Otro reto del STJ a un juez por plagiar sentencias

Hace hoy exactamente ocho años el Superior Tribunal de Justicia daba a conocer su preocupación por el accionar de la entonces fiscal de Cámara, Susana Montenegro, en su calidad de "instructora" -por delegación de la Procuración General- del sumario que se le iniciara a quien era defensora oficial, Laura Beatriz Armagno, recientemente designada titular del Juzgado de Instrucción y Correccional nº 3.
La resolución 451/00 del más alto órgano judicial de la provincia llevaba la firma de los ministros Eduardo Fernández Mendía, Julio Alberto Pelizzari, Ciro Lisandro Ongaro, Eduardo Mariano Cobo y Carlos Alberto Iglesia, además del secretario legal Horacio Di Nápoli.

En esa resolución se analizaba el expediente nº 5/00 (registro de Procuración General) caratulado "Excelentísimo Superior Tribunal de Justicia s/denuncia relativa al desempeño de la doctora Laura B. Armagno, originariamente Expediente nº 112/00 reg. del S.T.J., caratulado "Presidencia s/dispone formación de actuaciones (Armagno, Laura Beatriz).

La fiscal de la Cámara del Crimen nº 2, Susana Montenegro, que actuó como "instructora" -ya jubilada- recibió la reconvención del Superior Tribunal por las "omisiones y las violaciones legales que fácilmente pueden advertirse" en su actuación que concluyó con el dictado de la resolución por la que decidió "desestimar la denuncia formulada" con "simultáneo archivo de las actuaciones".

Ocultar la fuente.

En los considerandos de la resolución 451/00 el S.T.J. agregó que "sin pretender interferir ni desconocer las facultades apreciativas o valorativas del señor Procurador General -Juan Carlos Gay, hoy también jubilado-, asumimos como inocultable la imposibilidad de explicar, por lo menos, que las 'anormalidades' del sumario no hayan obtenido, de su parte, consideración alguna, aunque fuese mínima, hasta el extremo de no ofrecer, en su resolución, ninguna referencia al respecto, ni siquiera en función de eliminar cualquier posibilidad de objeción sobre la legalidad del trámite sumarial, más aún cuando recordamos que el mismo ha sostenido que al Ministerio, cuya titularidad ejerce, le corresponde efectivizar el debido control de legalidad" y "cuidar la recta administración de justicia".

¿Qué se le imputaba a Armagno? Que al interponer un recurso de casación, como defensora del imputado ("caso Viscardi") invocó, "como argumento principal y conforme a la similar postura defensiva que asumiera en el debate de esa causa, la prescripción de la acción penal, sobre la base de dos agravios perfectamente diferenciados, tanto formal como conceptualmente".

Se le cuestionaba que en el recurso que presentara no hizo mención al artículo publicado por los doctores Daniel Carrera y José Ignacio Cafferata Nores, publicado en Jurisprudencia Argentina 1997 [sic] - pag. 291 y siguientes".

Armagno se defendió diciendo que esa cita no fue mencionada por ella en su recurso porque no lo había consultado. "Lo por mi consultado fue el libro 'Temas de Derecho Procesal Penal' de Cafferata Nores", se defendió de la imputación de haber ocultado la fuente que habría servido como base al recurso.

Descargo inválido.

La Instructora, Susana Montenegro, concluyó que "no se ha incurrido en irregularidad o anormalidad que constituya una falta reprochable, aceptando exclusivamente para ello los descargos de la propia sumariada".

No obstante el S.T.J. sostuvo que "el presunto descargo defensivo de la doctora Armagno, como 'inculpada' en el sumario aparece despojado de toda posibilidad de validez, exactamente porque los hechos confirman que no es cierto que la misma haya citado el referido trabajo (de originaria publicación en 'J.A.', y reproducido en el libro de Cafferata Nores) mediante la cita de este último, pues esa cita no existió como comprensiva de dicho trabajo y porque, entonces, tampoco existe ya duda alguna sobre la irremediable falsedad de ese 'descargo' defensivo".

Dura advertencia.

En el artículo 1º de la resolución 451/00 el Superior Tribunal de Justicia destacó su preocupación por la actuación de la fiscal de cámara Susana Montenegro en su calidad de instructora del sumario.

En tanto en el artículo 2º exhortó a la defensora oficial Laura Beatriz Armagno "a no evitar compromisos de ética, ni exigencias de autocrítica y a no dejar, entonces, de asumir auténticamente la responsabilidad de pertenecer a los cuadros jerárquicos de este Poder Judicial, para que aquella conducta que motivó el sumario quede definitivamente despojada de cualquier posibilidad de reiteración en el desempeño de sus funciones específicas, todo ello, además, con la especial advertencia que la utilización y la cita de ese material bibliográfico -más que alternativas o rutinas de bibliotecología- deben ser, fundamentalmente, un acto de honestidad intelectual".

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