Otros tres presidentes quisieron cambiar la ley

Alfonsín, Menem y De la Rúa enviaron proyectos al Congreso; ninguno logró que se aprobaran
En contra de lo que afirmó la presidenta Cristina Kirchner, el proyecto de modificación de la ley de radiodifusión que se presentó ayer no es el primero que el Poder Ejecutivo envía al Congreso desde 1983, sino el cuarto.

Desde el retorno de la democracia, el intento de cambiar la norma sancionada durante la última dictadura fue un denominador común de casi todos los presidentes: Raúl Alfonsín, Carlos Menem y Fernando de la Rúa les pusieron la firma a proyectos de ley para lograr una nueva regulación de la radiodifusión. Ninguno de los tres logró que se sancionara la reforma que proponían ni que esas iniciativas superaran el tratamiento en comisión y llegaran al recinto.

Alfonsín abordó el tema como una cuestión de Estado. En los primeros años de su gobierno creó por ley un servicio oficial de radiodifusión y proyectó la privatización de todos los canales de televisión y radioemisoras que no integraran el servicio creado por esa ley. El 23 de enero de 1987, el gobierno radical envió al Consejo para la Consolidación de la Democracia un proyecto de ley de radiodifusión.

Esa institución multisectorial le entregó a Alfonsín, el 17 de noviembre de 1987, un proyecto terminado para una nueva ley de radiodifusión. La iniciativa contemplaba la posibilidad de que los diarios accedieran a ser propietarios de radios y de canales de televisión. El presidente remitió esa propuesta al Congreso en diciembre del mismo año.

Menem logró introducir cambios a la norma como parte de la reforma del Estado que el Parlamento votó en septiembre de 1989. Esa modificación incluyó la privatización de los canales 11 y 13, que hasta entonces eran del Estado. Además, se permitió que los dueños de los diarios controlaran señales de TV.

Dos años después, sin embargo, no logró que el Congreso aprobara un proyecto de reforma integral de la ley de radiodifusión que había enviado el 14 de julio de 1993. Esa iniciativa contemplaba, entre otras cosas, una reducción de la cantidad de medios que podía manejar una sola empresa. En 1999, por medio de un decreto de necesidad y urgencia, Menem resolvió lo contrario: amplió de 4 a 24 el tope de licencias en poder de un mismo dueño.

De la Rúa también hizo el intento. En abril de 2001, envió un proyecto al Congreso. Entre otros puntos, la iniciativa daba estatus legal a la participación del capital extranjero en los medios, y habilitaba a cooperativas, universidades y municipios a ser radiodifusores.

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