Otro revés judicial para la UnTER

El STJ resolvió rechazar el recurso de revocatoria que había interpuesto la UnTER por considerar que la resolución dispuesta por el juez Víctor Sodero Nievas, en el marco del amparo iniciado por padres que padecieron la falta de inicio de clases de sus hijos, atentaba contra el derecho a huelga.
De esta manera, la UnTER acumula tres dictámenes adversos en este reciente conflicto. El primero, de la Justicia Federal que no aceptó la apelación interpuesta en los Tribunales de Roca-. El segundo, el rechazo "por improcedente" que realizó el titular del STJ, Luis Lutz, al planteo de falta de legitimación que había efectuado la organización gremial contra los padres promotores del amparo –mandamus.

El STJ resolvió además declarar que la acción iniciada por los padres es "participa de la naturaleza jurídica del amparo-mandamus (arts. 43 y 44 de la Constitución Provincial) y, en consecuencia, declarar la competencia de este STJ para entender en estos autos (arts. 41 inc. a, apart. 5 de la ley K Nº 2430)".

El máximo tribunal – también - requerirá a los amparistas que, en el plazo 72 horas, se manifiesten respecto del inicio concreto del ciclo lectivo de sus hijos en las escuelas públicas a las que concurren y las condiciones en que aquél se desarrolla.

En los fundamentos se recuerda que el apoderado de la UnTER, Guerino Angel Curzi, interpuso un recurso de revocatoria alegando que la providencia cautelar aludida vulnera la libertad sindical, en cuanto restringe el derecho a desarrollar un plan de acción gremial y el derecho de huelga de los trabajadores de la Educación de Río Negro, nucleados en la UnTER.

Los jueces explicaron que "la medida cuestionada asumió la tarea de jerarquizar garantías constitucionales en conflicto. Así, frente al ejercicio del derecho de huelga en el marco de un reclamo sindical, priorizó el interés superior del niño a recibir una educación en tiempo oportuno y con contenidos adecuados, atento a las particularidades del caso reseñadas a fs. 37/46 y con expresa referencia al Preámbulo de la Constitución rionegrina.

Dijeron que "el derecho de huelga es entonces pasible de reglamentación normativa y de apreciación judicial, ya que se lo debe armonizar con las demás garantías y derechos de la Constitución Nacional (CSJN, Fallos 250: 418; 251: 18; 472: 254, 46 y 307: 20).

Asimismo, "el ejercicio de ese derecho no puede afectar sustancialmente la continuidad de los servicios públicos ni el orden social ni la paz pública, valores cuya tutela se halla a cargo del Estado por imperativo constitucional, por lo que se le reconocen las facultades necesarias para asegurarlos. El derecho de huelga no es absoluto y debe ejercerse en armonía" (ADN).

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