Un pacto para que nada cambie

Existen sospechas de que la Provincia tendría un acuerdo secreto con Codere para que la empresa siga manejando el millonario negocio del juego. Se plancharía la denuncia por lavado de dinero que pesa sobre la firma española
De eso no se habla. Es el título de una película que fue protagonizada por el genial Marcello Mastroiani en la década pasada,

y que narra la historia de un extraño pacto de silencio en un pueblo argentino de los años ‘30.

Esta frase también encaja a la perfección para describir lo que está sucediendo en la provincia de Buenos Aires respecto a la relación entre la empresa española Codere, que maneja gran parte del juego en territorio bonaerense (especialmente las máquinas tragamonedas), y el gobierno de Daniel Scioli.

A fines del año pasado, cuando la Iglesia y distintos sectores sociales alertaron por

el impacto que estaba teniendo el flagelo del juego (especialmente de las tragamonedas) en la Provincia, se abrió un profundo debate que luego derivó en la decisión del gobierno bonaerense de no renovarle la licencia a la empresa Codere en varias salas de bingo, entre ellas, la que funciona en La Plata.

La movida estuvo acompañada por la presentación de una denuncia contra Codere, por parte del Instituto de Loterías y Casinos bonaerense, en la que se plantean graves acusaciones por lavado de dinero, defraudación al Estado, negocios inmobiliarios espurios, etc. Codere fue una de las empresas más favorecidas por el duhaldismo y el menemismo, al punto que en la década pasada se le abrieron todas las puertas para ingresar a la Provincia y controlar un negocio varias veces millonario.

Pero la realidad, que suele ser la única verdad, muestra que nada cambió. Mientras está tramitando la demanda penal en la fiscalía de Delitos Complejos de La Plata, surgió un fallo de una magistrada en lo Contencioso Administrativo en la que se deja sin efecto la decisión de la Provincia de no renovarle la licencia a Codere, que así puede seguir usufructuando los millones que factura por mes en el Bingo plantese.

La jueza, para hacer lugar a la medida cautelar que solicitó Codere, tomó como referencia las formalidades que el gobierno de la Provincia no cumplió a la hora de tramitar la quita de la licencia. Concretamente, la administración Scioli no dio intervención al fiscal de Estado ni a la Contaduría General de la provincia de Buenos Aires

para que se expidieran al respecto. ¿Resulta creíble que las autoridades bonaerenses se hayan olvidado de cumplir con esa formalidad, que le sirvió a Codere como excusa perfecta para seguir manejando el millonario negocio? Fuentes consultadas por Hoy coincidieron al afirmar que las fallas administrativas cometidas por la Provincia son "de una elementalidad absoluta", y

no descartaron que se hayan realizado con intención.

A su vez, varios referentes de la oposición comenzaron a plantear que existiría un

pacto secreto entre el gobierno de Daniel Scioli y la compañía española para que nada cambie.

Las autoridades bonaerenses tampoco se percataron de que hace tres años, en el fuero Contencioso Administrativo, el juez Francisco José Terrier emitió un fallo que dejaba sin efecto la renovación automática de la licencia a la firma de capitales españoles que le había otorgado el gobierno de Felipe Solá, mediante un decreto que se firmó en medio de un escándalo y que jamás tuvo respaldo legislativo.

Además, llamativamente, ningún funcionario bonaerense realizó declaraciones sobre la grave denuncia presentada contra la firma Bingo Platense SA y otras salas de juego del grupo Codere, ante los presuntos delitos de lavado de dinero, falsas contrataciones, defraudaciones, estafas y otras irregularidades detectadas en la liquidación de las máquinas tragamonedas. Muchos temen que la denuncia quede en la nada y no son pocos los que comentan que la demanda fue una manera del Ejecutivo provincial de congraciarse, en su momento, con el ex presidente Néstor Kirchner, que desde hace años viene impulsando con énfasis el ingreso de Cristóbal López (el dueño de Casino Club que maneja el casino flotante de Puerto Madero y las máquinas tragamonedas de Palermo) al negocio del juego bonaerense.

"El gobierno de la provincia de Buenos Aires, como en tantas otras áreas, en materia de políticas de juegos de azar, tiene un comportamiento errático que al no encontrarse justificación en términos de políticas publicas, lo vuelve sospechoso", afirmó el vicepresidente segundo de la Cámara de Diputados bonaerense, Walter Martello, ante una consulta de Hoy.

Martello es uno de los autores de los informes legislativos sobre el manejo del juego que le sirvieron a Elisa Carrió para presentar una demanda por asociación ilícita contra Kirchner, a fines del año pasado.

Martello agregó: "Asistimos, hace algunos meses, a una ofensiva tendiente a ampliar la oferta de juego, a los pocos días la misma se descartó. Luego volvieron sobre sus pasos con denuncias judiciales, que no se hicieron públicas, casi se ocultaron, determinaron el cierre de algunas salas, mientras el propio Scioli decía que los intendentes le pedían la instalación de bingos y tragamonedas en sus municipios. Anunciaron una mesa de diálogo que nunca se constituyó para encontrar soluciones de fondo a este problema. Prometieron enviar una nueva legislación que nunca llegó a la Legislatura".

El diputado provincial también afirmó que "se nos ha negado la posibilidad de aportar nuestro pensamiento en este rubro. En este sentido, para tener un diagnóstico correcto, presentamos hace unos meses, junto con la diputada Etchecoin Moro, un proyecto para que la Cámara de Diputados constituya una comisión investigadora que tenía como objetivos, entre otros:

lInvestigar la constitucionalidad, legalidad y viabilidad jurídica de toda la legislación vigente referida a la autorización, explotación y control de salas de bingo y explotación de máquinas electrónicas denominadas tragamonedas.

lInvestigar la legalidad y viabilidad jurídica de los contratos celebrados entre el Estado provincial y las instituciones de bien público que se han otorgado las autorizaciones para el funcionamiento de las salas de bingo.

lInvestigar el monto de dinero por el canon percibido por el Estado provincial, en todos los rubros de la actividad lúdica referida y el destino dado a los mismos.

lInvestigar sobre las posibles actividades que realizarían las empresas que explotan actualmente el sector, para evasión y/o elusión impositiva, lavado de dinero y otros mecanismos afines, como así también ponderar el daño económico irrogado al Estado provincial a consecuencia de estas presuntas maniobras.

Hay una relación incestuosa entre políticos y empresarios del juego

Por Javier Mor Roig

Especial para Hoy

El juego complementa y retroalimenta la situación de pobreza y desigualdad. Así, a las consecuencias materiales se agrega toda la situación de ilegalidad que se crea alrededor de ello.

La gente más humilde termina transfiriendo recursos a empresarios explotadores de los juegos de azar. Por eso, a principios del año pasado, nos reunimos con monseñor Jorge Casaretto, junto con un grupo de legisladores, que nos transmitió su preocupación por el aumento de las salas de bingos y tragamonedas en la provincia de Buenos Aires.

El juego de azar es una de las actividades que, a partir de su ilegal legalización, se ha convertido en un emblema de la corrupción consentida y ahora con la situación de crisis se ha profundizado la tendencia del gobierno de Scioli de recurrir a esta actividad para aumentar sus recursos.

La forma discrecional de adjudicaciones de los permisos de explotación y ampliación, la falta de controles sobre lo recaudado en estas salas de juego, la manera de distribución de ganancias nunca bien esclarecidas son elementos suficientes y

más que contundentes de la existencia de una relación entre los responsables de la administración del juego y la dirigencia política, que toma decisiones en esta materia, la que podemos calificar por lo menos de incestuosa.

El tema central en esta cuestión es que al no existir registros sobre los apostadores, el juego es un camino inmejorable para el blanqueo de dinero proveniente de actividades ilegales y deleznables como el narcotráfico y la prostitución, entre otros.

Tenemos un problema grandísimo con respecto al crecimiento del juego en el país que ha contribuido a profundizar las desigualdades. Somete a la ciudadanía, en su mayoría personas de menores recursos, a la falsa ilusión de una recuperación económica que nunca se hace realidad.

Es inconcebible que el responsable del juego en la Provincia esté acusado de tener una mesa de dinero que prestaba a apostadores. A eso se le suma que Cristóbal López es el testaferro y el cajero de Kirchner. Hace negocios fabulosos relacionados al juego y tiene pergeñado introducirse en la provincia de Buenos Aires.

(*) Jefe del bloque de senadores provinciales de la Coalición Cívica

Paradoja y falta de controles

Por Gustavo Galland

Especial para Hoy

Que una sala de juego esté abierta las 24 horas, con entrada gratuita, que se puede participar con muy poco dinero, lleva a que sectores humildes o empleados que viven de un sueldo mensual, llevados por el afán de la plata rápida, sueñe en ganar tanto por día, tanto por mes, y así cumplir sus sueños.

Se da la paradoja que es el que menos tiene el que más va a estas salas de juego. El horario sin restricciones,

el bajísimo monto de las apuestas, sin costo de entrada, sin exigencia en la vestimenta, son elementos que facilitan, la puerta de entrada a este flagelo. Hay casos de adictos de comprar cosas con su tarjeta de crédito y reducirlo por pocos pesos, hasta casos de pedir limosnas y luego concurrir a seguir jugando por la revancha con lo producido de la limosna. Al final, termina sin familia, y es peor visto en la sociedad. Se pierden amigos, y hasta trabajos.

(*) Ex defensor ciudadano de La Plata y ex diputado nacional

Un convenio oscuro

Días atrás, se firmó un convenio entre la Fundación Florencio Pérez, que preside Raúl Kraiselburd, y el Municipio de La Plata, en el que se incluye la entrega -en comodato- de un amplio inmueble en el que, además, se montará un centro de informática y un campo deportivo.

Según se informó, la fundación cedió a la Comuna ese predio, y sus construcciones, para que se lleve adelante la obra "en beneficio de la comunidad". Y también se dio cuenta de que en ese predio se desarrollarán programas de prevención de la adicciones a través del dictado de seminarios dedicados a estudiantes de distintas edades.

Dado que Raúl Kraiselburd, a través de su fundación, es socio de la empresa Codere y recibe cuantiosos fondos provenientes del juego desde la década pasada, surgen varios interrogantes. Por ejemplo, durante los últimos 15 años, ¿dónde se desarrollaron los programas de la fundación, a quiénes estuvieron dirigidos y en qué consistían esos programas?

En ese sentido, cabe recordar que la concesión del Bingo platense, a través de la empresa Codere, es explotada por la Fundación Florencio Pérez de Raúl Kraiselburd (socio de Codere), la Fundación Estadio Ciudad de La Plata y la cooperadora del hospital Sbarra (ex casa Cuna). A excepción de la ex Casa Cuna, las otras dos entidades prácticamente no realizan actividades sociales, requisito indispensable que exige la normativa vigente para recibir los fondos del Bingo. Esto hace que instituciones sin fines de lucro, de reconocida labor social en la región, estén excluidas del sistema y no reciban un solo centavo de la actividad lúdica.

La Fundación Florencio Pérez está siendo investigada por la Justicia desde hace tiempo. Esta entidad fue creada a principios de la década del ‘90, unos pocos meses antes de asumir la explotación del Bingo, y ni siquiera tiene sede propia: funciona en diagonal 80 nº 847, lugar donde existe el periódico platense que es dirigido por Kraiselburd.

En la causa, que al igual que la denuncia del Instituto de Lotería es tramitada en la fiscalía de Delitos Complejos de La Plata, se sospecha que, entre otras irregularidades, esta fundación ni siquiera cumplió con el objeto social propuesto: la rehabilitación de drogadependientes, pese a lo cual siguió recibiendo el dinero del Bingo.

El reciente contrato con el Municipio de La Plata es por tres años, que es justamente lo que le queda a Pablo Bruera como intendente de la ciudad, lo que resulta más que sugestivo al tratarse de un comodato.

El objetivo del mencionado convenio es la creación de un centro integrado por un jardín maternal, un jardín de infantes, una casa del niño y un centro educativo de atención integral, para actuar en situaciones de riesgo. "Entonces, con esto, se demuestra que hasta ahora esta fundación estaba vacía, que nada ofrecía y nada tenía. No se entiende, si desde hace 15 años pregonaban estos objetivos, cómo recién ahora los plasman y difunden. El pez por la boca muere", le dijeron a Hoy fuentes especializadas

Como si fuera poco, la Municipalidad -con los aportes de ciudadanos- se hará cargo del trabajo de refacción y mantenimiento del edificio para llevar adelante las actividades antes mencionadas, lo que es un completo disparate. "Otra vez se demuestra que antes no existían", explicaron las fuentes.

Desde la fundación explicaron que para "nosotros es muy importante este acuerdo y con estas obras, y a medida que vayamos habilitando las distintas áreas, vamos a poder habilitar 200 cupos para que funcione un hogar de día para los chicos de la zona y, más adelante en una segunda etapa, los chicos ya van a poder dormir en el centro".

El interrogante, que plantean muchos, es dónde duermen, desde hace 15 años, los chicos a los que supuestamente asiste la fundación cuando las propias autoridades de la entidad "han sostenido hasta el hartazgo que los protege y ampara contra la drogadicción".

También resultó llamativo quiénes fueron los que suscribieron el convenio. Concretamente, estuvieron presentes, entre otros, Juan Carlos Anacleto (vicepresidente primero) y Daniel Ridner (gerente), que fueron dirigentes de Estudiantes y Gimnasia, clubes que forman parte de la Fundación Estadio Ciudad de la Plata que llamativamente también recibe dinero del juego.

Una gran oportunidad

La cultura china entiende que toda crisis constituye, al mismo tiempo, una oportunidad de cambio. Y esta enseñanza milenaria le puede resultar muy útil al gobernador de la Provincia, Daniel Scioli, para dar un golpe de timón y aplicar un cambio profundo en lo que se refiere al rol del Estado en el manejo del juego.

En reiteradas ocasiones se ha expresado, en las páginas de este diario, que el Estado bonaerense, a través del Instituto de Lotería, está en condiciones de hacerse del control absoluto del juego. Eso permitiría que los millones de pesos que produce esta actividad, que tiene un fuerte impacto social, llegue directamente a los sectores más postergados. También permitiría otorgar créditos blandos, para las pymes y las industrias nacionales, y realizar grandes obras de infraestructura en la Provincia.

Si el gobernador Daniel Scioli avanza por este camino, seguramente recibirá el respaldo de la sociedad y evitará que un grupúsculo de empresarios, que desde hace años tienen fuertes vínculos con el poder político, se siga enriqueciendo.

En reiteradas ocasiones, la Iglesia ha realizado un valioso aporte al debate de esta problemática y ha llamado la atención a los gobernantes para que haya cambios en relación al juego. Es hora de que esta sugerencia comience a ser tenida en cuenta por aquellos que tienen la responsabilidad de conducir los destinos de la principal provincia del país.

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