El gobierno de la Provincia y la Suprema Corte de Justicia tendrán un segundo round en los primeros días de marzo. Hoy parece lejana la primera pelea que se desató horas antes de Nochebuena, cuando el Máximo Tribunal ventiló un fallo para acelerar los procesos de los detenidos sin condena que había presentado la ONG Xumek.

El 2 de marzo próximo habrá una audiencia porque hay un segundo amparo por las condiciones de detención que se viven en los presidios de Mendoza. El demandante es el abogado Carlos Varela Álvarez, quien fue nombrado a principio de mes director de Relaciones con la Comunidad de la Municipalidad de Guaymallén, comuna conducida por el radical Marcelino Iglesias.

Ayer en los pasillos de Casa de Gobierno, el subsecretario de Justicia, Marcelo D'Agostino, confirmaba la citación de la Corte para el 2 de marzo próximo, aunque aclaraba que la presentación no era igual a la que enfrentó al Gobierno con la Corte: “Se refiere a las condiciones de la detención”.

Es cierta la afirmación de D'Agostino, pero hay alguna conexión. La presentación de Xumek se refería a la cantidad de presos con prisión preventiva en la que no intervino un juez, lo que constituye una violación al procedimiento penal.

Entonces la Corte estableció mecanismos para acelerar los procesos y el gobernador Alfredo Cornejo y su equipo de seguridad entendieron que esa decisión era una enorme puerta a la liberación de presos sin condena, quienes hoy representan el 60% del total de los internos de todos los penales de Mendoza.

Especificaciones

La presentación de Varela Álvarez es por otra cosa. El 5 de octubre pasado Los Andes informaba acerca de esa presentación y el propio Varela Álvarez la recordaba ayer: su hábeas corpus, si bien mencionaba la cuestión de las prisiones preventivas, se refería a las condiciones de detención, tanto hacinamiento, salud, acceso al trabajo, torturas y apremios entre los mismos presos.

En realidad fueron dos presentaciones, la segunda referida exclusivamente a la situación de la población de adultos-jóvenes, pero en ambas se hablaba de las condiciones de alojamiento y hasta se pedía la clausura de pabellones de San Felipe por las malas condiciones edilicias, así como de Almafuerte por la cercanía de un basural a cielo abierto que afectaba la salud de los internos.

Aquí es donde las presentaciones se parecen, porque la Corte debería decidir qué hacer con los presos hacinados, si hay otras alternativas de detención, como la prisión domiciliaria, para descomprimir la situación en los penales y ni hablar si se procede a la clausura de pabellones en Almafuerte o San Felipe. Otra vez el Gobierno estaría a las puertas de una pelea frontal con la Corte.

El anterior conflicto con la Corte se desarrolló relativamente rápido. Era claro que el principal destinatario del golpe era el jefe de los fiscales, el procurador de la Corte, Rodolfo González. El incremento de presos sin intervención de un juez de Garantías es un resorte que usan los subordinados del procurador, el problema es que esa medida es transitoria y necesariamente tiene que ser sostenida o negada por un magistrado imparcial.

Pero la eventual salida de presos a la calle desató las iras del Ejecutivo, que se lanzó a la guerra en tiempos navideños. La reacción furibunda de Cornejo y sus acólitos pareció dividir aguas entre los cuatro miembros que firmaron la sentencia (Jorge Nanclares, Omar Palermo, Alejandro Pérez Hualde y Julio Gómez), de los otros tres (Mario Adaro, Pedro Llorente y Herman Salvini).

Entonces el astuto procurador González, al cierre del año judicial, presentó un recurso extraordinario para elevar la decisión a la Corte Suprema de la Nación y diluir el conflicto. El 22 de enero, la Corte mendocina aceptó el convite y mandó la causa al máximo tribunal de la Argentina.

Varela Álvarez dice que su hábeas corpus fue presentado dos días después que el de Xumek, por lo que entiende que la Corte debió tratarlos juntos. Pero no fue así. Esta vez, el Tribunal mendocino tomó otra actitud: llamar a las partes en audiencia plenaria para el 2 de enero y recién después fallar, también en plenario, es decir los siete miembros de la Corte.

Cornejo y Macri con el Papa

El presidente Mauricio Macri será acompañado por dos gobernadores peronistas y un radical en la visita oficial que realizará el próximo sábado 27 al papa Francisco, en el Vaticano, se informó oficialmente.

Los mandatarios invitados son Roxana Bertone (peronismo, Tierra del Fuego), Alfredo Cornejo (radical, Mendoza) y Juan Manuel Urtubey (peronismo, Salta).

La delegación oficial estará integrada también por la primera dama, Juliana Awada; el jefe de Gabinete, Marcos Peña; la canciller Susana Malcorra; el secretario de Culto, Santiago de Estrada, y el Secretario de Planeamiento Estratégico, Fulvio Pompeo.

Será el primer encuentro entre el Presidente y el Pontífice desde que Macri asumió el Gobierno el 10 de diciembre pasado.