Se suman a los dos hombres arrestados el martes, que ya fueron indagados por el magistrado de Instrucción Nº 13, Gustavo Pérez de Urrechu, por tenencia ilegítima de armas y permanecerán a disposición de la Justicia por entenderse que existe un vínculo con la presunta instigación a cometer los ataques.

Tras las detenciones del martes, la Justicia emitió ocho nuevas órdenes de arresto para dar con el o los supuestos mentores de los incidentes registrados en los súper de Villa Gobernador Gálvez (Soldado Aguirre al 2500) y de la zona sur de Rosario (Ayacucho y Caupolicán y Garay 70).

La policía capturó a cuatro sospechosos durante allanamientos realizados puntualmente en el barrio Tablada, la zona sur de Rosario y Villa Gobernador Gálvez, donde también incautaron armas de fuego (calibre 9 milímetros).

A su vez, Pérez de Urrechu indagó a los dos detenidos el martes: un hombre de 59 años (atrapado en Esmeralda al 3100), al que le secuestraron un revolver calibre 22 largo y municiones, y a otro (45) que cuenta con antecedentes penales, al que le incautaron en Virasoro al 100 bis un revolver calibre 38 sin numeración.

Se trata de una investigación en paralelo a las tres causas abiertas por los ataques a los comercios de Rosario y Villa Gobernador Gálvez, por las cuales el juez acaba de denegar la excarcelación de 47 personas luego de que la fiscal Nº 11, Graciela Argüelles, emitiera un dictamen desfavorable a los pedidos de liberación.

Los antecedentes penales de esas personas (19 tienen varias causas cada una) y la información obtenida en calle por las fuerzas de seguridad —nacionales y provinciales— acerca del movimiento de armas apuraron el rastreo del o los autores ideológicos de los incidentes.

Pérez de Urrechu había indagado el viernes a esos arrestados, a los que les endilgó robo agravado, hurto calamitoso en circunstancia de conmoción social, con participación de menores, resistencia a la autoridad y rotura de accesos a propiedades privadas con utilización de la fuerza, apoderándose de mercadería y objetos (posible pena mínima de cuatro años de prisión de cumplimiento efectivo).

Según las autoridades provinciales y municipales, los legítimos reclamos de los sectores más vulnerables de la sociedad no estuvieron ligados al aparente vandalismo organizado (apuntaron a actores vinculados a economías delictivas o a grupos narcos) que, al igual que a fines de 2012 pero con menos adhesión, conmovió a Rosario y Villa Gobernador Gálvez.

En los despachos oficiales persiste el desvelo frente a la situación en los barrios de la ciudad como consecuencia de una merma de interlocutores y el avance del narcotráfico.

En esa línea, organizaciones sociales y sectoriales como la Corriente Clasista y Combativa (CCC), la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, almaceneros y supermercadistas se reunirán mañana, a las 14.30, en la Asociación Trabajadores del Estado (San Lorenzo 1879).

"Hay que analizar todos los componentes, entre ellos la delincuencia, pero en un marco de malestar social muy grande producto del deterioro del poder adquisitivo por la inflación, la falta de vivienda y la contención de una juventud sin trabajo ni estudios frente al narcotráfico instalado en los barrios", resumió Eduardo Delmonte, referente de la CCC.

Al respecto, agregó: "El Estado tiene los resortes para cambiar las cosas y hacemos una advertencia porque es el pueblo el que siempre termina poniendo los muertos. Hay que aislar a los interesados en instrumentar el malestar social para sus negocios delictivos".

Otras expectativas están puestas en la acción conjunta que pueda alumbrar la reunión prevista para hoy entre el gobernador Antonio Bonfatti y el jefe de Gabinete nacional, Jorge Capitanich.