Pabellón 7

El Tribunal Oral en lo Criminal 2 sobreseyó a los penitenciarios acusados de torturas en la cárcel de Batán. La denuncia se reveló como armada por un grupo de internos en contra de los funcionarios. Se trata de un enfrentamiento con los líderes de las bandas internas, que habían visto amenazada su operatoria habitual, y decidieron poner en jaque a los guardias.
La prolongada causa ha culminado casi en la plenitud del silencio, que contrasta con el enorme operativo de prensa que había tenido en su inicio, allá por 2004, cuando las primeras planas de los diarios reflejaban la mala nueva. Un grupo de internos de la Unidad Penal XV de Batán denunciaba a los agentes penitenciarios, entre ellos a sus autoridades, por episodios de tortura.

Se trataba específicamente de Julio Ferrufino, Rodolfo Petroli, Roger Lobo, Luis Ubiedo, Germán Rodríguez, Guillermo Deandreis y Orlando Carmona, quienes, con distinto grado de participación, habían sido los aparentes responsables de golpear a los internos, bañarlos con agua fría y regresarlos mojados sus celdas, a la vez que elevaban la música para que no se oyeran sus gritos.

La noche en cuestión había sido narrada muy confusamente y con diversas contradicciones entre los testigos, pero de todas maneras el secretario de la Defensoría General en el área de Ejecución Penal, en ese momento Leonardo Celsi, llegaba para cumplir estrictas órdenes de la defensora general Cecilia Boeri: denunciar penalmente a todo el mundo, y pedir medidas de preservación de prueba.

Horas antes, el mismo Celsi y el jefe del despacho a cargo de la oficina judicial de la Procuración General, Gonzalo Diez, habían realizado una recorrida por el pabellón 7 de separación del área de convivencia de la cárcel, cuando un interno les habría manifestado que en horas de la madrugada el personal de servicio había sometido a diversos castigos al detenido Walter Alsina Campos. Era el 13 de mayo, y allí comenzó todo.

Maldita TV

Desde ese instante, las severas acusaciones se volvieron contra las principales autoridades del penal, aunque a primera vista las cámaras de seguridad contradecían los dichos de los presos, porque podía verificarse que Roger Lobo había ingresado al pabellón en una ocasión a las 8.20.17, y salido a las 8.35.40. Y el médico saliente de guardia, Pawluñ, había ingresado a las 8.43.02. Por eso no podía justificarse que Lobo hubiera estado dando baños de agua fría en las duchas cuando estaba custodiando a los internos mientras el médico se hallaba en el lugar revisándolos.

En otro momento declararon que Lobo y Ferrufino habían estado golpeando a los presos, mientras las cámaras revelaban que solamente habían estado en el pabellón 27 segundos, lo cual volvía materialmente imposible siquiera que los hubieran conducido hasta las duchas, torturado y devuelto a sus celdas, respecto de la cual median unos cien metros de distancia.

Pero el proceso registró, en su largo desarrollo, infinidad de irregularidades, entre ellas la desaparición de uno de los CD de las cámaras de seguridad que tanto reclamaba la abogada de Carmona, Carolina Ferrufino, y que hubiera permitido aclarar las cosas. La letrada sostiene que la prueba había sido entregada en mano a una de las personas que llevaron a cabo la denuncia.

Luego de más de tres años, los acusados son absueltos por el tribunal de los jueces Néstor Conti, Adrián Angulo y Alexis Simaz, a pesar de las cargas del fiscal Gómez Urso, que insistió en dar por verdades absolutas los dichos de los detenidos, sin pararse por un momento a pensar que en un estado de derecho no alcanza con mostrarse imbuido de la ideología cargada que toma por torturador en potencia a cualquier uniformado. Para dar cuerpo a las acusaciones, necesitaba pruebas contundentes que no pudo corporizar más allá de la palabra desordenada de un grupo de detenidos, que ni siquiera fueron apoyados por las pericias médicas.

Como resultado, la abogada de Carmona dijo en entrevista en la 99.9 que si bien estaba feliz con el resultado, permanecía muy indignada. “En el lugar de cualquier ciudadano común de la ciudad, francamente estaría asustada, tendría miedo de sufrir en razón de la justicia que hoy tenemos en el país”, decía.

El resultado está a la vista, pero lo cierto es que Roger Lobo y Julio Ferrufino permanecieron un año detenidos, sin derecho de esperar el proceso en libertad, ya que las instancias judiciales pertinentes se la negaron, sin pruebas fehacientes del delito que se les endilgaba.

La cuestión es ahora averiguar por qué. Cuál fue la verdadera razón de que semejante expediente se formara con dineros públicos, y sin sustento material. Si fue simplemente la tentación de tener entre manos una causa mediática que prometía muchas fotos de diario y hasta posibles publicaciones de libros, o si hubo -como se dice- más elementos en juego. Por lo pronto, los jueces desistieron de acusar por falso testimonio a quienes aseguraron haber sufrido unos golpes imposibles, por más que uno de los acusados llegó a decir que prefería no declarar porque no se acordaba bien de lo que había dicho antes y no quería que lo acusaran de falsedad.

Cosa Nostra

La abogada Ferrufino – hermana de uno de los acusados- hizo un racconto de lo que acontecía en el penal antes de la llegada de la dirigencia cuestionada, y puede verificarse en la prensa la cantidad de muertes de internos que se habían sucedido en poco tiempo, víctimas en su mayoría de heridas de armas blancas en reyertas.

Se dice que el penal estaba en manos de pequeñas bandas, las llamadas “ranchadas”, que tenían sus propios líderes muy temidos entre los internos, y que ellos eran los encargados del negocio de la distribución de drogas.

Esos líderes eran las verdaderas autoridades “de facto”, y nadie podía negarse a nada de lo que ellos decidieran, se tratara de guardar drogas entre sus objetos personales o de usar a sus familiares como transporte de sustancias de afuera hacia adentro de la unidad.

Se dice también que cuando esto parecía imparable, la mano de Lobo y Ferrufino impuso en tan sólo cuatro meses de gestión, un nuevo régimen que consistía en procurar una ocupación para los detenidos, que debían volver a una situación de horizontalidad, y ser estimulados a la actividad y al estudio, no solo por sí mismos y su posible resocialización, sino también como un gesto hacia sus familias.

El detenido ocupado consume menos sustancias, y parece que esto no le convenía a algún sector, porque fueron los mismos líderes derrocados los que montaron la supuesta escena de torturas que, de haber triunfado, no habría hecho más que agregar jinetas a su status de entonces: lograr derribar a un jefe aumenta la peligrosidad latente del detenido.

Algunos falsos testigos se vieron movilizados por la posibilidad de mejorar así su situación procesal, y hasta dijeron que declararían si se les ofrecía a cambio la prisión domiciliaria. Otros especulaban con que, en el caso de lograr su cometido, se impondría la necesidad de trasladarlos. Y a falta de un penal alternativo serían alojados en comisarías donde las visitas son flexibles, no hay posibilidad de efectuar requisas, es más que sencillo amotinarse y generar la fuga. Todo ganancia.

Pero no prosperó. De los casi 25 delitos investigados no pudo probarse ninguno y hay varios que se perdieron la foto en el diario, porque en rigor de verdad son pocos los medios que se han hecho cargo de comunicar que no pasó nada, que no sucedieron las torturas y que esto es lo que puede suceder cuando alguien pretende desbaratar una mafia instalada. Lo seguro es que desde hoy en adelante, todos y cada uno de quienes ingresen al pabellón 7 se asegurarán de que las cámaras estén funcionando plenamente. No vaya a ser cosa.

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