País inimputable.

Por: Silvio Santamarina.

La crisis tiene salida "made in Argentina" sólo si la clase dirigente se compromete a debatir e impulsar proyectos de nación con futuro. Silvio Santamarina.

La Argentina y Brasil arrancaron la década de 1970 con sendos proyectos de industria aeronáutica nacional: la fábrica de aviones Chincul SA, instalada en San Juan, y la brasileña Embraer. Ambas crecieron con el respaldo estatal, pero cuando la inflación de los 80 y la globalización de los 90 las puso en crisis, sus destinos se bifurcaron. La empresa argentina cerró. La brasileña fue privatizada, reservando una acción de oro estatal, y se convirtió en uno de los gigantes de la industria aeronáutica mundial, con capacidad para proveer de naves made in Brazil a la línea de bandera argentina. Dos modelos de país, o mejor dicho, uno con proyecto de nación y otro no.

El parámetro de la aeronavegación es interesante como símbolo del potencial de desarrollo de una sociedad, aunque pueda pecar de reduccionista. Por ejemplo, la aviación civil de Venezuela alcanzó en los últimos años el triste liderazgo en el ránking mundial de accidentes mortales, por falta de capacitación y de tecnología aplicada, a pesar de la riqueza petrolera que inundó las arcas del Estado bolivariano.

De los cielos a la tierra, el dilema es el mismo. En el parque industrial de Rafaela, una de las zonas más prósperas de Santa Fe, la calma chicha de la siesta no oculta la incertidumbre que crece a la sombra, puertas adentro de las fábricas. Desde que se declaró el bajón de la economía nacional e internacional, casi todas las empresas empezaron a sentir el golpe; el síntoma más difundido es el acortamiento de los pedidos adelantados de mercadería e insumos: antes, los clientes "se stockeaban" con un año de anticipación, ahora se trabaja con apenas unos meses de antelación, o directamente se opera comprando insumos al día. Uno de los pocos rubros que esquivó el parate, o que incluso goza de una tendencia positiva opuesta al resto de la industria local, es el de la fabricación y venta de cámaras frigoríficas. Por efecto de los torniquetes de Guillermo Moreno en el mercado de la carne, tanto local como de exportación, los frigoríficos precisan más depósitos de congelamiento para conservar su producción hasta que le llegue el turno de ser comercializada. Lo mismo sucede con los que fabrican silos bolsa.

Pero incluso en Rafaela la realidad tiene dos caras. Esta semana, en el Centro Comercial e Industrial de esa ciudad, cuarenta dirigentes se juntaron en un almuerzo para debatir cómo responderle a la crisis. No era un lobby de inversores destituyentes: había empresarios chicos, medianos y grandes, dueños de fábricas, empresas de servicios y hasta representantes de la Sociedad Rural de la zona; estaba el intendente y el ex intendente, peronistas ambos, pero de líneas opuestas. A pesar de la diversidad de intereses, todos fueron una rara muestra de diálogo y cooperación. Bajo el paraguas de la Asociación de Empresarios Marchigianos de la República Argentina y de la Fundación Territorio, hombres y mujeres de negocios y de la política planificaron un programa de intercambio comercial con sus pares italianos que se formalizará a fin de año en un foro internacional en la misma Rafaela, ciudad que no casualmente fue calificada por Cristina Fernández como un "ejemplo de modelo virtuoso". Es decir, ni Estado versus mercado, ni viceversa. Tampoco campo versus fábrica, ni crecimiento versus equilibrio social. Sólo voluntad de pensar, debatir y desarrollar proyectos de país.

Es cierto que las antinomias son las herramientas favoritas de los políticos en campaña y de los medios de comunicación que traducen la puja electoral en un fenómeno de opinión pública. Y eso embarra la cancha e impide debatir en serio. Pero también es cierto que, al menos en teoría, las elecciones son el ámbito más efectivo para que la sociedad presione a sus representantes a buscar soluciones para sus problemas urgentes, llámese el hambre, la marginalidad, el dengue, la educación ineficaz o la inseguridad. El dilema durante la campaña electoral siempre ha sido, tanto para el Gobierno como para la oposición, qué temas urgentes dejar entrar al debate, y qué temas eludir. Con la inseguridad, el kirchnerismo intentó hasta hace poco patear la pelota afuera, relativizando los reclamos sirviéndose de argumentos ideológicos y procesales que no convencieron a nadie. No sólo no se convencieron los supuestos "enemigos de clase" del oficialismo, tampoco se calmaron los sectores populares del conurbano, que el Gobierno contabiliza con orgullo como propios. Por eso Néstor Kirchner –apuntalado por sus ministros, gobernadores y legisladores– abandonó su explicación testimonial del trasfondo económico de la inseguridad, y se sumó a la lista de los que plantean la necesidad de bajar la edad de imputabilidad para los delitos violentos. El Gobierno jura que no es una reacción espasmódica y oportunista por miedo a un escrache popular en las urnas, sino que se trata de una política de Estado. No se entiende, entonces, por qué la Presidenta no lanzó la iniciativa contra la inseguridad en su discurso de apertura de sesiones legislativas, donde sólo pidió una nueva Ley de Radiodifusión. El Congreso es un buen escenario para demostrar que el Gobierno tiene, además de un proyecto de poder, un proyecto de país.

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