Está entre los referentes de la villa identificados por Gendarmería por su ideología y capacidad de movilización
Así surge de información secuestrada por la Justicia a la Gendarmería Nacional en el Centro de Reunión de Información de Campo de Mayo, durante un allanamiento realizado en agosto del año pasado.
La denuncia sobre espionaje ilegal había sido presentada en noviembre de 2011 por abogados del Partido Socialista de los Trabajadores y del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (Ceprodh), a instancias de los delegados de Kraft. El juez Norberto Oyarbide, cuando estuvo interinamente en el juzgado que llevaba el caso, comenzó la investigación, después de que en febrero de 2012 evidencias del espionaje fueron reveladas en los medios. La ministra de Seguridad, Nilda Garré, negó que se hubieran realizado tareas de inteligencia ilegal sobre grupos sociales, políticos o sindicales, y dijo que sólo se actuaba por orden de un juez.
Pero las evidencias parecen desmentirla. Un peritaje ordenado por Oyarbide sobre las computadoras encontradas en Campo de Mayo descubrió partes de inteligencia que recogen información criminal, pero también datos sensibles sobre gremios, referentes sociales, agrupaciones y punteros políticos, además de análisis llamados "averiguaciones de inteligencia" o "inteligencia de seguridad interior".
El contenido de los discos rígidos es analizado por el recién designado juez Sebastián Casanello, a cargo del juzgado donde Oyarbide actuaba como suplente. Prudente por el voltaje político del caso que salpica a Garré y Aníbal Fernández -quien tuvo a su cargo la seguridad-, el juez pedirá a la Gendarmería Nacional los oficios judiciales, para determinar si hubo un magistrado que encargó a la fuerza hacer esos informes. Si no tienen un aval de la Justicia se trataría de un espionaje ilegal. Los archivos están contenidos en cinco DVD que analizan el fiscal Gerardo Pollicita y los querellantes. Ayer Cristina Caamaño, secretaria de Cooperación con los Poderes Judiciales del Ministerio de Seguridad, se reunió a solas con el juez Casanello, aunque no se informaron las razones.
LA NACION accedió a algunos de los documentos. Uno de ellos es un informe de inteligencia de 54 páginas sobre las villas de la ciudad de Buenos Aires, donde se narra su origen histórico, pero además se individualizan una por una sus características sociodemográficas, sus punteros, con nombre y apellido, algunas veces con foto y número de documento. Además se agrega una referencia acerca de a qué organización política o social pertenecen. Por ejemplo se mencionaba a militantes identificados con el ex jefe de gobierno porteño Aníbal Ibarra o Pro.
Entre los referentes sociales, al hablar de la villa 21, se menciona al padre Di Paola (quien ahora está en villa La Cárcova, en San Martín). Se lo identifica como simpatizante del Partido Obrero, se señala que "tiene una elevada capacidad de convocatoria, dado que moviliza aproximadamente 15.000 habitantes", y que "suele oficiar de moderador entre las propuestas del Gobierno y los intereses de la villa".
El autor evalúa que las organizaciones de izquierda son pioneras en la militancia en las villas, pero que por falta de recursos fueron reemplazados "por los partidos tradicionales y el gobierno local". Junto con este análisis político hace una advertencia: "Se está dando un proceso de favelización [por las favelas brasileñas]", donde bandas criminales pelean por el control territorial para la distribución de drogas, como ocurrió con los asesinatos en la villa 1-11-14 de 2006 y 2007.
En otros partes hacen un análisis de los cortes de calles y rutas, mes por mes, año por año, e identifican a los grupos sociales que los organizan. En otro del 13 de abril de 2011 hablan de las acciones de diversas organizaciones por la causa por crímenes de lesa humanidad en Campo de Mayo. En el encabezado señalan que la información proviene de "fuentes locales" y dicen que actúan "dentro del marco regulatorio de la ley nacional de inteligencia y con la clara intención de prevenir hechos y circunstancias que conlleven a potenciales situaciones de AOP", tal vez amenazas al orden público.
INESPERADAS DERIVACIONES
Nilda Garré
Ministra de Seguridad
En 2011 el PST y delegados de Kraft denunciaron que la Gendarmería hacía espionaje, contra lo previsto en la ley de inteligencia. El caso estalló cuando se conoció el Proyecto X, una base con datos de inteligencia criminal . La ministra Garré había negado que se hiciera espionaje político
Pero en Campo de Mayo la Justicia encontró computadoras con informes de inteligencia de organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos. La clave es saber si fueron realizados por orden de un juez
Cristina Caamaño, funcionaria de confianza de Garré, visitó ayer al juez que investiga el caso.
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