La protesta vecinal y las quejas opositoras. Una estación transformadora cuya construcción, en pleno barrio Sur, se suspendió. Un convenio para que el Gobierno reconozca y abone los millonarios costos de la obra trunca por la resistencia vecinal. La controvertida historia de la planta eléctrica Ayacucho desembarcó finalmente en la Legislatura. 

La Provincia giró a la Cámara durante la primera semana de enero un acta acuerdo por el cierre de obras de infraestructura de la red de transporte eléctrico. De esta manera, se reflota una polémica que, inclusive, contó con un capítulo en la Justicia.

El acuerdo firmado el 26 de noviembre de 2015, establece que el Poder Ejecutivo (PE), aprueba la disolución del contrato con la empresa EDET para la construcción de una Estación Transformadora en Ayacucho 266 que se interrumpió en 2012, luego de una airada protesta vecinal. Afirma, sin embargo, que el Gobierno se hará cargo de reconocer y abonar por la obra civil ejecutada, proyectos de ingeniería, equipos y materiales adquiridos, entre otros ítems.

“(...) A raíz de la no conclusión de las obras, y teniendo en cuenta la obra civil ejecutada, proyectos de ingeniería, equipos y materiales adquiridos y provistos por EDET corresponde que los mismos sean reconocidos y abonados en un todo de acuerdo a las previsiones contempladas en el convenio aprobado por la ley N° 8.342”, consigna la cláusula cuarta del acta acuerdo. 

Sergio Sánchez, presidente del Ente Único de Control y Regulación de los Servicios Públicos Provinciales de Tucumán (Ersept), detalló que el organismo recibirá el costo final de los trabajos que se alcanzaron, que es el que se deberá pagar o realizar las compensaciones correspondientes. “La decisión de paralizar esta obra fue del Estado, la pregunta que cabe es quién asume la responsabilidad de los costos por este hecho excepcional (por la suspensión de los trabajos). No soy abogado, pero es bueno hacerse esa pregunta, ¿a quién le transfiero los costos de esta decisión?”, expresó el ingeniero.

Una década atrás

El Poder Ejecutivo encargó en mayo de 2006 un Plan de Obras de Transporte de Energía Eléctrica para la provincia, proyectado entre 2006 y 2016. La Legislatura sancionó el 17 septiembre de 2010, en base a ese estudio, la ley N° 8.342 por la que, en 14 artículos, se declaraba la Emergencia del Sistema Eléctrico de Transporte por distribución troncal hasta 2012 (fue prorrogada en dos ocasiones). Esa norma, promulgada por el PE el 22 de septiembre de ese año, aprobaba el plan de obras elaborado cuatro años atrás. Además, se declaraban prioritarios los estudios y la inversión de la Provincia vinculados con la generación de energía eléctrica renovable. 

En 2012, iniciaron las obras para la construcción de una conexión de una línea de Cable Armado Subterráneo (CAS), entre la sede central de EDET (en avenida Avellaneda al 200), hasta la dependencia ubicada en Ayacucho 266, donde se había establecido que se construyera una Estación Transformadora de electricidad. Las obras fueron tasadas en 2010 por una suma cercana a los $ 20 millones.

El Concejo Deliberante aprobó, el 14 de septiembre del mismo año, la excepción del Código de Planeamiento Urbano a la estación en construcción. El peronismo había presentado sobre tablas (sin estudio previo de una comisión), un proyecto solicitado por el Ente Provincial Regulador de Energía (Epret) -sustituido por el Ersept- debido a que la obra proyectada tendría 14 metros de altura, cuando el código permite hasta 10 metros a una edificación de esas características.

A partir de allí comenzó la polémica con los reclamos de vecinos y dirigentes políticos, que cuestionaban el impacto a la salud de una obra de esas características en una zona residencial. Las quejas llegaron a la Justicia, con la presentación de un recurso de amparo y con una denuncia en la Justicia Federal de José Cano y Silvia Elías de Pérez(entonces en el Senado y la Legislatura, respectivamente). El Ente Nacional de Regulación de la Electricidad (ENRE), organizó el 8 de noviembre una segunda audiencia pública donde los cuestionamientos acabaron por decantar en la suspensión de la obra. 

Cierre de obra

“Vamos a pagar a EDET por la absoluta falta de control del Gobierno de (José)Alperovich en temas tan delicados para los tucumanos, como los posibles daños a la salud de los vecinos en caso de que la misma hubiese sido puesta en funcionamiento”, reclamó la ahora senadora Elías de Pérez. De acuerdo a su estimación, y con base en la documentación de la obra, las tareas realizadas hasta la suspensión ascenderían a $ 2.458.000, a valores de 2010. 

La radical se había sumado a los reclamos de los vecinos y denunciado una serie de irregularidades en la elaboración de los presupuestos de obras, y en el estudio ambiental. “Cuando un gobierno hace las cosas mal y antepone los intereses personales o de amigos, sin importarles las personas, es el pueblo el que termina pagando los costos de ese descontrol y éste tiene un precio muy caro. Por ello, nos preguntamos cuál es el monto total y definitivo que debe abonarse a EDET por lo ejecutado tanto en materiales como en mano de obra”, finalizó.

En el predio de Ayacucho al 200 se observan ahora los hierros que sobresalen de las paredes de hormigón armado, donde estaba proyectado que se coloquen los transformadores eléctricos.