Oyarbide acumula denuncias por el BCRA

El fiscal Luis Comparatore, del Juzgado Federal número 5, investigará si se cometió un delito cuando a Redrado se le impidió el domingo ingresar a la sede del Banco Central de la República Argentina.
A una semana de que la ajetreada feria judicial llegue a su fin, el juez federal Norberto Oyarbide decidió habilitar su juzgado para investigar la denuncia que presentó Martín Redrado este domingo cuando se le impidió el ingreso a su despacho de presidente del Banco Central. La presentación, que no acusa a ningún funcionario en especial, será analizada ahora por el fiscal Luis Comparatore, quien definirá si debe impulsarse acción penal.

De esa forma, el juez Oyarbide tiene en su juzgado una nueva denuncia con Redrado como protagonista. La otra causa había sido abierta por el gobierno nacional, que lo acusó de "incumplimiento de los deberes de funcionario público y mala conducta" por su negativa a habilitar reservas de la entidad para pagar deuda. En la nueva presentación, en cambio, el titular del BCRA es el denunciante y no el denunciado.

El domingo por la tarde, Redrado intentó entrar a sus oficinas de Reconquista 266 pero personal policial le impidió el acceso. Los uniformados explicaron que tenían "orden superior" y un escribano tomó constancia de la prohibición. Minutos después, el presidente del Central formalizó la denuncia penal por "abuso de autoridad" en la Comisaría 1ª.

"No entra más", había dicho el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, sobre la base del fallo de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal que el viernes determinó que la continuidad de Redrado debía ser debatida en el Congreso.

Los abogados del por ahora titular del BCRA le aconsejaron que no abandone su cargo. Por eso, el domingo el ex Golden Boy se presentó a trabajar con una agenda armada, un escribano y sus representantes legales.

"La actitud unilateral adoptada por el jefe de Gabinete constituyó una flagrante violación de la medida cautelar ordenada por el fuero en lo contencioso administrativo, y un desconocimiento por las vías de hecho de la autoridad que inviste Redrado, hasta tanto se pronuncie previamente la comisión bicameral", planteó el presidente del BCRA a través de un comunicado que difundió la misma noche del domingo.

Quien ahora debe definir si la denuncia de Redrado avanza es el fiscal Comparatore. En tal caso, Oyarbide podría convocar al presidente del Central a ratificar la presentación que hizo en la comisaría y en la que, según fuentes judiciales, no se apunta a ningún funcionario del Poder Ejecutivo en particular.

Sin embargo, Gregorio Badeni dijo que la denuncia tiene nombre y apellido. "En la puerta del Banco nos dijeron que esa orden había sido impartida por (el vicepresidente de la entidad) Miguel Ángel Pesce y que la acataban porque venía de sus mandos superiores, el jefe de Gabinete", detalló el abogado del economista.

La desmentida llegó rápidamente desde la oficina de Aníbal Fernández, cuyos voceros insistieron en que las directivas habían sido dadas por Pesce, en ejercicio interino de la presidencia.

La zaga judicial entre el gobierno nacional y el titular del Central podría continuar en las próximas horas si la Procuración General presenta una nueva denuncia contra el economista. Lo acusan de no haber realizado "los controles necesarios" para evitar que "amigos del poder" compren grandes cantidades de dólares, tal como el propio Redrado aseguró públicamente.

OPINIÓN

Detrás de la judicialización de la política

Ricardo A. Guibourg (Director de la Maestría de Filosofía del Derecho de la UBA)

Se habla en nuestros días de judicialización de la política y de politización de la Justicia. Examinado el tema a grandes rasgos, parece claro que remite a dos graves defectos de un sistema jurídico. Un adagio tradicional reza: "Cuando la política entra a los tribunales por la puerta, la Justicia sale por la ventana".

Veamos ahora el tema con mayor detenimiento. Ante todo hay que decir que los dos fenómenos son caras de una misma moneda cuyos bordes, a la vez, son harto difusos. En la medida en que los jueces son garantes de la Constitución y de las leyes, ninguna controversia puede considerarse propiamente no justiciable: absolutamente cualquier reclamo puede formularse en los tribunales. Pero para obtener resultado favorable es preciso que se funde en una obligación o prohibición que no haya sido respetada.

Ahora bien, la incorporación de derechos y principios vagamente definidos a los niveles más altos del sistema normativo va recortando paulatinamente lo que pueda entenderse como facultades de un particular o del Estado, al mismo tiempo que torna más y más borroso el límite entre lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Éste es un defecto técnico del derecho actual, del que los jueces están lejos de ser responsables.

He ahí una puerta abierta a la judicialización de la política, que tiene lugar cuando quienes están circunstancialmente enfrentados por una medida o por una línea de gobierno se acusan unos a otros de violación de la Constitución, mal desempeño de los deberes de funcionario público o incluso de delitos comunes, reales o invocados. Ése es el momento de los amparos, las medidas cautelares, los juicios sumarísimos, los pedidos de procesamiento que –a veces iniciados para ejercer una presión política también inmediata– generan críticas e indignaciones muy publicitadas acerca de la lentitud, de la celeridad o de la parcialidad de los jueces, con las correspondientes amenazas de juicios de remoción. Mientras tanto, muchas personas formulan conjeturas o hasta predicciones sobre las decisiones judiciales futuras con fundamento en la personalidad de cada magistrado o en su mayor o menor cercanía de quienes ejercen el poder.

Ahí es donde se hace necesario examinar la otra cara de la moneda: la politización de la Justicia. La administración de justicia forma parte de la política en términos generales, puesto que constituye una de las ramas de la aplicación de las normas y también, aunque muchos no lo digan, de su creación, por la vía de la jurisprudencia y la interpretación de niveles normativos cada vez más laxos. Lo que no debe suceder es que los jueces estén personalmente comprometidos con la suerte de una administración, de un partido o de un grupo de intereses determinados: para decirlo en términos coloquiales, que jamás se encuentren a tiro de teléfono de los posibles litigantes. Cuando eso llega a suceder por las vueltas de la vida, el juez debe excusarse o puede ser recusado.

Es claro que, como suele suceder con las previsiones constitucionales, esta separación entre la conciencia jurídica del juez y la presión externa no se ha verificado siempre ni en todas partes. Al menos durante el último siglo, los casos de politización de la Justicia han sido minoritarios. Pero esto no es un consuelo: tal como sucede en los supuestos de corrupción, un solo caso es grave; varios constituyen un problema institucional; un porcentaje mayor, aunque todavía esté lejos de la mitad, genera un caos jurídico intolerable, que suprime toda confianza de los ciudadanos en el sistema jurídico, y abre la puerta para cualquier desmán "en defensa propia".

Para comprobar la realidad de este mal, basta examinar los casos de jueces destituidos, en distintas épocas, por mal desempeño de sus funciones. Pero esa verificación tiende a ser extrapolada por los ciudadanos, que confían muy poco en los jueces (hay estadísticas al respecto) y les atribuyen genéricamente la condición de hallarse al servicio de intereses institucionalmente espurios.

La Constitución de 1994 estableció entre nosotros el Consejo de la Magistratura con la intención de terminar con notables abusos que por entonces se cometían en materia de politización de la Justicia, a menudo en previsión de la judicialización de la política. Tomar en serio las normas constitucionales siempre contribuye a mejorar la convivencia. Tomar en serio la administración de justicia y preservarla de cualquier dependencia de favores o amenazas contribuirá, sin lugar a dudas, a hacer posible la supervivencia.

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