La sesión del Senado se estiraba. Había una idea que rondaba en el oficialismo desde el mediodía, cuando técnicos y legisladores leyeron los textos de las leyes de Avalúo e Impositiva que votaron los diputados radicales en soledad el lunes a la noche. Los senadores salieron a impulsar el tratamiento de ambas leyes sobre tablas y jurando que las aprobarían así como venían de la Cámara baja, sin modificaciones.

Pero el radicalismo rechazó la idea, argumentando tener la sospecha de que el oficialismo quiere empezar el año sin pauta de gastos, así que prefería esperar la sesión especial citada para el martes a las 10 de la mañana y tratar el paquete fiscal completo.

La política tiene este tipo de pequeñas picardías. Después de una derrota política como la del lunes, cuando la UCR le torció el brazo al oficialismo, había que darle un escarmiento.

La consigna era correr al radicalismo, entramparlos en la negativa de dar sanción definitiva a esas mismas leyes que los radicales de la Cámara baja habían apoyado. Pero el radicalismo se corrió del juego, no sin cierta incomodidad, diciendo que querían tratar todo junto y no dos leyes por separado.

La sesión debía empezar, como tradicionalmente sucede, cerca de las 13, pero esta vez los tiempos se estirarían. Es que los senadores del oficialismo esperaban la lectura de todos los proyectos votados por los radicales en Diputados.

Después de leerlos, no quedaron dudas de que el único tema conflictivo era la alícuota de Ingresos Brutos a la actividad petrolera, que el radicalismo fijó en 5% y que podría reducirse a 3,5% si la empresa comprometía invertir en exploración un monto similar a la rebaja.

El oficialismo pretendía que esa alícuota fuera del 3%, porque era lo que había firmado Francisco Pérez con los otros gobernadores de las provincias productoras de hidrocarburos y la Nación.

Salvo este detalle no menor, no había nada como para preocuparse y así es que los senadores del oficialismo salieron a poner en un brete a sus pares radicales.

El senador oficialista Fernando Simón tomó la batuta diciendo que eran las leyes que el radicalismo había votado. El radical Sergio Moralejo le respondió que la media sanción fue de Diputados y que no era culpa del radicalismo que los legisladores del oficialismo se retiraran del recinto.

Otro radical, Gerardo del Río, fue quien dijo que no aceptarían el convite porque “tenemos la sospecha de que el Ejecutivo no quiere tener Presupuesto” y entonces el oficialismo decidió guardarse hasta el martes próximo.

No faltaron quienes recuerden que el principio del fin en la sesión especial del lunes de los diputados fue el pedido radical de arrancar con el debate del Presupuesto; otros indicaron que el único problema en el Presupuesto es la partida destinada a campañas electorales, porque tampoco hubo un hachazo furibundo a todos los artículos en los que el Ejecutivo pretendía hacerse de autorización a tomar créditos.

De hecho, el ministro de Hacienda, Juan Antonio Gantús, y hasta el propio gobernador Pérez admitían que el único artículo borrado sin miramientos fue el 67, en el que estaba prevista una toma de nueva deuda para capitalizar al Fondo para la Transformación y Crecimiento, a Cuyo Aval y a Mendoza Fiduciaria. 

Es decir, el gran problema es la partida de 40 millones de pesos para financiar las campañas electorales de todos los partidos, tal como lo establece la Ley 8.619 votada por unanimidad en noviembre de 2013. 

Desde hace varios días se escucha en los pasillos legislativos que el problema es el financiamiento de campañas. El radicalismo quiere que la plata para la propaganda salga exclusivamente del Estado; el oficialismo quiere incorporar al aporte estatal el de los privados. 

Hace poco más de un año, todas las fuerzas políticas aprobaban la Ley 8.619 y el peronismo cantaba la marcha en el recinto legislativo festejando la sanción. Hoy las urgencias son otras, particularmente de los intendentes del PJ, los más críticos de esa ley. Lo que temen es que al equipararse el gasto publicitario, varios de los caciques no logren retener sus comunas. 

Cabe señalar que $ 40 millones es el 0,1% del Presupuesto que remitió el Ejecutivo a la Legislatura (40 mil millones de pesos, sin contar organismos autárquicos), prácticamente nada como para generar tanta ira.