Oyarbide halló más pruebas sobre el "negoción" de los remedios truchos

Oyarbide halló más pruebas sobre el "negoción" de los remedios truchos
El juez reveló que encontró documentación que prueba la existencia de un fideicomiso entre el banco provinvial, Zanola y la droguería San Javier. Ocaña ratificó su denuncia. Zanola la rechaza.
El juez federal Norberto Oyarbide reveló este martes que encontró en un allanamiento documentación probatoria del fideicomiso existente entre la Obra Social Bancaria (OSBA), el banco Provincia de Buenos Aires (BAPRO) y la droguería San Javier, de Néstor Lorenzo, que fue detenido días atrás. La existencia de esta sociedad fue denunciado por la ex ministra de Salud, Graciela Ocaña, en un reportaje que publicó el diario Critica de la Argentina.

El magistrado resaltó que la ex ministra de Salud "bregó mucho para que ese fideicomiso quedase sin efecto, porque tenía información relevante sobre las virtudes indeseables de San Javier", pero lamentó que "Ocaña se fue del Ministerio y ahora hay un nuevo fideicomiso" con la gestión del ministro Juan Manzur.

También aseguró que en las últimas horas una "enorme cantidad de personas se comunicaron con el juzgado para hablar respecto de situaciones altamente sospechosas, porque tienen parientes muertos por cáncer en el período fundamental que va desde 2005 hasta 2007, que es cuando cobra furor extraordinario todo este grupo mafioso".

Mientras, esta noche continuaron las diligencias judiciales: la División Investigación Técnica del Delito de la Superintendencia de Investigaciones de la Policía Federal hizo allanamientos en varias cooperativas de vivienda ubicadas en 25 de Mayo 293, Tucumán 715, Sarmiento 776 y Corrientes 1450 de esta capital, según fuentes de la fuerza de seguridad.

Esta mañana, Ocaña asistió al juzgado de Oyarbide para entregar documentación relativa a la causa y declaró a los periodistas que "Zanola me pidió una entrevista en marzo pasado, porque nosotros habíamos denegado autorización para el fideicomiso. Fue una reunión muy tensa porque él dijo que necesitaba poner prestadores".

Por su parte, el líder del gremio de Bancarios, Juan José Zanola, salió a replicar las acusaciones de Ocaña al asegurar que tiene "total tranquilidad" en torno a "la forma de proceder de la obra social" de su gremio y advirtió que se siente víctima de "una canallada", una "campaña sucia" para perjudicar al sector.

Zanola negó rotundamente que su esposa, Paula Vallai, haya actuado como "nexo" entre la droguería "San Javier" -cuyo propietario, Néstor Lorenzo, está detenido-, y la clínica de los bancarios, así como rechazó una denuncia que indica que en algún momento su mujer manejó una camioneta de uno de los tres asesinados en General Rodríguez por el caso de la mafia de la efedrina.

Admitió el dirigente sindical, en diálogo con radio Continental, que "conoce" al detenido Lorenzo "como proveedor de la obra social" pero aseguró que "no" tiene "una relación especial" con él.

"Estamos al borde de una lesión al gremio bancario, que se ha ensuciado", advirtió Zanola, quien pidió "descalificar" a esas acusaciones que calificó de "una canallada, que me lleva a pensar que muchas de estas denuncias de estos muchachos que hacen declaraciones son meros titeres, hay que ver quiénes son los titiriteros".

ZIN QUIERE COLABORAR CON OYARBIDE. El ministro de Salud bonaerense puso en marcha una auditoria interna para verificar si existieron irregularidades durante la gestión del subsecretario de Control Sanitario, Alberto Costa, quien apareció involucrado en las escuchas de la causa por la "mafia de los medicamentos truchos".

Desde la cartera de Salud informaron que se ordenó el inicio de una auditoría administrativa contable, "un procedimiento de regla en el ministerio ante un caso de renuncia, con el fin de verificar el cumplimiento de los procedimientos que corresponden a las funciones y misiones del área determinada".

No obstante, desde la cartera sanitaria se advirtió que "en caso de surgir alguna irregularidad que haga al mal desempeño de los deberes del funcionario público -renunciado-, se instruirá el correspondiente sumario".

El comunicado subrayó que la auditoría ordenada "tiene por objetivo colaborar con el accionar judicial contribuyendo al esclarecimiento de la causa y para dar señales de transparencia".

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