OYARBIDE PIDIÓ LA INDAGATORIA DE LOS JUECES MIONEROS REY Y GALLARDO

El juez federal Norberto Oyarbide convocó a declaración indagatoria a los magistrados Horacio Gallardo y José Luis Rey, quienes autorizaron que el espía Ciro James realizara escuchas telefónicas.
La indagatoria será el 10 de noviembre y surge hora después de que el fiscal Alberto Nisman solicitara la destitución de ambos magistrados. Nisman reclamó, además, que los jueces que sean detenidos por "haber intervenido de manera ilegítima y abusiva las comunicaciones telefónicas de personas públicas que en modo alguno se encontraban siquiera sospechadas de cometer ilícito". Según el fiscal Nisman ambos magistrados "valiéndose arbitraria e inescrupulosamente de las medidas coercitivas que la ley pone a su disposición", decidieron "violar las mismas garantías constitucionales que por imperativo legal debían custodiar".

En tanto los magistrados de Instrucción N°1 José Luis Rey y de Instrucción N°2 Horacio Gallardo, de Posadas manifestaron no tener conocimiento sobre la solicitud deNisman, al Juez Federal Norberto Oyarbide. Rey indicó que "hay que ver que tan serio es esto" para después opinar, y por su parte Gallardo lanzó escuetamente "si tienen elementos que hagan el Jury"

La investigación se produjo luego de que Burstein presentara un hábeas corpus por la posibilidad de ser víctima de escuchas ilegales. Ante el pedido judicial, según Nisman, Gallardo y Rey "de manera apresurada e intempestiva, ordenaron el cese de todas y cada una de las intervenciones".

Ese acto habría sido motivado por la "creencia que así podrían evitar dejar rastros de su ilícito accionar o al menos disminuir las consecuencias de sus conductas, llegando al extremo de negarse sin ningún fundamento a colaborar con la investigación y contradiciéndose en algunas de sus respuestas frente a simples requerimientos efectuados por el juez Oyarbide".

Ante este escenario, Nisman acusó a los jueces de los delitos de "violación de la intimidad mediante intrusión telefónica agravada, abuso de autoridad, ocultación de documentos destinados a servir de prueba, prevaricato y falsedad de documento público".

Por su parte el fiscal general Alberto Nisman solicitó a Oyarbide que se dispongan el juicio político y la destitución de los magistrados de la provincia de Misiones Horacio Gallardo y José Luis Rey. Además, reclamó que sean detenidos y se les tome declaración indagatoria por "haber intervenido de manera ilegítima y abusiva las comunicaciones telefónicas de personas públicas que en modo alguno se encontraban siquiera sospechadas de cometer ilícito".

Según el fiscal Nisman ambos magistrados "valiéndose arbitraria e inescrupulosamente de las medidas coercitivas que la ley pone a su disposición", decidieron "violar las mismas garantías constitucionales que por imperativo legal debían custodiar".

La investigación se produjo luego de que Burstein presentara un hábeas corpus por la posibilidad de ser víctima de escuchas ilegales. Ante el pedido judicial, según Nisman, Gallardo y Rey "de manera apresurada e intempestiva, ordenaron el cese de todas y cada una de las intervenciones".

Ese acto habría sido motivado por la "creencia que así podrían evitar dejar rastros de su ilícito accionar o al menos disminuir las consecuencias de sus conductas, llegando al extremo de negarse sin ningún fundamento a colaborar con la investigación y contradiciéndose en algunas de sus respuestas frente a simples requerimientos efectuados por el juez Oyarbide".

Ante este escenario, Nisman acusó a los jueces de los delitos de "violación de la intimidad mediante intrusión telefónica agravada, abuso de autoridad, ocultación de documentos destinados a servir de prueba, prevaricato y falsedad de documento público"

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