Pacto político

Parece haberse puesto de moda, nuevamente, la idea de un compromiso entre peronismo y radicalismo para avanzar hacia un sistema bipartidista donde exista un espacio que disputen por izquierda, el socialismo, y por derecha, una especie de neoconservadurismo, para que puedan alternar en el gobierno de la República en alianza con alguna de las fuerzas mayores.
Desde hace tiempo, la idea la encuba Eduardo Duhalde y, mientras la desarrolla, con Rodolfo Terragno, entre otros, junta socios desde diversos ángulos del pensamiento y la acción política. Julio Cobos es buscado como el socio más deseado. El concepto no cae para nada mal en la forma de pensar del vicepresidente. También adhieren Carlos Reutemann y algunos gobernadores. Entre ellos, el más entusiasta parece ser el arrepentido del kirchnerismo Juan Manuel Urtubey, el ultra joven jefe de gobierno salteño.

Arranquemos con las ideas. Duhalde dice que deben acabarse algunos de los mitos que envuelven a la política nacional. Aquel que señala que el radicalismo no sabe gobernar y aquel otro que indica que cuando el justicialismo no está en el gobierno conspira para llegar lo más rápido posible.

Pueden ser mitos -los llama neo zonceras- en el pensamiento duhaldiano, pero la experiencia indica -al menos desde que fue reinstalada la democracia- que mucho de ello puede verificarse en la práctica. Casi sobre el final de su mandato, Raúl Alfonsín debió "abdicar". Fernando de la Rúa se fue mucho antes. Catorce paros generales de la CGT, en el primer caso, y algún aliento a los disturbios callejeros, en ambos, demuestran que, en el peronismo, nadie puede tirar la piedra y esconder la mano.

Claro que tampoco es posible vivir del pasado y nunca es malo replantear las cosas. Con todo, bueno es tener presente que si el radicalismo siente poco apego por el gobierno, el peronismo no muestra casi ninguno por las instituciones republicanas. Aquel abrazo entre Juan Domingo Perón y Ricardo Balbín que llenó de esperanza a los argentinos no impidió luego la "guerra civil" protagonizada, principalmente, por la Triple A y los Montoneros -todos en nombre del peronismo- y la por demás trágica y nefasta dictadura militar que siguió.

El reconocimiento democrático del pueblo a Raúl Alfonsín, si bien tardío, tampoco impidió, ni impide los intentos hegemónicos de Carlos Menem, antes, y de Nestor Kirchner, ahora. Para acordar algo hacia delante, conviene tener bien presente el pasado y el presente. Una nueva esperanza no debe ser seguida por otra frustración.

Antecedentes

Suele ser el más conocido pero no el único. El Pacto de la Moncloa español fue firmado por las principales fuerzas políticas de aquel país y consistió no sólo en un compromiso democrático, sino además en una agenda de temas de Estado. Es decir de aquellos puntos de la vida nacional que no iban a quedar librados al vaivén de las urnas, sino que, ganase quién ganase, iban a ser desarrollados en igual dirección.

Institucionalidad, política exterior, defensa y algunos más fueron los ejes del acuerdo. No significaba por supuesto reacciones idénticas ante circunstancias similares. El acuerdo versaba sobre las grandes líneas: sistema parlamentario, ingreso a la Unión Europea, mantenimiento del país dentro del esquema de defensa occidental de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). Funcionó y aún hoy funciona.

Con sus particularidades, existen otros ejemplos. Colombia se manejó durante dieciséis años -cuatro períodos presidenciales- con el Pacto de la Alternancia entre conservadores y liberales. El acuerdo permitió poner fin a décadas de guerra civil, aunque no impidió, claro, la violencia de los grupos guerrilleros hoy, particularmente, emparentados con el narcotráfico.

Más parcial, la Concertación chilena que aún gobierna al país vecino fue un acuerdo entre la centro izquierda. Demócratas cristianos, socialistas, radicales y socialdemócratas de allende la cordillera resolvieron así alternarse en el poder y enfrentar a la opción de derecha que representaba el "pinochetismo" saliente. Hoy la derecha chilena poco tiene que ver con la dictadura, pero la Concertación sigue vigente y fue particularmente importante en materia económica. Con un gobierno de izquierda, Chile respetó las reglas del capitalismo mientras desarrolló una política social para combatir la pobreza. También fue un éxito.

Pacto criollo

Si la voluntad de acuerdo existe, el punto es acordar cuáles son los temas sobre los que tiene sentido construir el acuerdo. De más está decir que quien mucho abarca, poco aprieta, así que las cuestiones deben ser centrales.

A mi juicio, el primer tema sobre el que se debería acordar es el sistema político. Nótese que decimos sistema y no reforma. No se trata de maquillar cuestiones electorales, como pretendió el diálogo del gobierno K con la oposición. Se trata de replantear el sistema presidencialista.

Obvio es que no da más. La acumulación de poder que, naturalmente, conlleva el presidencialismo, se exacerba en la Argentina con "delegaciones de poderes", "decretos de necesidad y urgencia", "emergencias económicas" y demás yerbas de la huerta autoritaria que, a medida que pasa el tiempo, lejos de quedar en el olvido, conforman la habitualidad. Es necesario replantear el sistema político porque la Argentina es gobernada por "excepción", no por "derecho".

Digámoslo con todas las letras. Las instituciones argentinas se parecen mucho más a las de la mayoría de los retrasados países africanos que a los avanzados países europeos.

Es hora de acabar con esta especie de juego "de la perinola" donde el que gana se lleva todo. Resulta imprescindible buscar un sistema donde, necesariamente, se deba gobernar por consenso. El debate deberá centrarse, entonces, entre el semi presidencialismo, tipo Francia o Portugal, o el parlamentarismo puro, tipo Alemania, Gran Bretaña, Italia o Suecia, por citar sólo algunos ejemplos.

La diferencia consiste en que, en el segundo, el gobierno surge de una mayoría parlamentaria, propia o en alianza tras la elección, no antes. Mientras que en el primero, el presidente retiene algunos poderes que no cede al Parlamento. Así, en Francia, el presidente decide en cuestiones vinculadas con la defensa y las relaciones exteriores.

Pero las ventajas son enormes. Primero, porque las decisiones son compartidas. Segundo, porque parte de la oposición integra el gobierno. Tercero, porque el gobierno puede caer anticipadamente mediante un voto de censura parlamentario. Cuarto, y fundamental, porque el Estado deja de ser un coto de caza para los vencedores de la elección ya que los controles se llevan a cabo desde el propio gobierno. Quinto, porque evita la tentación hegemónica del oficialismo y la oposición salvaje de sus oponentes.

Sin cambio de sistema político, la Argentina continuará por el sendero que le trace el aprendiz de déspota de turno, cuyos desaguisados siempre pagan los ciudadanos comunes.

La cuestión sindical

Las rémoras autoritarias en estos pagos no se limitan al sistema político. La cuestión sindical requiere asimismo un compromiso por parte de las fuerzas que se proclamen democráticas. Y ese compromiso no puede ser otro que un régimen de libertad.

Ya es hora de acabar con el actual sistema heredado del fascismo musoliniano e ingresar a la modernidad. Representación de minorías en la conducción sindical, libertad de agremiación y transparencia en el manejo de los fondos, constituyen elementos que hace décadas conforman la vida de las asociaciones de trabajadores de los principales países del mundo y de muchos de América.

No es el caso argentino. El bajísimo grado de aceptación que miden los jerarcas sindicales en la opinión pública, indica claramente que la cuestión está agotada. Por supuesto, que el tema constituye todo un desafío para el justicialismo, beneficiario por décadas del actual sistema. Pero va siendo hora que el movimiento -ya debería ser sólo partido- que fundó el general Perón replantee su grado de compromiso con la República.

Política exterior

Suele decirse que la política exterior argentina es inexistente. Que hoy se va para un lado y mañana para el otro. Que Itamaraty -la cancillería brasileña- muestra, por el contrario, una política exterior que muy poco varía, aún cuando cambien los gobiernos.

Es otro de los puntos a acordar. Vale la pena una digresión para comprender el asunto. El aliado K, Hugo Chávez, desarrolla actualmente un viaje por Libia, Irán, Bielorusia y Rusia, cuyas consecuencias son particularmente inoportunas, por no decir nefastas para la Argentina, sin que a nadie aquí se le mueva un pelo.

Sin informar nada, como es su costumbre pese a formar parte del Mercosur y de la UNASUR, Chávez compró tecnología nuclear en Irán y nuevamente armamento en Rusia. Cabe recordar que según la justicia y el Gobierno, el actual régimen iraní es responsable por los atentados contra la Embajada de Israel y contra la AMIA.

Pero no para allí la cosa.

Le propuso a Bielorusia, país paria de Europa, gobernado por un autócrata comunista de apellido Loukachenko quien aún no se dio cuenta de que el muro de Berlín cayó, la unión de Venezuela y Bielorusia en una comunidad de repúblicas. Más allá del delirio en sí, si Chávez y Loukachenko avanzan seremos socios de la autocracia bielorusa sin que nadie nos consulte.

Peor aún, su absoluto desprecio aún por sus aliados quedó en evidencia en Rusia. Allí reconoció la independencia de facto de Osetia del Norte y de Abjasia, dos territorios que forman parte de la ex república soviética, hoy independiente, de Georgia, enemiga de Moscú. Pues bien, su intempestiva salida se basó en el concepto de la autodeterminación de los pueblos. Concepto que, en teoría, puede ser muy atractivo pero que, en la práctica, para la Argentina representa ceder definitivamente la soberanía sobre la Islas Malvinas. A Chávez le importó un bledo y al gobierno K otro tanto.

Pues bien, acordar en política exterior significa darse un orden de prioridades. ¿Las cuestiones regionales están por encima o por debajo de los problemas de soberanía? ¿El sistema de defensa debe ser disuasivo frente a los vecinos -Brasil, Venezuela, Colombia y Chile modernizan permanentemente sus fuerzas armadas- o inexistente como en la actualidad? ¿El comercio exterior es un mero apéndice de la política económica o es una política de Estado? Puntos a definir.

La cuestión económica

No cabe duda que resulta particularmente difícil acordar sobre la materia. Sin embargo, algunos puntos pueden formar parte de un compromiso. En primer término, la seguridad jurídica. En segundo lugar, el alcance de la esfera pública en la economía. En tercer término, el sistema de reparto impositivo -eje central del federalismo- entre la Nación, las provincias y los municipios.

Es imposible continuar viviendo bajos cambios permanentes de reglas de juego. Que lo que estaba bien ayer, de un plumazo, pase a estar mal mañana es, cuando menos, de país poco serio. De una vez por todas, hace falta entender que el ciclo inversión-producción-empleo es el elemento central de la búsqueda de la prosperidad. Y que dicho ciclo no debe ser alterado, salvo circunstancias excepcionales como guerra o catástrofes naturales. Sin este acuerdo, continuaremos con ensayos que nunca terminan bien.

Otro tanto debe decirse del nefasto e infinito recambio entre privatizaciones y estatizaciones. Que nunca es inocente y que siempre hace el agosto del funcionario de turno. No se deben crear empresas del Estado por el capricho de un gobernante, ni privatizarlas por el capricho de su sucesor. La esfera pública de la economía debe ser una política de Estado y, como tal, de consenso.

Por último, el declamado y jamás aplicado federalismo. Provincias que no tienen recursos y deben atender la educación y la salud, frente a Estado nacional que se apropia de la parte del león y que lo utiliza para "domesticar" gobernadores e intendentes es una tergiversación burda y explícita de la Constitución Nacional. O se acuerda un sistema francamente más equitativo o se procede a lo que se llama "coparticipación al revés", es decir, percepción de impuestos por los municipios, que coparticipan a las provincias, quienes coparticipan a la Nación. Llegó la hora del debate y del acuerdo.

La cuestión social

Cuatro son los pilares de una política social que no es otra cosa que la verdadera redistribución del ingreso. Educación, salud, seguro de desempleo y jubilación. Es posible incluir vivienda, cuestión particularmente compleja.

La educación es, por antonomasia, la representación viva de la igualdad de oportunidades. Y la igualdad de oportunidades es la escuela pública. No se trata claro de acordar hasta la última disposición de la currícula. Pero sí de establecer cuál será el monto, medido en términos de Producto Bruto, a invertir, no año a año, sino en las próximas tres décadas. No será ya entonces el ministro de Economía de turno el encargado de establecer el gasto en educación, sino el conjunto de la sociedad a través del acuerdo duradero de sus representantes. Si esto no se hace, la brecha entre ricos y pobres no cesará de ampliarse. Y el retraso frente al primer mundo será aún mayor.

Similar reflexión merece la salud. Es menester ponerse de acuerdo sobre un sistema nacional. Por ende, sobre los recursos a largo plazo que en tal sentido se asignen. La absurda disputa sobre ciudadanos que viven en una jurisdicción pero concurren al centro hospitalario de otra no es sino demostrativa de la nula importancia que se le asigna al tema. A ponerse de acuerdo.

En cuanto a los ingresos a la niñez, al desempleo y para el sector pasivo debe discutirse como se hace para que sean universales y suficientes. Es la red de contención social frente a las crisis recurrentes. Hace a la salvaguarda de cada uno de los afectados pero también posibilita recuperaciones más rápidas para la economía, porque no restringe el consumo. No hacerlo es seguir "sanateando" sobre justicia social y redistribución del ingreso.

La libertad

Por último, el compromiso con la pluralidad. Es hora de definir qué significa. Mejor dicho si todos quienes componemos la sociedad democrática le asignamos un valor similar. Porque está claro que nadie nunca habla peyorativamente sobre la cuestión, pero el actual ejemplo de cuanto ocurre con la Ley de Radiodifusión es una demostración del doble discurso.

No se está con Clarín contra Kirchner. Ni con Kirchner contra Clarín. Se trata de implementar una ley que entronice la citada pluralidad. Como tal, los ahora llamados Servicios Audiovisuales deben reflejar la mayor cantidad de opiniones posibles y eso sólo se asegura si se evita la concentración en pocas -o muy pocas- manos.

De allí que la cuestión hace a un pacto de gobernabilidad. Porque define -como los puntos anteriores- el modelo de sociedad en el que aspiramos a vivir. Y como tal no debe surgir de una mayoría parlamentaria circunstancial, sino de un consenso -el más amplio posible- de los actores políticos.

En síntesis, estos son los temas -a mi juicio- que deben formar parte de la discusión de un acuerdo político del Bicentenario.

Locales

Pero el Bicentenario, además, es una excusa válida, para acuerdos políticos similares a nivel provincial o local. La previsibilidad sobre el futuro del núcleo habitacional donde cada uno de nosotros vive, constituye un elemento central -aunque nunca tenido en cuenta- para tomar decisiones sobre inversiones, estudios, capacitaciones o inserción laboral. Sobre previsiones medio ambientales y sobre desarrollo sustentable. Puestos de acuerdo sobre el destino, el gasto y la inversión pública se orientan en consecuencia. Hasta resulta fácil medir entonces el progreso o el buen gobierno de una administración.

En tal sentido, Junín podría sumarse en dicha dirección. Existe en el distrito un plan estratégico elaborado durante la intendencia de Abel Miguel. Algunos de sus objetivos fueron cumplidos, otros quedaron pendientes. Queda en manos del gobierno local convocar a las fuerzas políticas para revisar dicho plan, actualizarlo y alcanzar un acuerdo sobre el futuro de la ciudad y sus alrededores, a los efectos de lograr un consenso sobre objetivos con el que se sientan comprometidos todos los que aspiran a regir los destinos del municipio.

Algo de esto se menciona como probable en los pasillos de la Municipalidad. Se habla incluso de una actualización que abarque el período entre los dos bicentenarios. O sea, entre el 25 de mayo del año próximo y el 9 de julio de 2016. No están definidos, en cambio, los mecanismos de la convocatoria.

Más allá de las cuestiones puntuales, avanzar sobre el tema resultaría de suma utilidad. Aunque más no sea para que cada habitante de Junín se sienta parte de un futuro común.

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