Un país confundido

Por Adrián Ventura

En algunas ocasiones, es muy difícil para el ciudadano común entender lo que hace la Justicia. Pero el país parece crecer como un árbol retorcido.

Por el caso Cromagnon, un tribunal oral condenó al titular de local, Omar Chabán; al manager de la banda Callejeros, y a un jefe policial. Pero absolvió a los integrantes del grupo musical y condenó a penas menores (de apenas dos años) a dos funcionarios del área de control municipal.

La clave para entender las condenas de los tres primeros y la absolución de los integrantes de Callejeros se entiende si se lee el fallo como un castigo a quienes, según el tribunal -cuya decisión será revisada por la Cámara de Casación-, fueron los únicos organizadores del recital, responsables directos del deber de cuidado y de seguridad del público.

Pero, al margen de la desazón que muchos sintieron con la absolución de los músicos, hay un hecho menos llamativo pero igualmente grave: si los ex funcionarios del área de control hubiesen cumplido con las tareas para las que se les pagaba el sueldo, el desenlace no se hubiera producido. Como no lo hicieron, el tribunal los condenó al máximo de la pena prevista para los funcionarios que no cumplen sus deberes y, además, aconsejó al Congreso que elevara esas penas. La decisión es formalmente correcta, pero el ciudadano puede sentirse burlado: ¿acaso el Estado, que exige a sus ciudadanos pagar impuestos tan altos, no es el principal responsable de la seguridad? Los argentinos tienen sobrados motivos para sentir, día a día, que no son dueños de su destino.

Mucho más grave que el caso Cromagnon, por lo menos desde el punto de vista cualitativo, fue el ataque a la AMIA, por haberse tratado de un atentado terrorista que se planificó intencionalmente para producir muertes en masa, aunque el número de fallecidos haya sido ocasionalmente inferior a la cantidad de personas que fallecieron en la discoteca. Anteayer, la presidenta Cristina Kirchner y su jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, cuando asistieron al acto conmemorativo, no se llevaron más reproches que el previsible y reiterado reclamo de hallar a los culpables. Es curioso, porque sólo el Gobierno tiene el poder suficiente para echar luz sobre la posible responsabilidad que pudieron haber tenido muchos funcionarios -por cierto, de gobiernos anteriores- y organismos, entre ellos la Secretaría de Inteligencia, en el fracaso de la pesquisa judicial.

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En el ámbito de la justicia porteña, ayer, el jefe del gobierno porteño, Mauricio Macri, propuso como jueza del Tribunal Superior de la ciudad, para el cargo que dejó el penalista Juli Maier, a Daniela Ugolini, actual fiscal ante la cámara en lo contencioso y ex integrante de la Procuración porteña. Había otros candidatos sólidos: algunos proponían a dos prestigiosos penalistas; otros, a Inés Weimberg de Roca, ex jueza del Tribunal Internacional para los Crímenes de Ruanda. Macri, sin embargo, apostó a la dilatada experiencia que tiene Ugolini, una persona que no es macrista, pero es moderada, y conoce a fondo el funcionamiento de la ciudad.

En cambio, en el Congreso Nacional, diputados y senadores asumieron que no está entre sus prioridades la reforma del Consejo de la Magistratura, la institución judicial más escandalosa de la Argentina por los contubernios que allí crecen. Una ceguera inexplicable.

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