Por Adrián Simioni, Horacio Serafini y Julián Cañas

El bono para diciembre que por estas horas discuten en todo el país ministros nacionales, gobernadores e intendentes con los sindicatos de empleados públicos les costaría a los contribuyentes 6.916,9 millones de pesos si es que la cifra que da vueltas en las negociaciones (dos mil pesos) fuera la misma para los 3,5 millones de estatales empleados de la Nación, las provincias y los municipios.

Los datos surgen de una estimación realizada para La Voz por la consultora Idesa, sobre estadísticas del Ministerio de Trabajo de la Nación y del Sistema Integrado Previsional Argentino (Sipa).

¿Qué significan tantos millones? En la Dirección de Vivienda de Córdoba calculan que una vivienda social estándar, de dos dormitorios, sin infraestructura, cuesta 500 mil pesos. Con 6.900 millones podrían construirse 13.800 casas de ese tipo.

Al Gobierno nacional, el bono para sus 740 mil empleados le costaría 1.478 millones de pesos, que se sumarían a los 7.500 millones que la gestión macrista gastará para el bono que anunció a jubilados que cobran la mínima y a hogares beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) o que dejará de recaudar por las rebajas otorgadas en el Impuesto a las Ganancias.

Para darse una idea: esos casi 9.000 millones de pesos implicarían incrementar en 41 por ciento el déficit fiscal, ya de por sí muy elevado, que se registró en el mes de septiembre.

En el caso específico de la provincia de Córdoba, el cálculo de Idesa postula un costo (siempre suponiendo que los dos mil pesos no impliquen el pago de contribuciones patronales) de 275,2 millones. De todos modos, los gremios de sus casi 138 mil empleados lo rechazan. Exigen aumento salarial (ver aparte).

La Provincia logró equilibrar sus cuentas, que en junio mostraron un resultado fiscal positivo de 3.327 millones. 

Pero lo pudo hacer en un año en que empezó a recibir importantes recursos extraordinarios de la Nación (devolución del 15 por ciento de Ganancias, entre otros) y porque recortó profundamente el gasto en obras públicas: a junio, un 11 por ciento inferior al primer semestre del año pasado en términos absolutos. Si se considera la inflación, el recorte probablemente ronde el 40 por ciento.

Para el conjunto de los municipios de Córdoba, pagar dos mil pesos a cada uno de los 441 mil municipales implicaría gastar 80 millones de pesos. 

A la Municipalidad de Córdoba le costaría alrededor de 23 millones. El municipio capitalino ya está en rojo. Cerró 2015 con un desequilibrio de 330 millones, que, según el concejal opositor Martín Llarena, bordea los 500 millones si se consideran anticipos de coparticipación que correspondían a 2016 y que concedió la Provincia.

Las provincias de todo el país tienen 2,28 millones de empleados públicos registrados. Y el bono les costaría, a los 24 gobernadores, 4.555 millones de pesos. Todos los intendentes de Argentina firman los cheques de casi 442 mil empleados públicos cada mes. Y para el bono deberían desembolsar 883 millones.

Sin asistencia nacional

La Casa Rosada insiste en que la Nación no pagará el bono de empleados provinciales, como esperan muchos gobernadores.

Lo reiteró ayer ante La Voz el ministro de Hacienda, Alfonso Prat Gay. El funcionario también dejó claro que el bono para los empleados públicos nacionales no se trata en su cartera y que es una cuestión en la órbita del Ministerio de Modernización.

“Somos muy respetuosos del federalismo”, insistió Prat Gay en la conferencia de prensa en Olivos, ante la pregunta de La Voz acerca de si la Nación podría ayudar a las provincias a afrontar ese pago. 

Sobre todo, se le recalcó, después de que la gobernadora macrista bonaerense, María Eugenia Vidal, dijo, anteayer, que no cuenta con los recursos para hacerlo.

El titular de Hacienda agregó: “Cada provincia es absolutamente libre y autónoma para decidir su política salarial. No tenemos inconveniente en que cada distrito, si tiene los recursos para hacerlo (pagar el bono), lo haga. Cada uno tiene su autonomía para decidir en función de su paritaria y de sus recursos”, señaló el responsable de la cartera de Hacienda.

Por si hiciera falta, la definición de Prat Gay puede traducirse en que el Gobierno nacional “no pondrá un peso” para el bono en el caso de las provincias, al menos desde el punto de vista de quien debe cuidar las cuentas fiscales.

Después está la política, y en ese sentido resultó sugestivo que el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, que es quien lleva la interlocución con los gobernadores, haya sido virtualmente “blindado” ayer frente a la posibilidad de ser consultado sobre el tema, como le sucedió a este diario: Frigerio salió casi detrás del presidente Mauricio Macri tras la firma del acuerdo con Córdoba, previo a la conferencia de prensa, y a este diario se le impidió cualquier acercamiento.

Por ahora, los funcionarios macristas tiran la pelota afuera, pero seguirán con preocupación los reclamos en las provincias.

Sin bancos

Los bancarios realizarán mañana un paro nacional ante la falta de respuesta de las cámaras empresariales y el Gobierno nacional al planteo de reapertura de la discusión paritaria. En principio se estima que no habrá falta de dinero en los cajeros automáticos para el fin de semana, aseguraron fuentes gremiales. Docentes. La asamblea provincial de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC) debatirá este viernes las acciones por seguir ante la negativa de la Provincia de reabrir la paritaria docente. Juan Monserrat, titular de la UEPC, no descartó que se puedan adoptar nuevas medidas de fuerza y dijo que lo decidirá la asamblea provincial.