En el texto marca que “el Estatuto de Sociedades Comerciales fue objeto de una importante reforma”, que introdujo modificaciones “en lo atinente a la administración, como ser en el número de directores, la remuneración de los mismos y la posibilidad de la creación del comité ejecutivo y otras, pero mantuvo inalterable la redacción anterior respecto de las inhabilidades e incompatibilidades”.

En concreto, la Dirección Provincial “entiende que resulta aplicable el artículo 264 de la Ley de Sociedades Comerciales 19.550. Específicamente en cuanto a la remoción del miembro del directorio que diera motivo a la presente consulta, se informa que será competente el órgano encargado de designarlo”.

La nota, con fecha del 19 de agosto, cuenta con las firmas del abogado inspector Matías Lamonega, del jefe del Departamento de Inspecciones, Fabián Esteban Fumeo, y de la directora de Fiscalización, María Gabriela Kardos.

En tanto, en el marco de la sesión los integrantes del FR solicitaron enviar una copia del dictamen al Departamento Ejecutivo.

 

Los pedidos y las respuestas

A fines de marzo, a partir de una publicación en la sección Con el Oído Agudo, el Frente Renovador elevó un pedido de informes al directorio de la Usina con el fin de conocer fehacientemente si el actual presidente de la empresa, Oscar Maggiori, puede ejercer el cargo que ocupa con una causa judicial de larga data en la que está involucrado.

Así las cosas, los ediles presentaron un proyecto de resolución, que obtuvo el visto bueno de la Comisión de Interpretación y Asuntos Legales y fue votado por unanimidad en la sesión del jueves 10 de abril.

En paralelo, el secretario de Gobierno Matías Civale salió a respaldar a su par radical al declarar que con la Ley de Concursos y Quiebras se dejaron de lado las penas para las causas concursales.

Posteriormente la Comisión Fiscalizadora de la Usina entregó al Concejo Deliberante el análisis sobre la situación del director y se expidió con opiniones divididas.

Los síndicos públicos tomaron la Ley de Concursos y Quiebras para afirmar que tras sufrir una reforma, quedaron descartadas las inhabilidades de los concursados. Por el contrario, el síndico por los accionistas privados sostuvo que “los redactores del Estatuto han mantenido el texto del artículo 24 inciso B”, que refiere a la inhabilidad de los concursados, a pesar de que la reforma de la Ley de Quiebras es anterior a los cambios en el reglamento interno de la Usina.

En ese tren y luego de evaluar el informe elaborado por la Comisión Fiscalizadora de la Usina, el bloque de concejales de la UCR sostuvo que el tema en torno a la situación de Maggiori quedó cerrado bajo el argumento que los síndicos coincidieron al determinar que “no hay ilegalidad alguna en los actos y hechos que ha ejecutado el Directorio en su conjunto”.

Sin embargo, los concejales del massismo decidieron elevar una consulta a la Dirección Provincial de Personas Jurídicas para despejar las dudas, ya que el informe entregado por la Comisión Fiscalizadora de la empresa arrojó un fallo dividido.