Pagarán 38% más por accidentes laborales

Crítica de la Argentina adelanta las nuevas normas: los topes que deben pagar las ART a los trabajadores se triplican. Se amplían las coberturas. Pese a los cambios, en la CGT creen que puede continuar la litigiosidad.
Las indemnizaciones por accidentes de trabajo subirán menos de 40% una vez publicados los decretos de reforma del sistema elaborados por el Gobierno. Las normativas, a las que tuvo acceso Crítica de la Argentina, contemplan una triplicación de los topes indemnizatorios y de las sumas fijas que se pagan de acuerdo al grado de incapacidad generada por el siniestro, pero no de los montos promedio de los resarcimientos. La mejora representará para los empleadores pagar un 12,5% más que en la actualidad por las alícuotas del seguro.

El Gobierno espera que la suba de las indemnizaciones logrará desalentar los juicios civiles por accidentes laborales.

La falta de acuerdo entre las cámaras patronales y la CGT frustró la elaboración de una nueva ley de riesgos del trabajo, pendiente desde que en 2004 la Corte Suprema decretó la inconstitucionalidad de varios aspectos del actual sistema. La reforma que impulsa el Ejecutivo consta de siete decretos, un proyecto de resolución del Ministerio de Trabajo y una reglamentación que quedará a cargo de la Superintendencia de Seguros.

Los aspectos centrales apuntarán a mejorar los resarcimientos económicos, ampliar la cobertura de las ART, agilizar los trámites y bancarizar por completo los pagos.

El primer decreto triplica los montos fijos que se abonan en las indemnizaciones:

• Por incapacidad parcial grave el pago subirá de 30 mil a 90 mil pesos.

• Por incapacidad total, de 40 mil a 120 mil pesos.

• Y, por muerte, de 50 mil a 150 mil pesos.

• Mientras que el tope por todo concepto para los resarcimientos se elevará de los actuales 180 mil a 540 mil pesos. Este último punto fue objetado por técnicos de la CGT, para quienes el límite motivará nuevos planteos de inconstitucionalidad.

En el borrador oficial del decreto se establece que "la mejora en las indemnizaciones promedio es de un 38,3 por ciento" y no una triplicación, como trascendió en los últimos días. La diferencia se explica porque la nueva normativa sólo modificará los montos fijos pero no la fórmula de cálculo para la reparación. En las empresas dijeron que en los últimos años los montos promedio de los pagos se actualizaron a un ritmo similar al de los salarios del sector privado.

El sistema en su conjunto pasará a tener un costo global de 3,04% de la masa salarial que abona cada empresa, del 2,8% actual, es decir una suba del 12,5 por ciento.

El decreto sobre las indemnizaciones también incorpora un criterio de actualización basado en el RIPTE (remuneraciones imponibles promedio de los trabajadores estables), una fórmula publicada por la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo.

Este punto también recibió críticas por parte de los sindicatos, que reclamaron hacer el cálculo de actualización según la misma fórmula aplicada para los haberes jubilatorios, que suben dos veces al año.

Otra de las normas que el Ejecutivo prevé publicar en los próximos días aclara y amplía las obligaciones de las ART en materia de prevención, al incorporar los conceptos de "empleadores con riesgo crítico o en actividades con riesgo específico". Las aseguradoras también deberán concurrir a los establecimientos cubiertos para verificar el cumplimiento de las normas de prevención y elaborar un informe para entregarlo en la empresa y la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT).

Las ART, además, tendrán la obligación de denunciar los obstáculos que eventualmente encuentren de parte de los empleadores en su tarea de fiscalización. Y también, "mantener un registro de siniestralidad por establecimiento".

En cuanto a las actividades con "riesgo específico", las ART "deberán efectuar el seguimiento de la ejecución de las recomendaciones realizadas a los empleadores asegurados". Mientras que en los establecimientos denominados de "alta siniestralidad" tendrán que diseñar un plan de acción orientado a evaluar en forma periódica "los riesgos existentes y su evolución".

Un tercer decreto establece la prohibición de contratar con el Estado para aquellas empresas que, "después de haber sido calificadas como establecimientos que registran alta siniestralidad, no sean excluidas formalmente de dicha calificación luego de dos períodos anuales sucesivos".

Los cuatro decretos restantes amplían el uso de un fondo fiduciario a tres nuevas enfermedades profesionales; crean un registro de contratos entre aseguradoras y empleadores; facilitan el trámite de denuncia de un accidente y agilizan su tratamiento por parte de las comisiones médicas, y extienden el listado de enfermedades profesionales al incorporar hernias inguinales, várices y lumbalgias.

En cuanto al proyecto de resolución que quedará a cargo de la cartera laboral, obliga a las ART a bancarizar el pago de todas sus prestaciones dinerarias. Sobre este último punto, además, se excluye del pago del impuesto al cheque a las indemnizaciones. Esta normativa apuntará a evitar la manipulación de los resarcimientos por parte de quienes no estén directamente involucrados con el accidentado.

Un golpe directo a los brokers

La reforma que el Gobierno impulsa sobre el sistema de riesgos del trabajo contiene una resolución orientada a limitar los gastos burocráticos del régimen. Fuentes oficiales dijeron a Crítica de la Argentina que los costos de producción y venta de los seguros insumen cerca de 500 millones de pesos al año, lo que representa un encarecimiento estéril del sistema.

En esta línea, la resolución establece que "las ART podrán asignar a gastos de producción de venta hasta el 5 por ciento del total de lo recaudado en concepto de alícuotas".

La normativa, que generará malestar y quejas por parte de brokers y productores, será de difícil aplicación, según coincidieron en señalar directivos del sector y técnicos de los sindicatos.

En la actualidad, la producción y venta de los seguros se lleva no menos de 10% de la recaudación del sistema.

La resolución también obliga a las aseguradoras a "limitar su presupuesto en gastos de administración al porcentaje que establezcan conjuntamente la Superintendencia de Riesgos del Trabajo y la Superintendencia de Seguros de la Nación".

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