El enojo es grande. Por caso, días atrás, el mandamás de Laprida, Alfredo Fisher, dijo que "el gobierno provincial presiona casi de forma extorsiva a los municipios para que firmemos el Pacto Fiscal. Fundamentalmente, los que hasta ahora hemos resistido somos un grupo de intendentes no oficialistas, porque este Pacto quita la autonomía que la Constitución Provincial y los innumerables fallos de la Corte Suprema Provincial adjudica a los municipios”.

Concretamente, en su discurso de apertura de seiones, el alcalde peronista aseguró que "desde el primer día de 2018 la gobernadora Vidal, como mecanismo de coerción, tiene bloqueados dos créditos que se aprobaron aquí, en éste ámbito para forzar a la firma del Intendente para que se adhiera a una ley, la ley de Responsabilidad Fiscal, que fue aprobada a fines del año pasado”.

Por otra parte, el mandamás de Alberti, Germán Lago, señaló ante La Tecla que "nos juntamos la semana pasada entre varios intendentes del interior y vamos a pedir una modificación en la coparticipación", y explicó que "este jueves haremos un nuevo encuentro en la Legislatuira en el que haremos oficial el pedido a la administración provincial".

La mayoría de los alcaldes que integra el selecto grupo no firmó y según ellos mismos indican, no tienen necesidad de hacerlo, pues como se informó la semana anterior, muchos otros alcaldes que "necesitaron una manito", a cambio tuvieron que apurar la adhesión. "Son ellos los apurados, nosotros no, para nada", cuenta un alcalde de la Sexta.

“Vamos a esperar a ver qué tienen para ofrecer, no hay apuro”, afirma uno de los alcaldes que se juntaron hace algunas semanas en los pagos de San Antonio de Areco. Estuvieron también las principales autoridades del PJ, los intendentes más cercanos a Cristina y un grupo grande de mandatarios del interior. 

“Se ha consensuado entre jefes comunales, legisladores de ambos bloques -senadores y diputados- y autoridades partidarias, que en los primeros días de abril se presentarán iniciativas parlamentarias intentando llegar a una solución respecto del denominado Pacto Fiscal”, expresó Francisco Durañona en un comunicado.

“Las mismas estarán relacionadas con la necesidad de limitar constitucionalmente la capacidad de endeudamiento provincial, del mismo modo que se exige a los municipios; modificar la actual ley de Responsabilidad Fiscal en aquellos aspectos que puedan vulnerar la autonomía municipal; y, por último, rediscutir el porcentaje de copar-ticipación destinado a las comunas”, indicaba el intendente anfitrión.

Muy contundentes los pedidos y los reclamos, pero todos y cada uno de los presentes en el encuentro tenían y tienen bien en claro que es prácticamente imposible que la Provincia dé el brazo a torcer. De todos modos, a sabiendas de la “desesperación” del ministro Lacunza y su equipo para que todos firmen, entienden que pueden conseguir algo.

"Por iniciativa de los intendentes, hemos venido trabajando dos proyectos. La ley de responsabilidad fiscal proponemos derogarla y hacer una nueva que armoniza con la ley orgánica de las municipalidades y con la Constitución de la provincia", dijo el diputado bonaerense por San Antonio de Areco, Mariano Pinedo.

"Entre las trabas que nos impone el pacto fiscal figura la limitación al momento de incorporar personal o de tomar deuda, lo que se resolverá con esta nueva norma porque lo que hacemos es dejarle a cada municipio esa facultad, para que de esa manera no haya interferencias", advierte Pinedo.

Y agregó que "por separado redactamos un proyecto de ley de aumento de coparticipación nueva (esta debe pasar del 16,4% al 20%, y que esos cuatro puntos de diferencia se deberían repartir en base a un 60% de superficie y un 40% de población), la cual estimamos va a contar con la adhesión de muchos de los intendentes de otros espacios porque va a significar más dinero para cada distrito, porque no discutimos porcentajes entre nosotros y porque no compromete a ninguno de los que ya haya llegado a un acuerdo con Vidal".

"Dejamos que la distribución en base al Coeficiente Unico de Distribución (CUT) quede como estaba, es decir en el 16,14% por lo que nadie va a perder y por el contrario, con el incremento van a recuperar un porcentaje parecido al que la provincia les sacó con lo que era el Fondo de Infraestructura y de Seguridad", completó el legislador de Unidad Ciudadana.