El país que supimos construir

El 30 de octubre de 1983 marcó el retorno de las elecciones al país, tras más de siete años de dictadura; el hecho generó ilusiones en la sociedad que, más allá de no verlas cumplidas en su totalidad, defiende el sistema como la mejor forma de gobierno, según lo muestra una encuesta de Gallup.
La democracia fue, en su génesis, una ilusión mayúscula: "Con la democracia se come, se cura, se educa", decía Alfonsín en las vísperas de ese robusto 52 por ciento que le permitió clausurar la rutina de los golpes de Estado, inaugurar la serie constitucional más larga desde el voto popular y derrotar al peronismo por primera vez en su historia. Entonces, el rezo laico del Preámbulo -así cerraba Alfonsín sus discursos de campaña- excitaba multitudes.

Como en muchas sobremesas se atribuía el subdesarrollo argentino a la infatigable alternancia de votos y botas, durante largo tiempo se creyó que la estabilidad constitucional, el día que la hubiera, sería un elixir. No se había podido zurcir con los períodos civiles anteriores a 1983 precisamente una democracia modelo.

El caos del tercer gobierno peronista, acentuado con la orfandad que causó al oficialismo la muerte de su líder, facilitó la sexta dictadura, cuyo legado inigualable de desastres en los terrenos más diversos, desde el económico y el del combate a la guerrilla hasta el bélico, contribuiría a consagrar esa irrupción militar en el poder como la última.

Última en los dos sentidos yuxtapuestos del adjetivo: como cierre de la serie golpista y -aunque sea imposible sentenciarlo ad infinitum- como opción irrepetible.

Han pasado veinticinco años de democracia continuada. Tiempo suficiente como para que la pregunta de si estamos mejor, por lo menos, no suene a nostalgia encubierta de autoritarismo sino que sirva para disparar una revisión crítica.

Algo que también ocupó por estos días a buena parte de los más prestigiosos politólogos de la región, que se reunieron en Montevideo para participar del Segundo Congreso Uruguayo de Ciencia Política, donde se reflexionó, justamente, sobre hacia dónde va la democracia en América Latina.

Guillermo O'Donnell, recién llegado de la otra orilla, pone el balance en perspectiva: "Si se considera de dónde venimos, estamos mejor -no hay nada peor que los años del llamado Proceso- y comparado a la vez con las ilusiones iniciales, hay un grado importante de desencanto. Ese desencanto, aunque sea justificado, no debería significar que se puede pensar en volver al pasado".

Para hablar de lo que falló, O'Donnell pone el acento en el Estado: "Hay tradiciones políticas que vienen de muy atrás, de personalización del poder, tradiciones clientelísticas, la corrupción que ha penetrado profundamente no sólo al Estado sino a la sociedad, corrientes que vienen de antes, que se agudizaron durante el 'Proceso' y que siguen vigentes.

Pero no hay democracia sin un Estado eficaz, al servicio de la ciudadanía. El Estado que recibió el primer gobierno de la democracia estaba arrasado como nunca y ese Estado no ha podido ser reconstruido".

Sueños y promesas

La democracia soñada quizás incluía entre sus promesas -aparte del estado de derecho y las libertades individuales- mayor equidad en la distribución de la riqueza, partidos políticos fuertes, políticas de Estado consolidadas, cierto grado de alternancia, una Justicia independiente y expeditiva, un Congreso más o menos poderoso y representación política con satisfacción ciudadana garantizada: nada que hoy abunde.

Bueno, los partidos sí abundan, hay 710 (37 nacionales), pero eso se debe antes a las facilidades que se dan para crearlos que al éxito de las prestaciones.

Vigor no tienen -creer o reventar- desde que en 1994 se los incorporó a la Constitución y se los calificó oficialmente de fundamentales.

Está a la vista que la atomización, el transfuguismo, las promociones regenteadas a dedo por caudillos, las picardías electorales del tipo listas espejo, los personalismos dirigenciales procreados in vitro en sets de televisión y el fracaso de todos los mecanismos probados de democracia interna, contribuyeron a la anemia de los partidos políticos tanto como a desalentar la participación a través de ellos.

Las demandas sociales descubrieron las ventajas del trámite urgente, el del corte de calles y rutas, nacido en la marginalidad entre los que no podían hacerse escuchar y expandida más tarde a reclamos temáticos e ideológicos de amplio espectro, a esta altura policlasistas. ¿Nos corrimos hacia una democracia directa, en la que la ocupación del espacio público supera la influencia de los partidos políticos?

Dice Marcelo Cavarozzi, doctor en Ciencia Política de la Universidad de Berkeley, que acaba de llegar también del congreso de Montevideo y autor, entre otros libros, de Autoritarismo y democracia: "La política en la calle, que yo diferenciaría de los mecanismos a los que técnicamente alude la democracia directa -es decir, los plebiscitos, las revocatorias de mandatos, las iniciativas legislativas que provienen de la ciudadanía-, es una característica de la política argentina que viene desde muy lejos.

Pero desde la crisis de fines de los ´80 ha sido reforzada por el distanciamiento sistemático de la población en relación a los partidos después de que se esfumara el espejismo partidista del período 1982-1988, cuya acta de defunción fue el triunfo de Menem sobre Cafiero en la interna peronista de 1988".

Quizás nada sea tan fundamental para evaluarla como la perspectiva ciudadana.

Afortunadamente, los peatones tienen una valoración no muy diferente de la que expresa el mundo académico. Según la encuesta Voice of the People, realizada por Gallup el año pasado entre 1.010 argentinos, el 85 por ciento considera a la democracia como la mejor forma de gobierno. A nivel mundial, a Gallup el promedio le dio para ese ítem algo menos de devoción (un 79%, que en el total de América Latina sólo sube a 80%).

Tres de cada cuatro consultados argentinos, incluso, se manifestaron satisfechos con el sistema. Pero a la vez hubo un 48 por ciento que opinó, aunque suene paradójico, que la Argentina no está gobernada de acuerdo con la voluntad de la gente. Otro 45 dijo que sí. De modo que, según esto, la percepción popular parece un homenaje a la conocida frase de Churchill: el sistema falla, pero no hay nada mejor.

O'Donnell desarrolló la idea de democracia delegativa, una concepción del ejercicio del poder supermayoritaria, cesarista, según la cual quien gana una elección tiene derecho a gobernar como le parece, con organismos y sistemas de control débiles.

Para el autor de El Estado Burocrático Autoritario, la democracia delegativa, de la que hay fuertes componentes en la Argentina de estos veinticinco años, "es profundamente anti representativa y agresivamente anti institucional". Varios politólogos entienden que en la Argentina corren distinta suerte la ciudadanía política, la social y la civil.

Está claro que el hecho de que se haya votado cuanto menos cada dos años desde 1983 no significa que no se hubiera retrocedido en el alcance y distribución de importantes derechos. La desocupación, la pobreza y la indigencia tenían menos volumen cuando arrancó la democracia, más allá de que hayan descendido en los últimos años de las cumbres a las que habían trepado después de la crisis.

Reglas y transgresiones

Opina la politóloga María Matilde Ollier, profesora e investigadora de la Universidad Nacional de San Martín, que uno de los mayores defectos de la democracia argentina atañe a las reglas.

“Las reglas formales son muy inestables y quienes más precisan de ellas son los pobres”.

Podría agregarse que, desde el vamos, tampoco las reglas institucionales son aquí sagradas, como lo confirma la falta de orden en las sucesiones presidenciales, cruza de inestabilidad política y emergencia económica. De los seis presidentes que hubo en estos 25 años (excluida la presidenta en curso, quien fue elegida hasta diciembre de 2011), sólo uno -el primer Menem- completó el mandato estipulado en la Constitución vigente en la época (seis años).

Los demás cayeron antes o tuvieron mandatos estirados, mandatos anormales: por una cosa o por otra no le embocaron a lo que disponía la letra constitucional. Alfonsín duró cinco años y medio en vez de seis; el segundo Menem y Kirchner, con patriótica vocación de emparchadores, se concedieron mandatos extraordinarios de cuatro años y medio cada uno en vez de cuatro.

De la Rúa apenas cumplió dos años como presidente y Duhalde, designado por el Congreso para llegar a diciembre de 2003 y regularizar la serie alterada, prefirió irse seis meses antes, lo que volvió a demorar la normalización (por eso un Kirchner asumió en otoño y otro al final de la primavera).

Menos sirvió lo votado por el pueblo para resolver vacancias. Los vicepresidentes nunca están cuando hacen falta, en las crisis presidenciales, pero tienden a descollar como rivales o enemigos -jamás sucesores- de su compañero de fórmula (Duhalde, Álvarez, Cobos).

Mientras las reglas vigentes no se cumplen en plenitud, es muy común que se proponga cambiarlas: hay que ir hacia un sistema parlamentario, repiten políticos de variada extracción.

Casi nadie explica por qué la reforma constitucional de 1994 no consiguió mejorar el sistema federal (nunca se creó el régimen de coparticipación que se había ordenado). Se consolidó, a su vez, el poder de lo que Cavarozzi denomina el cuasi distrito que contiene el 25 por ciento del electorado, el Gran Buenos Aires, cuyos intendentes, en su mayoría peronistas, se convirtieron en electores casi imprescindibles de cualquier presidente.

Tampoco consiguió la nueva Constitución frenar el progresivo deterioro del sistema de representación, que estallaría en 2001 bajo el clamor de “que se vayan todos”.

La generación de nuevos dirigentes, al cabo, fue escasa. Aparte de los que podrían ser vistos como intermedios (Carrió, Binner, Solá, Stolbizer, Cobos, los Kirchner), coexisten políticos veteranos (Alfonsín, Duhalde, Menem, Cafiero) con algunos emergentes del siglo XXI (Macri, Massa, Capitanich, Urtubey, Fabiana Ríos, Michetti), mientras desaparecieron del Congreso los líderes, las figuras, los grandes oradores.

La democracia 1983-2008, contemporánea, en fin, de la globalización que rebajó el poder de los gobiernos, subió el de las grandes corporaciones y potenció a los medios de comunicación, no pudo crear mecanismos eficaces contra la corrupción ni finiquitó en 25 años el procesamiento del trauma nacional de los años setenta.

En cambio, repuso el estado de derecho, revalorizó las libertades públicas y plantó un marco plagado de desafíos. En un país que había llegado a instaurar la eliminación del oponente como política de Estado, consiguió -lo que no es poco- el procesamiento pacífico de los conflictos. La Nación

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