela Ocaña, actual ministra de Salud) y un subdirector (José Ramón Granero, hoy a cargo de la Sedronar), que conformarían el “órgano ejecutivo de gobierno” hasta la normalización. Pero ese momento nunca llegó.

El PAMI lleva cinco años en ese limbo administrativo. Hoy, por decisión de Cristina Fernández, el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP) está bajo la dirección de Luciano Di Césare, un abogado santacruceño que acompaña al matrimonio presidencial desde el gobierno provincial y que tiene entre sus credenciales la de ser el yerno del escribano del matrimonio K.

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