Acá se paga el costo del conflicto estatal

En la irresuelta –desde agosto– cinchada salarial, el Gobierno de Schiaretti no suelta un peso (o bono) a los estatales, quienes tiran de la cuerda con asambleas que, en la práctica, paralizan los servicios que reciben los cordobeses más pobres, atados a la asistencia del Estado. Tres vulnerables botones de muestra del conflicto: escuelas, hospitales y minoridad
Un adolescente estudia a conciencia. Aunque sabe que es imposible, intentará tener las mismas chances que aquel chico que va a un colegio privado. Por más que se esfuerce, aprenderá menos este año, mucho menos. A última hora del viernes, el Gobierno provincial oficializó la decisión que se había tomado unos días atrás: desde mañana y hasta que termine el ciclo, los docentes de todos los niveles deberán enseñar sólo el Núcleo de Aprendizajes Prioritarios (NAP), el "piso" de conocimientos que un alumno debe recibir. La medida implica bajar del programa algunos conocimientos que los maestros habían previsto enseñar este año.

"Las consecuencias de dar sólo los NAP se verán claramente en el rendimiento que los chicos tendrán en matemática y lengua", advirtió Daniel Zalazar, secretario gremial de la Unión de Educadores de la Provincia (UEPC). "En esas asignaturas se notará el recorte de contenidos porque son más visibles para los docentes: los chicos leen y suman y restan todos los días. Pero, sin dudas, la medida también tendrá su impacto en las ciencias: los alumnos no aprenderán alguna fecha patria", ejemplificó.

Tal como ya lo explicara la secretaria de Educación, Delia Provinciali, la medida tiene como objetivo amortiguar el impacto que los paros y las asambleas tendrán en el calendario escolar. La funcionaria minimizó el otro impacto de la disposición, el curricular: "Con los NAP se garantiza la trayectoria educativa del alumno".

El jueves, antes que el recorte de contenidos se hiciera público, en el Ipem 129 de barrio Los Filtros, los docentes realizaron un taller para coordinar qué contenidos no serían dados en lo que queda del año. Jorge Luján, director del colegio, aclaró que, por más que se den los NAP, "los días de clases que se pierden no se recuperan más".

"Las autoridades provinciales saben que en el juego político que hacen durante los conflictos salariales cuentan a su favor con la voluntad del docente, con su idiosincrasia, con su predisposición para sacar adelante a los chicos como sea, más en este tipo de escuelas", argumenta Luján, quien al decir "este tipo de escuelas" evita mencionar el contexto en el que viven sus alumnos: Los Filtros es uno de los barrios con más conflictos sociales de la ciudad.

Más pacientes que nunca, en las salas de largas esperas

Pese a las dificultades de trasladarse en un colectivo en el que nadie le cederá el asiento, la mamá embarazada irá hasta el Hospital Materno–Neonatal para realizarse el control de rutina que corresponde a ese mes, el séptimo; pero, panzona y todo, deberá pegar la vuelta sin ser revisada.

Con asambleas de cuatro horas por turno, los hospitales públicos provinciales sólo atienden urgencias, dejando la prevención –uno de los ejes de la salud– de lado. En los hospitales públicos están suspendidos todos los controles médicos de rutina (de niño sano, de embarazadas con menos de ocho meses de gestación, de ginecología, por citar algunos).

Tampoco habrá, mientras dure el conflicto, turnos para tratar aquellas dolencias que aunque no atentan contra la vida afectan su calidad: por caso, y como señala el delegado sindical del Materno–Neonatal Santiago Roco, las ligaduras de trompa quedarán para más adelante. "Emergencias, se atienden todas; el resto, nada", agrega, contundente, Marcelo Soria, de la conducción del SEP.

Mañana, la fiscal Antonia de la Rúa definiría si interviene ante la denuncia que el ministro de Salud cordobés, Oscar González, presentó por el cierre de los turneros en los hospitales, medida que realizaron los trabajadores.

102: un número salvador, frenado por las asambleas

Un niño es golpeado. Otra vez. Alguien marca en su teléfono el número 102, y pide ayuda: no es la primera vez que el denunciante escucha los gritos pelados de su pequeño vecino, pero esta vez ha tomado la decisión. "El llamado entra, se lo recepta y se canaliza la denuncia, pero, por las asambleas, ningún profesional sale a hacer las ‘intervenciones’", explica Pablo Acosta, vocero de los trabajadores del servicio que funciona en un desvencijado edificio ubicado en Vélez Sársfield al 700 de esta ciudad. Intervenir no es otra cosa que prevenir el maltrato o el abuso contra niños y adolescentes en riesgo social.

"Estos casos deben tener una intervención inmediata del Estado, sino se agrava y se pierde el contacto con el denunciante", remarca Acosta. Según datos de la Secretaría de la Mujer, Niñez, Adolescencia y Familia, cada mes, el teléfono de la Línea 102 recepta unos 18 llamados sobre situaciones de alto riesgo infanto–juvenil: maltrato familiar, exclusión del hogar, prostitución infantil, abuso sexual y adicciones de niños y adolescentes son las temáticas de las denuncias telefónicas.

En esta dependencia, la queja de los trabajadores comenzó antes de que el gremio formalizara el pedido de recomposición salarial. El estado del edificio, el cierre de dependencias y el traslado de varios empleados a otras oficinas del Estado encendieron el conflicto. La fotografía que ilustra esta página, tomada el viernes último al mediodía, muestra el estado del archivo con los expedientes de cada menor en riesgo intervenido: los exámenes psicológicos, el análisis de los trabajadores sociales, entre otros datos de la historia de cada niño, están ahí, todos mezclados. A eso se agregan los baños sin agua y las instalaciones defectuosas en todo el edificio.

Ahora, las asambleas profundizaron la parálisis del organismo que tiene al servicio telefónico 102 como estandarte.

En este contexto, hace un mes, el Tribunal Superior de Justicia dispuso que 4.788 expedientes judiciales, en los que se habían denunciados casos de menores en situación de vulnerabilidad social, quedarán bajo la órbita de esta colapsada secretaría del Gobierno provincial.

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