La nueva muerte tiene lugar después de que el gobernante Partido Popular (PP) aceptó debatir en Parlamento una iniciativa ciudadana que cuenta con el apoyo de 1,4 millones de firmas y que propone una solución duradera para las personas amenazadas por los desalojos por impago hipotecario o de alquiler y las que ya fueron víctimas.

El PP de Mariano Rajoy había anunciado que no aceptaría el debate sobre la propuesta ciudadana pero dio marcha atrás a último momento tras la noticia del suicidio de un matrimonio de jubilados en Mallorca, que iba a ser desalojado y dejó una carta en al que explicaban su drama.

Antes se supo que un hombre de 56 años también se había quitado la vida en el País Vasco ante la inminente subasta de su casa, también por impago, según denunció la plataforma Stop Desahucios.

Al día siguiente y pese a que el Congreso de los Diputados dio luz verde al debate de la iniciativa ciudadana sobre desalojos, otro hombre fue hallado ahorcado en su casa de Alicante, Valencia, por los agentes judiciales que tenían orden de echarlo por una deuda de 24.000 euros por impago de su alquiler durante seis años, informó la prensa local.

El hombre, que también dejó una nota, había amenazado con quitarse la vida varias veces si lo desahuciaban, explicó un allegado al diario La Verdad de Alicante.

"Estos suicidios están aparejados a la crisis y a una falta de responsabilidad por parte del gobierno, que no está tomando medidas para impedirlos, por eso los llamamos asesinatos", afirmaron desde Stop Desahucios.

Según explicó un portavoz de la plataforma, los suicidios motivados por la crisis económica "no siempre trascienden", pero en un reciente congreso de psiquiatría se advirtió que en España, con uno de cada cuatro personas desocupadas, puede haber hasta "nueve suicidios diarios".

La Iniciativa Legislativa Popular (ILP), que llegó al Congreso con el aval de 1.402.854 firmas, más del doble de los requerido, plantea la "dación en pago" retroactiva, es decir, que los afectados por desalojos por impago hipotecario puedan cancelar su deuda con la entrega de su vivienda.

Además de esta medida, que rige en otros países de Europa, también se pide una moratoria de todos los desahucios (desalojos) y la promoción de vivienda de alquiler social para las personas afectadas.

La vocera de la Plataforma Afectados por la Hipoteca (PAH), Ada Colau, que impulsó la iniciativa, celebró ayer la tramitación como un "triunfo de la presión ciudadana", pero advirtió que ha sido solo la primera "batalla" ya que es fundamental que se respete la propuesta.

Paralelamente a la ILP, el Ejecutivo de Rajoy tramita su propia ley sobre desahuicios que establece una moratoria de dos años en casos extremos y que la PAH considera insuficiente porque excluye a la mayoría de afectados y discrimina entre las personas vulnerables.